El Ecuador vive uno de sus momentos más opacos, envuelto en una profunda crisis económica, social, política y de valores que ha generado un peligroso resquebrajamiento institucional, provocando desazón y desesperanza en un pueblo que mira sin optimismo el futuro y la posibilidad de ver un cambio real que revierta el actual estado de cosas en la lógica de generar bienestar y progreso para la sociedad. Y lo alarmante, en medio de este caos generalizado, es que la gente comienza a normalizar conductas y declaraciones que deberían, por su fondo y forma, ser rechazadas de manera abierta y frontal al poner en entredicho los propios fundamentos de una auténtica democracia.
En esa línea de desaciertos, hace poco, destaca la declaración efectuada por parte de Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, quien, ante una pregunta de los medios de comunicación, dijo: ‘Las reglas de juego son para todos por igual. No hay excepciones. Si alguna situación cambia en el trayecto de este proceso electoral para casos análogos se debe aplicar para todos por igual, no hay excepcionalidades. Lo que vaya a pasar respecto a que, si es reelección o no es reelección, si debe o no pedir permiso, no nos corresponde a nosotros pronunciarnos, pero si es que hubiese algún pronunciamiento se tendría que aplicar para todos los casos’.
Sin duda, se trata, por decir lo menos, de una desafortunada intervención, a propósito de la polémica generada por la licencia sin remuneración que deberá pedir el presidente Daniel Noboa, para realizar campaña electoral para su reelección; pues, este mensaje podría interpretarse, si a un candidato no se le exige el cumplimiento de la ley, entonces no se le exija ese mismo cumplimiento de la norma legal al resto de postulantes dentro de la contienda electoral, a propósito de que las reglas de juego son para todos por igual.
Este razonamiento entra en conflicto con el Art. 93 del Código de la Democracia, en el que, sin espacio a interpretación alguna, señala: ‘…Los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral…’.
Por otra parte, el Art. 7 del mismo cuerpo, prohíbe «…realizar reformas legales en materia electoral que entren en vigencia durante el año anterior a la celebración de elecciones que va a normar…». De ahí que, contrario a lo que dice la señora Atamaint, dentro de un proceso electoral, no puede haber ‘situaciones’ que pudieran cambiar (salvo declaratoria de inconstitucionalidad de una norma que lo afecte), por lo tanto, hay que ceñirse estrictamente al marco legal vigente.
De otro lado, resulta bastante cómodo que la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, ahora trate de mirar a los toros desde lejos y con ello evitar pronunciarse sobre la licencia sin remuneración que debe solicitar el Primer Mandatario. Recordemos que el Art. 219.1 de la Constitución asigna como una de sus funciones al Consejo Nacional Electoral, precisamente, el «…Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los procesos electorales…». Si los cinco consejeros del CNE no pueden pronunciarse sobre un tema que pudiera implicar una eventual inobservancia de la ley, entonces ¿para qué están?
Si el CNE no puede controlar la licitud de los dineros que circulan en las campañas electorales, entonces ¿para qué está? Si el CNE no puede controlar el fraude a la democracia que se comete cuando partidos políticos y movimientos presentan firmas irregulares como muestra de un supuesto respaldo para su registro, ¿para qué está? Si el CNE no puede frenar los actos de campaña anticipada o precampaña electoral, ¿para qué está?
Para hablar de la existencia de una genuina democracia se debe asegurar que los procesos eleccionarios sean lo suficientemente abiertos, competitivos, periódicos y limpios. Esa su principal obligación, señores del CNE.