La competencia para elegir al nuevo fiscal general no se está jugando en las carpetas de méritos, sino en el tablero de ajedrez de Carondelet y el Palacio Legislativo. El proceso para suceder a Diana Salazar ha entrado en una fase donde los puntajes técnicos son apenas el decorado de una tarima que podría desplomarse antes de que termine el año.
El tablero de méritos se consolida tras la puntuación de 50/50 de los aspirantes; tras la calificación de los 28 postulantes blindados en competencia se revelan fortalezas claras y caídas estrepitosas:
Daniella Camacho (48/50 puntos): la jueza de la Corte Nacional de Justicia lidera la tabla. Su ventaja no es solo técnica; su rol concurrente en casos de altísimo voltaje político (como Sinohydro) la posiciona como una figura de peso específico propio, inmune a las novatadas del litigio común.
Inés Romero (47,25 puntos): la magistrada provincial de Pichincha pisa los talones del primer lugar. Representa el ala judicial de carrera que busca capitalizar los errores de forma de la cúpula judicial tradicional.
Carlos Alarcón (46,5 puntos): el actual fiscal general subrogante en funciones (quien asumió tras la salida de Wilson Toainga, subrogante de Diana Salazar) está en el tercer escaño. Alarcón cuenta con el control del aparato operativo de la Fiscalía y maneja expedientes clave.
José de la Gasca (41 puntos): el exministro de Gobierno y otrora carta fuerte del oficialismo de Daniel Noboa sufrió un tropiezo severo al descender a la octava posición. Su carpeta no resistió el escrutinio técnico estricto de la Comisión, lo que debilita la estrategia de Carondelet de asegurar una transición dócil por la vía tradicional, contando con al menos dos comodines entre los mejores puntuados.
La competencia para elegir al nuevo fiscal general no se está jugando en las carpetas de méritos, sino en el tablero de ajedrez de Carondelet y el Palacio Legislativo.
Reducir este concurso a una sumatoria de títulos es un error de analistas aficionados. La fase de méritos representa apenas el 50% de la nota global; restan las impugnaciones ciudadanas, el examen escrito y la simulación de audiencias judiciales en la prueba oral programada para el 17 de octubre de 2026. La verdadera tensión se encuentra en el calendario institucional enfrentado con el hambre de control social.
El concurso avanza con el tiempo justo frente a la renovación parcial del CPCCS, prevista para noviembre de 2026. Cambiar las cabezas del Consejo a mitad del escrutinio final garantizaría la impugnación o la parálisis del proceso; pero el poder político no confía en el resultado de este filtro. La propuesta de reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Noboa busca arrebatarle al CPCCS la facultad de designar autoridades de control para transferirla directamente a la Asamblea Nacional.
Si el referendo prospera, este concurso de 28 aspirantes nacerá muerto o será archivado por la vía del decreto y la enmienda. El temor del Gobierno a perder en ese potencial referendo es muy claro, tanto como el recuerdo del reciente revés en las cuatro preguntas del realizado el domingo 16 de noviembre de 2025. Sin Diana Atamaint en la presidencia, tampoco José Cabrera y la nueva correlación de fuerzas en el CNE son una prometedora certeza.
En el fondo de la carrera por la Fiscalía se encuentra el botín de la persecución penal: la aparente lentitud del CPCCS atravesada por denuncias, y escandalosas polémicas desde el inicio del proceso de selección del nuevo fiscal general, es un reflejo de la parálisis por miedo que define el desempeño del conjunto de instituciones del Estado, y el gelatinoso carácter de líderes de partidos y movimientos políticos; la cautela de cámaras del sector productivo; así como los límites de la prensa y, lo más grave, la deriva de capas sociales sin un liderazgo claro y unificador.
El próximo fiscal general del Estado controlará el monopolio de la acción penal en una nación tomada por el crimen transnacional y la mafia política que actúan en complicidad con las agendas de impunidad partidista. Quien asuma el cargo determinará la supervivencia legal de expresidentes, exministros y candidatos presidenciales, así como de políticos en funciones. La disputa real no es por quién tiene el mejor Ph.D. en Derecho Penal; la pugna de fondo es por definir qué bloque político controlará el centro neurálgico del poder punitivo del Estado y bajo qué reglas de juego se reconfigurará el sistema judicial de los próximos seis años.
En medio del concurso, la muerte de Mónika Silva trasciende a escala internacional
Al día domingo 14 de junio de 2026, la muerte de Mónika Silva, destacada activista social y veedora ciudadana anticorrupción, trasciende las fronteras del país. La llegada de su madre desde Polonia para exigir una nueva autopsia independiente, desnuda el escepticismo sobre la transparencia del Estado fallido que hoy avergüenza a una sociedad tomada por la violencia y la arbitrariedad.
La declaración del ministro del Interior sobre que el hecho habría sido un suicidio, resultó en “el suicidio” de una comunicación oficial pésimamente manejada y apresurada. Para el lunes 15 de junio, se prevé el inicio de una escalada en la presión diplomática y civil. Colectivos de derechos humanos y veedurías ciudadanas articularán plantones exigiendo transparencia radical en los peritajes forenses.
Políticamente, el Ministerio del Interior se verá forzado a recalibrar su narrativa defensiva y basada en “el suicidio”, acorralado por los cuestionamientos de las delegaciones internacionales que vigilan el cumplimiento de los DD.HH. en Ecuador y por el escepticismo de muchos. Durante esta semana el caso se centrará en el debate político.
La Fiscalía General del Estado, que ya abrió una investigación previa de oficio, será el epicentro de la disputa por la credibilidad: o desarticula las redes delictivas locales denunciadas por la activista o confirma la total impunidad que impera en el perfil costanero ecuatoriano. Este suceso reconfigura el mapa de riesgo para los líderes de opinión, periodistas y activistas en Ecuador, evidenciando, una vez más, que el crimen organizado y la mafia política actúan como un solo cuerpo en un entorno cada vez más “disciplinado” a costa de violencia y desinformación.
Muertes, desapariciones, exilio periodístico y desplazamiento forzado
Desde inicios de 2024, en el contexto abierto por la declaratoria del conflicto armado interno, Ecuador ha profundizado un ciclo de violencia estructural que combina homicidios récord, desapariciones persistentes y desplazamientos forzados.
Si se suman los registros oficiales de homicidios intencionales de 2024, 2025 y enero-abril de 2026, el país acumuló 19.027 muertes violentas en ese período: 7.033 en 2024, 9.216 en 2025 -el año más violento de su historia reciente- y 2.778 adicionales en el primer cuatrimestre de 2026, con un promedio que todavía bordea los 23 asesinatos diarios.
Esa magnitud confirma que la militarización no ha desmontado la letalidad del conflicto criminal, sino que convive con ella. En ese marco de miedo, el periodismo de investigación se volvió una actividad de alto riesgo. RSF y la Fundación Periodistas Sin Cadenas han documentado al menos 19 periodistas ecuatorianos forzados al exilio desde 2023. Al mismo tiempo, el desplazamiento dejó de ser un fenómeno marginal: ACNUR reportó que al cierre de 2025 más de 103.000 ecuatorianos tenían solicitudes de asilo pendientes en el exterior, mientras la Defensoría del Pueblo estimó más de 315.000 desplazados internos entre 2022 y 2024.
En desapariciones, las estadísticas son escalofriantes -esta vez no las mencionaremos, pero están fácilmente al alcance de quien quiera indagar; las fuentes son públicas-. Las provincias con mayor peso en esa incidencia son Guayas, Pichincha, Manabí, Esmeraldas y Los Ríos. En paralelo, la comunidad internacional ha puesto el foco en un problema más grave: la desaparición forzada.
Más que un episodio pasajero de inseguridad, lo que emerge es un país donde la violencia reorganiza el territorio, silencia voces, expulsa población y erosiona la confianza básica en la protección estatal para la vida. No es un problema periférico, sino la expresión de una represión judicialmente acreditada y políticamente imposible de minimizar.
En paralelo, comienza a consolidarse una economía adaptada a la nueva normalidad de la violencia, donde la excepcionalidad permanente y la impunidad conviven con una agenda política atravesada por crecientes zonas de opacidad en torno a iniciativas, concesiones y acuerdos de inversión nacionales e internacionales y el impacto causado por el absurdo conflicto arancelario con Colombia.
Bajo este escenario, recursos estratégicos y comunidades locales quedan expuestos a decisiones adoptadas con escasa deliberación pública, mientras la expansión de la desigualdad amplía las brechas territoriales y sectoriales. La inseguridad y la incertidumbre regulatoria no solo elevan los costos de producción y financiamiento, sino que erosionan la capacidad de pequeños y medianos comerciantes, industriales, agricultores y emprendedores para competir y generar empleo.
Así, la violencia deja de ser únicamente un problema de seguridad para convertirse en un factor de reorganización económica y de redistribución asimétrica del poder y las oportunidades. La espuma de la cerveza -sin Impuesto a los Consumos Especiales mientras dura el mundial de fútbol- no basta para ocultarlo.