Las victorias del Sí en las consultas populares sobre el Yasuní y el Chocó Andino no son, para nada, episódicas o casuales. Tampoco son, solamente, frutos de las buenas campañas orquestadas por quienes promovieron la protección de esos espacios naturales o de las malas campañas de quienes ansiaban que se exploten en ellos petróleo o minería.
Por lo contrario, son productos de un proceso significativo de toma de conciencia y manifestación de voluntad por parte del pueblo ecuatoriano, por emprender una búsqueda de nuevos derroteros en sus procesos de desarrollo, acorde al cuidado que la Naturaleza merece.
Podemos identificar como el primer hito de ese proceso a la aprobación en referéndum de la Constitución de Montecristi, en 2008. Habiendo transcurrido ya quince años de vigencia de la Constitución, mucho se podrá decir del diseño institucional que planteó, pero si hubo algo realmente novedoso que aportó al constitucionalismo ecuatoriano, fue el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza. Concebir a la Naturaleza como sujeta de derechos constitucionales implicó un cambio de perspectiva respecto a la relación del ser humano con el ambiente, del antropocentrismo al ecocentrismo. Pese a la radicalidad de la propuesta, del escepticismo y hostilidad que mostraron hacia ella sectores interesados con el extractivismo, la Constitución fue aprobada por un 63,93% de los votantes.
Los derechos de la Naturaleza han ido y siguen siendo asimilados de a poco en el convivir nacional. Hasta hoy ha habido 64 casos judicializados de violación de derechos de la Naturaleza, de los cuales 30 han sido resueltos por la Corte Constitucional.
En varios de ellos ha sentado interesantes precedentes sobre su contenido y alcance, en relación, precisamente, a minería y petróleo, entre otras actividades de riesgo ambiental.
Por otro lado, el 4 de febrero de 2018 se llevó a cabo un plebiscito en el que, entre otros temas, se consultó al electorado si estaba de acuerdo con enmendar la Constitución para que se prohíba la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles, y centros urbanos, habiéndose pronunciado un 68,62% por el sí.
En la misma línea, el 24 de marzo de 2019 se realizó una consulta popular en el cantón Girón, provincia del Azuay, sobre la explotación minera en en el sector conocido como Quimsacocha, donde se protendía ejecutar el proyecto minero Loma Larga. Al electorado se le preguntó ¿Está usted de acuerdo con que se realicen actividades mineras en los páramos o fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsacocha?El 86,79 % de los electores dijo que no.
Es evidente que el electorado ecuatoriano, mayoritariamente conformado por personas jóvenes, se ha pronuniciado y seguirá pronunciándose en favor de eliminar actividades que agreden a la Naturaleza, aunque esa eliminación implique costos económicos. Esto es importante porque muestra que, en medio de una grave crisis, el país clama por cambios definitivos en la conducción económica. Ni la actividad petrolera ni la actividad minera son vistas como alternativas reales de desarrollo.
Desacatar el pronunciamiento mayoritario del pueblo en las consultas del Yasuní y del Chocó Andino no solo sería jugar por fuera del margen democrático sino que constituye un error histórico,porque todo lo que se hace contra la voluntad expresa del pueblo solo puede traer conflicto, dolor y sangre.