Desde la presentación de El Modelo del Buen Vivir a la Asamblea Constituyente de Montecristi- Manabi de 2008, este no ha sido nada más que una nefasta plataforma política en toda América Latina, la cual se inició mediante el proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior a través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) el 26 de agosto de 2009, en Quito.
Este Plan Nacional propuso por medio del cambio de la matriz productiva un conocimiento académico sesgado y apostó por una investigación sin la tecnología y materiales apropiados. Todo esto amparado en las enmiendas de la Constituyente, la cual se facultó de poderes plenos en la Constitución de la República, para efectuar un nuevo marco conceptual e institucional para el desarrollo de la educación.
“El argumento fundamental del gobierno, es impulsar un proceso de fortalecimiento en el sistema de educación superior para construir instituciones de excelencia y alta calidad educativa, acordes con los desafíos del sumak kawsay o del buen vivir”. Esta retórica de la década de los 90, se basó en el concepto del Sumak Kawsay o en la búsqueda del “bien común”, por su responsabilidad social a partir de su relación con la naturaleza y el freno a la acumulación sin fin, que surge como alternativa al desarrollo tradicional, de finales del siglo XX en Ecuador y Bolivia.
En la fundamentación de Alberto Acosta se suscribe qué “el ‘buen vivir’ nace de la experiencia de vida colectiva de los pueblos y nacionalidades indígenas. Busca la relación armoniosa entre los seres humanos y de estos con la Naturaleza… Es un elemento fundamental para pensar una sociedad diferente, una sociedad que rescate los saberes y la tecnologías populares, la forma solidaria de organizarse, de dar respuesta propia…”.
Pero el artífice de toda esta revolución educativa fue René Ramírez, precursor del modelo ecuatoriano del ‘buen vivir’, y que en su argumento principal centra la búsqueda de la felicidad como eje empírico en lo social y académico. Hoy es ampliamente cuestionado por ser el impulsor de la Ley de Educación Superior (LOES). Esta fue creada para dar paso al ‘buen vivir’ en la comunidad universitaria y para dar realización al ser humano de manera colectiva con una vida armónica sustentada en valores éticos, frente al modelo de desarrollo basado en un enfoque economicista como productor de bienes de valores monetarios.
Pero lo que pocos conocen de la Senplades, es que es la encargada de coordinar al Sistema Gratuito de Gestión de Datos (Sniese), pues facilita el monitoreo de la oferta académica de todas las instituciones de educación superior para los estudiantes y padres de familia.
Y a su vez el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces), debido a su injerencia directa en las universidades, ha ocasionado graves problemas en regresión de derechos, lo que ha perjudicado a miles de estudiantes por cupos en las universidades de la red pública y también por haber obstaculizado procesos académicos: admisión de matrículas, malla curricular, acreditación de carrera, convalidación de materias y refrendación de títulos.
Según el mecanismo impuesto, el Consejo de Educación Superior (CES) emite un informe aprobatorio o de contingencia basado en los requisitos que necesitan las universidades para funcionar y su categorización; esta compilación es hecha por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).
Este sistema no ha protegido derechos, sino que ocasionó fraudes en la oferta de grados académicos de entidades públicas y privadas, debido a intereses particulares de autoridades mercantilistas.