Siempre he desconfiado de los candidatos y candidatas que se autoproclaman «apolíticos», porque ninguna candidatura que aspire a ejercer el poder puede situarse al margen de la política. Quien pretende gobernar, legislar o administrar lo público necesariamente tiene una concepción del poder, intereses, alianzas, prioridades y una determinada visión de la sociedad. Sin embargo, en algunos casos, estos elementos forman parte de agendas que los ciudadanos no conocemos con suficiente claridad porque, desde la lógica de ciertas candidaturas, resulta mucho más sencillo apelar al «apoliticismo» como una identidad discursiva contraria a los partidos tradicionales para movilizar al electorado o, incluso, buscar en periodistas y medios a sus antagonistas, antes que explicar con claridad cuáles son los ejes de sus planes de trabajo, qué intereses representan y cómo pretenden convertir sus propuestas en políticas públicas viables. De ahí que la etiqueta de «apolítico» no debería convertirse en un mecanismo para eludir el debate sobre las posiciones, los vínculos y las decisiones de quienes aspiran a ejercer el poder.
Por eso, a sesenta días de acudir a las urnas para elegir autoridades locales, así como a los nuevos consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los ciudadanos no podemos limitarnos a escuchar discursos cuidadosamente elaborados ni dejarnos seducir por los arquetipos de marca de candidatos construidos como “personajes” para la mediatización del espectáculo y la híperdigitalidad de las redes sociales. También resulta necesario observar cómo reaccionan quienes aspiran a representarnos cuando son interpelados sobre su transparencia, la viabilidad de sus propuestas y la coherencia entre sus palabras y sus actuaciones. Al fin y al cabo, es bajo la presión del escrutinio público —cuando desaparece el guion y las respuestas ya no pueden ser previamente calculadas— cuando emergen rasgos, criterios y formas de entender el ejercicio del poder que difícilmente se revelan en entrevistas pactadas con amigos o compradas por la pauta.
La inteligencia emocional también merece formar parte de la conversación democrática de estas Elecciones Seccionales y del CPCCS. No se trata de exigir candidatos dóciles ni incapaces de confrontar ideas, sino, precisamente, de observar si pueden responder con argumentos, elocuencia y respeto cuando sus posiciones son cuestionadas. Por ello, cabe preguntarse: ¿qué ocurre cuando el candidato de las redes sociales, cuidadosamente construido para proyectar una determinada imagen, se encuentra frente a la interpelación de periodistas, ciudadanos o adversarios? ¿Mantiene la misma actitud que muestra en sus videos o emerge otra personalidad cuando debe responder bajo presión y frente a preguntas incómodas? Consecuentemente, antes de entregar nuestro voto, los ciudadanos tenemos que observar esa distancia entre el personaje que cada candidato construye y el comportamiento que exhibe cuando es interpelado, sobre todo cuando revela incapacidad para gestionar la discrepancia, autoritarismo o, peor aún, cobardía moral.
Por ello, las tensiones propias de una campaña pueden funcionar como una radiografía política para distinguir entre quienes comprenden que ejercer el poder implica rendir cuentas ante ciudadanos libres y quienes, incluso antes de ganar una elección, parecen asumir que ya son dueños de la verdad, ensordecidos por su propio troll center y atrapados en un microclima de opinión que solo les devuelve aquello que quieren escuchar.