Las violentas protestas en Italia, especialmente en el centro histórico de Milán, del pasado del cuarto fin de semana de octubre, fueron convocadas contra el alto costo de la vida, el aumento de los alquileres, la falta de vivienda y la precariedad laboral. Esas protestas se convirtieron en una “guerrilla urbana” violenta, como la bautizaron los medios locales y el Gobierno de Giorgia Meloni, por los ataques, los daños a los negocios, los saqueos y los robos que ocasionaron pérdidas por más de un millón de dólares, solo en la capital económica del país, según la Confederación General de la Industria Italiana (Cofindustria). Además, dejaron 271 arrestados, 220 son menores de edad que no pertenecían a movimientos ni a grupos políticos.
El Gobierno firmó un decreto antiviolencia que considera a los menores de 14 a 18 años que participen en este tipo de manifestaciones como imputables porque tienen capacidad de entender y querer. También aumenta la prisión de dos a cinco años por desórdenes en la vía pública o la prohibición de desplazarse y de reunirse en grupos con comportamientos intimidatorios.
Plan V conversó con el PhD en Sociología, máster en Estudios Laborales y licenciado en Ciencias Políticas, Nazareno Panichella. Es catedrático de Sociología Económica de la Universidad de los Estudios de Milán, editor asociado de la Revista Sociológica Europea. Sus investigaciones se enfocan inmigración, dinámicas del mercado laboral, movilidad social y desigualdad de oportunidades educativas.
Las protestas en Milán fueron especialmente violentas. ¿Cuál es la explicación de este fenómeno?
Las explicaciones son múltiples y es difícil encontrar una específica. Seguramente hay problemas y cuestiones sociales que merecen ser reconocidos. Ante este tipo de factores, como puede suceder cuando hay una gran movilización, también pudo haber oportunismo y, por lo tanto, las reivindicaciones pueden adoptar formas diversas.
Tendería a no leer este tipo de manifestación con esa dicotomía de derecha o izquierda. Porque es algo transversal en la sociedad, así que no es necesariamente una oposición a un gobierno específico.
Un contexto económico de fondo, en Italia hay 5,4 millones de personas en pobreza absoluta y una tasa de desempleo juvenil del 18,4 %. ¿Esto puede explicar lo que ha ocurrido?
Puede explicarlo en parte, porque en realidad, desde el punto de vista sociológico, lo que efectivamente lleva a las personas a la calle no es tanto el dato absoluto, sino más bien una especie de frustración relativa frente a un grupo social al que se aspira pertenecer o frente a modelos de consumo, estilos de vida, que se proponen en el debate público y en la vida civil.
He leído hipótesis que hablan de una intervención rusa, ¿usted qué piensa?
Este tipo de manifestaciones y eventos siempre tienen un trasfondo político, pero hablar de direcciones o coordinaciones de este tipo, sin pruebas empíricas claras, creo yo, que obliga a dejar estas cuestiones fuera del discurso y del debate.
Usted dice que estos acontecimientos tienen una explicación política, ¿cuál es en este caso?
Desde este punto de vista, un factor muy importante es la dificultad que tiene la política y el debate público, para interpretar ciertos sentimientos de frustración en la sociedad, o incluso formas de desigualdad que pueden estar en la base de comportamientos que luego desembocan en actos violentos que, naturalmente, hay que condenar. Sin embargo, creo que el mensaje político de fondo se puede leer desde esta perspectiva: cómo la frustración de ciertos grupos sociales frente a modelos a los que tienden y desearían aspirar.
¿Pero si es un tema político está relacionado con la derecha o la izquierda como se lee en los medios italianos?
Tendería a no leer este tipo de manifestación con esa dicotomía de derecha o izquierda. Porque es algo transversal en la sociedad, así que no es necesariamente una oposición a un gobierno específico. La manifestación adoptó formas muy heterogéneas y ese tipo de reivindicaciones no estaban tan presentes.
El debate en este país es si se trata de una explosión social con causas económicas y de exclusión, o de un simple vandalismo juvenil sin contenido político. ¿Usted cree que es así?
Son dos cosas que van unidas. Es decir, el vandalismo juvenil —si lo queremos definir de este modo— puede leerse e interpretarse igualmente bajo la influencia de un sentimiento de exclusión y de frustración. En realidad, son dos aspectos que pueden interpretarse de la misma manera, como parte de una misma dinámica.
Si las protestas nacen contra el alto costo de la vida y por la invisibilidad de los manifestantes ante el Gobierno y el Estado, ¿por qué saquear tiendas y robar? ¿Parece una contradicción o no?
En parte lo es, pero este tipo de manifestaciones —especialmente cuando el activismo está tan poco institucionalizado, porque se trata de personas que en su mayoría no pertenecen a asociaciones o a grupos formales— pueden tomar formas diversas e inesperadas, en las cuales se suman comportamientos oportunistas. Existe la posibilidad de que se den acciones que contradicen el sentido original de la protesta.
Las segundas generaciones son un grupo extremadamente heterogéneo dentro de la población italiana, caracterizado por condiciones económicas, trayectorias escolares y oportunidades sociales muy diversas.
He leído en la prensa italiana que los analistas aún tienen dificultades para descifrar este fenómeno. ¿Es realmente así?
Sí, es un fenómeno difícil de descifrar, sobre todo porque es nuevo. Me refiero en particular a la cuestión de las segundas generaciones, es decir, de hijos de inmigrantes que nacieron en Italia o que llegaron con ellos cuando eran pequeños. Ahora bien, sobre esto quiero ser muy claro: no es una protesta exclusivamente de las segundas generaciones, pero es evidente que hay una cierta presencia de ellas. Es un fenómeno relativamente nuevo en Italia, porque tradicionalmente ha sido un país de emigración y solo desde hace un par de décadas nos hemos convertido en un país de inmigración. Por lo tanto, la consolidación de las segundas generaciones en la sociedad italiana es un fenómeno reciente que necesita ser comprendido, asimilado y gestionado.
Los periódicos hablan de la participación de jóvenes italianos de segunda generación, hijos de migrantes, en estas manifestaciones.
Sería un error interpretar su eventual participación como una consecuencia automática de su origen migratorio. Las segundas generaciones son un grupo extremadamente heterogéneo dentro de la población italiana, caracterizado por condiciones económicas, trayectorias escolares y oportunidades sociales muy diversas. Al mismo tiempo, la investigación sociológica demuestra que los hijos de inmigrantes pueden enfrentar obstáculos específicos en sus procesos de integración y movilidad social. Son jóvenes criados en Italia que comparten con sus coetáneos italianos las mismas expectativas y aspiraciones, pero que pueden experimentar formas de discriminación o de falta de reconocimiento social.
Por lo tanto, la cuestión sociológicamente relevante no es el origen migratorio en sí mismo, sino la relación entre las aspiraciones, las oportunidades sociales y el reconocimiento.
Según el Corriere della Sera, se han producido 271 arrestos y 220 son menores de edad que no pertenecían a movimientos ni a grupos políticos. ¿Por qué motivo salieron a las calles provocando daños de tal magnitud?
Es un fenómeno poco interpretable con las claves de lectura tradicionales. En este tipo de protestas pueden darse también comportamientos de imitación no estructurados que desembocan en actos de violencia.
¿Lo ocurrido en Italia se parece a lo que ha vivido Francia en las dos últimas semanas? ¿Podríamos hablar de un fenómeno de emulación o no?
Hablar específicamente de emulación, no sabría decirlo. Lo que sí hay con certeza es un contagio, porque son eventos que han ocurrido de forma simultánea en ciudades que comparten problemáticas comunes. Desde este punto de vista, Milán se está aproximando mucho a un modelo que probablemente París conoce desde hace más tiempo.
La cuestión fundamental no es únicamente establecer si un adolescente debe ser castigado, sino entender qué tipo de intervención PUEDE evitar que vuelva a cometer delitos.
Este martes, el Gobierno anunció un decreto antiviolencia que establece, por ejemplo, que los menores de 14 a 18 años son imputables porque tienen capacidad de entender y querer. ¿Está usted de acuerdo con esta medida?
Creo que es necesario distinguir la responsabilidad individual de la función que atribuimos a la pena. Es justo que también un menor responda por sus propias acciones, sobre todo cuando estas provocan daños a otras personas. Sin embargo, debemos considerar que la adolescencia es una fase particular de la trayectoria vital, en la cual los comportamientos están fuertemente influidos por las relaciones con sus coetáneos, el contexto familiar y social, y los procesos de construcción de la identidad.
La cuestión fundamental, por lo tanto, no es únicamente establecer si un adolescente debe ser castigado, sino entender qué tipo de intervención tiene mayores probabilidades de evitar que vuelva a cometer delitos. La evidencia científica invita a no considerar automáticamente las sanciones más severas como las más eficaces.
El decreto, además, señala la detención inmediata por devastación y saqueo en flagrancia o demostrable a través de un video. ¿Qué le parece?
Hay que distinguir la posibilidad de identificar y detener a los responsables de un delito de las garantías que deben acompañar a cualquier procedimiento judicial.
El uso de imágenes y grabaciones de video puede representar una herramienta importante para identificar a las personas que han cometido actos de violencia. En principio, no veo una contradicción entre esta herramienta y la protección de los derechos; el problema se refiere más bien a las modalidades con las que se utiliza.
Las imágenes deben permitir una identificación fiable y deben evaluarse en su contexto. Además, una detención no equivale a una condena y siempre se deben garantizar el derecho a la defensa, el control de la autoridad judicial y la presunción de inocencia.
Se debe prestar especial atención a los menores. Los convenios internacionales reconocen la especificidad de su condición y establecen que la privación de libertad debe ser el último recurso.
Desde el punto de vista sociológico, ¿qué significa esa respuesta institucional?
La eficacia de una respuesta institucional no depende de su severidad, sino también de su legitimidad. Si la intervención de las instituciones se percibe como arbitraria o indiscriminada, corre el riesgo de agravar la desconfianza hacia ellas. Por el contrario, una respuesta oportuna, proporcionada y respetuosa de las garantías individuales puede reforzar la confianza en las instituciones.
Otro tema del decreto señala la prohibición de desplazarse y de reunirse en grupos con comportamientos intimidatorios. ¿Esto puede limitar algunas libertades individuales? ¿Qué opina usted?
Cierto, estas medidas pueden incidir en las libertades individuales, en particular sobre la libertad de movimiento y el derecho de reunión. Sin embargo, se trata de derechos que pueden ser sometidos a limitaciones cuando existen exigencias concretas de protección de la seguridad pública.
La cuestión central es encontrar un equilibrio entre seguridad y libertad. Impedir comportamientos violentos o intimidatorios es un objetivo legítimo, pero hay que evitar que las medidas preventivas acaben perjudicando también a personas que no han cometido ningún delito. Es particularmente importante que estas medidas se basen en comportamientos individuales concretamente comprobados y no en la simple pertenencia a un grupo o en la presencia en determinados lugares.
¿Están considerando a los jóvenes como una amenaza potencial?
Frecuentar espacios públicos, reunirse en grupo y construir relaciones con los pares son aspectos fundamentales de los procesos de socialización. No podemos considerar a un grupo de jóvenes como una amenaza potencial solo porque ocupa un espacio público o manifiesta comportamientos percibidos como inusuales.
Existe también el riesgo de que las intervenciones indiscriminadas alimenten formas de estigmatización, especialmente hacia los jóvenes que viven en contextos socialmente desfavorecidos o que pertenecen a minorías.
La investigación sociológica y criminológica demuestra que la capacidad disuasoria de las sanciones depende sobre todo de la probabilidad percibida de ser identificado y llamado a responder por las propias acciones.
También aumenta la prisión de dos a cinco años por desórdenes en la vía pública. ¿Cree que esto detendrá las protestas de este tipo?
No creo que el endurecimiento de las penas sea, por sí solo, suficiente para impedir que se repitan episodios como los ocurridos en Milán.
La investigación sociológica y criminológica demuestra que la capacidad disuasoria de las sanciones depende sobre todo de la probabilidad percibida de ser identificado y llamado a responder por las propias acciones, más que de la severidad de la pena prevista.
Esto significa que la eficacia de la intervención pública depende también de la capacidad de las instituciones para prevenir las situaciones de violencia, identificar a los responsables y aplicar las sanciones de manera creíble y proporcionada. Debemos considerar además las características de los comportamientos que queremos prevenir. Muchos episodios de violencia colectiva se desarrollan en situaciones caracterizadas por una fuerte influencia del grupo, emociones intensas y decisiones impulsivas. En estas circunstancias, es difícil imaginar que los participantes evalúen racionalmente la diferencia entre una pena de dos, tres o cinco años de prisión.
Pero las sanciones son necesarias para afrontar la violencia colectiva.
Esto no significa que las sanciones sean inútiles. Significa que no podemos esperar que representen, por sí solas, una solución al problema. Si queremos reducir el riesgo de nuevos estallidos de violencia, debemos intervenir también en las condiciones sociales que pueden alimentar el descontento, en las oportunidades educativas y laborales de los jóvenes, y en la relación de confianza entre los ciudadanos y las instituciones.
La movilización se convocó a través de TikTok, atrajo sobre todo a los jóvenes. ¿Las redes sociales son suficientes por sí solas para desencadenar protestas de esta magnitud?
Las redes sociales han transformado profundamente las dinámicas de la movilización colectiva. Permiten convocar con rapidez a miles de personas, reduciendo la necesidad de contar con organizaciones estructuradas, liderazgos reconocidos y pertenencias políticas compartidas.
Sin embargo, las redes sociales representan una herramienta de movilización y coordinación. No constituyen, por sí solas, una explicación de los motivos por los cuales determinadas personas deciden participar.