Nuevamente fue apresada Luisa González, uno de los cuadros de la Revolución Ciudadana y, mientras esto ocurre, el gobierno promociona con bombos y platillos la denuncia del concejal de derechas, Michael Aulestia, sobre una supuesta entrega de contratos en una empresa municipal. Mientras muestran las fotos de González custodiada por un par de uniformados, el hombre orquesta del gobierno, junto a dos jóvenes que no articulan ideas sin ayuda del teleprompter, da su discurso simplón y sentencioso, propagandiza la denuncia del concejal y, sin siquiera sonrojarse, asevera que el gobierno cuida el dinero de los ecuatorianos. El multipropósitos Neira cree que el Ecuador olvidó los 90 millones escamoteados al SRI por el Grupo Noboa y los 100 millones perdidos en el caso Progen.
La prisión de Luisa y la denuncia del edil son otra leguleyada gubernamental para atacar a sus opositores políticos. Son patadas de ahogado ante los pésimos números que tienen los candidatos de ADN faltando un mes para las elecciones seccionales. Noboa usa el aparataje estatal para hacerse, como sea, con las principales dignidades seccionales. Tiene contralor y fiscal de bolsillo que satisfacen sus caprichos, un obsecuente Tribunal Contencioso Electoral y un CNE con nuevo presidente, pero con el mismo servilismo. Tiene, además, en la Asamblea Nacional una mayoría legislativa que propone leyes para destruir pruebas, que no se ciñe a sus competencias constitucionales y que impide procesos de fiscalización a funcionarios gubernamentales. En esta y en fiscalía se investiga a los cuadros técnicos, mientras quedan exentos de responsabilidad los ministros responsables del caso PROGEN. Por si acaso, ya están en el extranjero dos exministros implicados, amigos del presidente y otro de ellos sigue en la función pública sin despeinarse. Es que están protegidos por una camarilla legislativa formada por los levantamanos del partido morado, y por los comprados, extorsionados y abiertamente traidores a las tiendas que los promovieron, entre ellos los 4 ex Pachakutit que votan a todo lo que les pida el gobierno.
Se han apresado opositores, como Aquiles Álvarez. Se ha proscrito la participación de partidos, como la RC y a otros actores se les ha impedido postularse a la reelección, tal es el caso del alcalde de Cuenca. Pabel Muñoz sigue liderando las intenciones de voto, en Quito y por ello buscan argucias para impedir su reelección. No quieren perfeccionar la administración de la ciudad, eso poco les importa. Cuando el alcalde Muñoz dijo que quería mejorar el Estadio Olímpico Atahualpa, salió apresurado el presidente Noboa a decir que esa obra la haría el gobierno nacional. Un año después, no pasa nada… Cuando el alcalde propuso intervenir las vetustas instalaciones de ex colegio Simón Bolívar para readecuarlas, el gobierno nacional dijo que ese plantel está bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación y ahí sigue, año y medio después, abandonado y deteriorándose. El gobierno actúa como el perro del hortelano: ni come, ni deja comer. Ni hace obra, ni deja hacer. El contrapunto gubernamental rayó el ridículo, cuando la alcaldía anunció la continuidad del Metro hacia la Ofelia y Calderón y de inmediato Noboa dijo que él tenía una vía más rápida hacia el destino final, sin tomar en cuenta la lógica elemental de un Metro.
No hay ganas de mejorar servicios públicos, ni de realmente fiscalizar. Es la angurria de Noboa por controlarlo todo. Michel Foucault ya nos dijo que el afán del que ejerce el poder es precisamente buscar ganar los resquicios que no controla.
Sólo los más ingenuos o los fanáticos noboistas creen que los procesos contra Luisa González o la investigación en la alcaldía de Quito son acciones anticorrupción. No se necesita ser muy lúcido para darse cuenta, que además de ser desleales maniobras políticas, son señuelos. Tal como el botox que el presidente se coloca en las mejillas, estas acciones son artimañas para evitar que se crezca el descontento con los apagones que ocurren en todo el país.