La detención y posterior prisión preventiva de Luisa González, excandidata presidencial y dirigente de la Revolución Ciudadana, a 38 días de las elecciones seccionales, en el marco del denominado caso Laverinto, una investigación, inicialmente abierta por presunta concusión y posteriormente reorientada hacia un supuesto delito de lavado de activos relacionado con el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, tiene implicaciones que trascienden el ámbito jurídico y alcanzan las dimensiones comunicacional, político-simbólica y electoral, con repercusiones para la democracia.
En el plano comunicacional, el Gobierno parece actuar bajo los principios de la teoría de la fijación de la agenda (Agenda Setting), conceptualizada por el politólogo Bernard Cohen en The Press and Foreign Policy (1963) y desarrollada empíricamente por los investigadores Maxwell McCombs y Donald Shaw en su trabajo de 1972 (y condensada más tarde por McCombs en Setting the Agenda). La premisa central plantea que los medios de comunicación y los actores políticos no logran imponer a la ciudadanía qué pensar, pero ejercen un control formidable al dictar sobre qué pensar, al transferir la relevancia de ciertos temas a la opinión pública. Solo así se explica que, sin resolver los problemas que agobian a los ecuatorianos —como los apagones, la crisis del sistema de salud, la inseguridad o la corrupción—, ni presentar siquiera un bosquejo planificado de soluciones, el oficialismo consiguió desplazar el foco de atención hacia un acontecimiento judicial de alto impacto que ocupa buena parte de la discusión en redes sociales y medios de comunicación. De este modo, la opinión pública cambió de dirección y las urgencias nacionales perdieron centralidad. El efecto político es evidente, más aún cuando la acción judicial y la narrativa comunicacional de la Fiscalía General del Estado responden al diseño propagandístico de un pasquín digital.
Esta disputa por la atención pública conduce a una segunda dimensión: la simbólica. Como sostiene Murray Edelman en The Symbolic Uses of Politics (1964), los símbolos políticos moldean las percepciones ciudadanas y contribuyen a legitimar relaciones de poder. Desde esta perspectiva, la detención de González, a semejanza de anteriores episodios judiciales que involucraron a figuras clave del correísmo, como Jorge Glas o José Serrano, adquiere la categoría de trofeo político. Es más, su impacto intenta cumplir con un doble propósito: por un lado, proyectar señales de advertencia a eventuales competidores de cara a las elecciones presidenciales de 2029, especialmente si la actuación de los organismos de control se percibe como un mecanismo de persecución contra adversarios con posibilidades reales de disputar el poder. Una circunstancia que obliga a preguntarse: si hoy fue Luisa González, ¿mañana quién?
Por otro lado, este caso podría servir para reagrupar a los electores anticorreístas moderados y fanatizados, carentes por igual de liderazgo propio, cuyo punto de convergencia es una compartida vocación de rechazo a Rafael Correa que funciona como un elemento de cohesión que, en algunos casos, deriva hacia posiciones de ultraderecha alimentadas por una sed de venganza personal, amplificada tanto por la pauta oficial, como por la red de medios comprados en condiciones opacas que forman el nuevo estado de propaganda del Presidente Daniel Noboa.
Así, en medio de unas elecciones seccionales atípicas por la incidencia de la justicia penal y la discrecionalidad de la Función Electoral, el oficialismo administra la expectativa del votante anticorreísta reavivando su obsesión por ver a Rafael Correa pudriéndose en la cárcel al igual que algunos de sus excolaboradores o siendo capturado para que haga compañía a Nicolás Maduro y sea enjuiciado en Estados Unidos. No obstante, el problema radica en el precio que algunos están dispuestos a pagar para satisfacer su sed de revancha: minimizar u ocultar la corrupción, tolerar la ineficiencia, sacrificar sus libertades en nombre de una seguridad que no se materializa y, justificar la deriva autoritaria del régimen. En definitiva, socapar los abusos, negligencias y desaciertos de hoy a cambio de una promesa: la cabeza de Correa, aun cuando ello implique dilapidar los principios democráticos que antes decían defender.
Pero ¿qué ocurre cuando esta lógica de revancha trasciende el terreno simbólico para acentuarse en la arena electoral? La detención y la prisión preventiva de Luisa González, el no otorgarle una medida cautelar alternativa pese a ser madre de un menor de edad y el no concederle grillete electrónico aduciendo que «gente de su entorno político se lo ha sacado”, en un escenario marcado por la exclusión de la candidata correísta a la Prefectura de Manabí y la proscripción de su organización política de todo tipo de competencia electoral; podrían reforzar entre sus simpatizantes el argumento de la persecución política al convertir el conflicto judicial en un factor de movilización a favor del voto nulo, estrategia impulsada por el expresidente Rafael Correa en Manabí. La cuestión de fondo es si ese malestar permanecerá circunscrito al electorado correísta o si logrará trascender sus bases y transformarse en una corriente de rechazo más amplia al Gobierno de Daniel Noboa, que no solo estimule el voto nulo en Manabí, sino que también genere apoyo electoral hacia los candidatos correístas que se encuentran dispersos por todo el país, entre movimientos locales y partidos nacionales.
Sin embargo, esa posibilidad enfrenta un obstáculo importante: el rechazo que todavía generan Luisa González, Rafael Correa y la Revolución Ciudadana en un sector significativo de la población. Esta resistencia podría limitar la capacidad del correísmo para convertir el argumento de la persecución política en una expresión de protesta electoral más amplia que la que puede ofrecer la unidad de las izquierdas.
El desafío, por tanto, no consiste únicamente en movilizar a sus propias bases, sino en lograr que el rechazo a las decisiones judiciales y electorales trascienda las fronteras del anticorreísmo y se traduzca en votos de rechazo al régimen. Para ello, debe desplazar el debate de un conflicto percibido como doméstico, personal o partidario hacia el escrutinio internacional de un problema más profundo: el deterioro de los valores y principios democráticos en Ecuador. Pero este desafío también exige coherencia del lado correísta: no se puede seguir calificando de “tibios” o “traidores” a quienes, pese a cuestionar al Gobierno de Noboa, se niegan a convertir la solidaridad en un gesto de obediencia o en una adhesión incondicional a Rafael Correa, porque eso los condenará al aislamiento.
[1] Magíster en Estudios Latinoamericanos, mención Política y Cultura. Licenciado en Comunicación Social. Analista político, experto electoral.