El artículo del Dr. Felipe Rodríguez, publicado en Primicias el 22 de octubre describe con precisión fenomenológica de lo que ocurre en la Agencia Nacional de Tránsito: la ausencia de placas, la eliminación de turnos en línea, las filas desde las cuatro de la mañana, el retorno de los tramitadores, la humillación cotidiana del ciudadano que solo quiere matricular un auto o renovar una licencia. Ese diagnóstico sensible es correcto. El síntoma es real. Pero un síntoma no es un diagnóstico. Y el artículo confunde ambos.
Felipe Rodríguez atribuye la crisis a un “grupillo de funcionarios públicos que deberían estar limpiando retretes comunales”, a “simios”, a “homo erectus”, a “cabezas huecas”. Esta no es una categoría analítica, es una categoría moral. Y las categorías morales, en la ciencia social, tienen una función precisa: individualizar problemas estructurales. Si la causa son las personas, la solución es reemplazarlas. Si se reemplazan, el problema se resuelve. La estructura queda intacta.
Ese es el primer error del artículo: confunde la causa con el agente. Los funcionarios de la ANT no son la causa del colapso, son su síntoma visible. La causa es otra. Y al no nombrarla, el artículo la protege.
Hay otro dato que el artículo no menciona y cuya ausencia es sintomática. La ANT genera ingresos. No es una institución deficitaria. Cobra tasas por matrícula, por licencias, por trámites y por multas. Sus ingresos corrientes superan los recursos que se le asignan para operar. Es decir, la ANT no colapsa porque no tenga dinero; colapsa porque el dinero que genera no retorna a la ANT en la proporción necesaria.
La evidencia disponible, aunque fragmentaria por la opacidad presupuestaria, es elocuente. En 2022, el entonces director de la ANT, Adrián Castro, (ahora asambleista de ADN) declaró que el sistema de licencias requerido “supera los 70 millones” mientras que “la ANT tiene un presupuesto de apenas 19 millones, que cubre gran parte del gasto corriente y gastos de inversión; por lo tanto, es imposible cubrir como país la nueva tecnología”. Cuatro años después, la crisis de placas y turnos confirma que esa brecha nunca se cerró.
Hay otro dato que el artículo no menciona y cuya ausencia es sintomática. La ANT genera ingresos. No es una institución deficitaria. Cobra tasas por matrícula, por licencias, por trámites y por multas.
Un análisis académico sobre la ejecución presupuestaria de la ANT muestra que, entre 2024 y 2025, los ingresos devengados cayeron en USD 2’818.979,29, mientras que los ingresos de capital disminuyeron de USD 9’457.794,46 a USD 8’564.258,29 en el mismo período. La tendencia es descendente, no ascendente.
El costo de la parálisis es astronómico. La suspensión de matrículas desde enero de 2025 generó pérdidas semanales estimadas en USD 50 millones para el sector automotor y una caída de recaudación fiscal de USD 43 millones mensuales solo por IVA e ICE de vehículos nuevos. Es decir, el Estado deja de percibir en una semana de parálisis lo que costaría financiar la modernización tecnológica de la ANT varias veces.
El artículo dice: “no hay sistema”. La pregunta rigurosa es: ¿por qué no hay sistema? Y la respuesta no es: “porque los funcionarios son simios”. Es: porque el sistema no se financió. Y no se financió porque los ingresos que la ANT genera no retornan a la agencia. ¿A dónde van? Esa es la pregunta que el artículo no formula. Y es la pregunta decisiva.
Llevemos el análisis un paso más allá. En la investigación sobre el palimpsesto tarifario, identificamos un fenómeno que he denominado gubernamentalidad invertida: el Estado produce datos, auditorías y discursos no para transformar la realidad, sino para legitimarla. La ANT es un caso paradigmático de esta inversión. La ANT no emite placas, pero emite comunicados. No tiene sistema, pero tiene página web. No da turnos, pero publica estadísticas. Conserva la función enunciativa del Estado mientras pierde la función operativa. Es la gubernamentalidad invertida en su forma más pura: el Estado habla para no hacer.
Y la consecuencia más perturbadora: la disfunción de la ANT es funcional al sistema. Primero, genera una paraeconomía de la renta: los tramitadores. El artículo los menciona con desprecio (“seres rastreros y corruptos”), pero no ve que son el subproducto lógico de un sistema que no garantiza el acceso por vía institucional. Donde el Estado falla, florece la renta privada. Los tramitadores no son la causa del colapso, son su consecuencia rentable.
Segundo, justifica el gasto de emergencia: cada crisis de la ANT habilita un nuevo contrato de “modernización”, una nueva consultoría, un nuevo software que nunca llega. La disfunción es un yacimiento de renta para proveedores.
Tercero, desvía la atención: mientras el país discute si los funcionarios son simios o no, nadie discute el destino de los ingresos de la ANT, la asignación presupuestaria, la captura del regulador por los gremios de transporte (transportista, concesionarios, ensambladores autopartistas, vendedores de “tecnología”). El artículo, al individualizar la culpa, protege la estructura.
El artículo es un diagnóstico de superficie. Describe el síntoma con precisión, pero no excava. Y al no excavar, protege el palimpsesto. La crítica rigurosa exige tres desplazamientos que el artículo no hace.
El artículo es un ejercicio de indignación. Y la indignación, en sí misma, no es un problema. El problema es qué hace la indignación. La suya es catártica pero estéril. Denuncia a los funcionarios, pero no denuncia la estructura. Insulta a los burócratas, pero no interpela a los tomadores de decisiones. Se ríe de la ANT, pero no pregunta quién se beneficia de su colapso.
En términos de nuestra investigación: el artículo enumera el agravio para no transformar nada. Es la gubernamentalidad invertida aplicada al periodismo de opinión: el autor de la columna produce un discurso de denuncia que legitima el statu quo al dirigir la ira hacia los eslabones débiles de la cadena (los funcionarios de ventanilla) y no hacia los eslabones fuertes (los decisores presupuestarios, los gremios, los operadores de la renta). El artículo es, en este sentido, funcional al palimpsesto. Le da al lector la satisfacción de la indignación sin el costo de la transformación.
El título mismo no es inocente. Somos Uganda en 1960 es un tropo de la decadencia que opera en tres registros: temporal (sugiere que Ecuador “retrocede” a una época anterior, pero el problema no es temporal sino estructural); geográfico (sugiere que Ecuador se ha convertido en África, pero el problema no es geográfico sino político-económico); y, moral (sugiere que la causa es la decadencia cultural o la incompetencia congénita, pero la causa es la asignación política de recursos). El tropo de la decadencia naturaliza lo que es una decisión.
El artículo es un diagnóstico de superficie. Describe el síntoma con precisión, pero no excava. Y al no excavar, protege el palimpsesto. La crítica rigurosa exige tres desplazamientos que el artículo no hace:
Primero, del individuo a la estructura: no son los funcionarios, es el desfinanciamiento. Segundo, del síntoma a la función: la disfunción de la ANT no es un accidente, es un mecanismo que genera renta paraeconomica, justifica gastos de emergencia y desvía la atención. Tercero, de la indignación a la arqueología: no basta con indignarse, hay que excavar. ¿Quién decide el presupuesto de la ANT? ¿A dónde van sus ingresos? ¿Quién se beneficia de su colapso? ¿Qué gremios capturan su regulación?
El artículo se queda en la primera capa. La propuesta es excavar las demás. Porque el problema no es que la ANT sea una Uganda de 1960. El problema es que la ANT es un eslabón de un palimpsesto de desfinanciamiento que tiene cuarenta años de antigüedad. Y mientras el país se indigna con los simios de ventanilla, los verdaderos escribas del pergamino siguen cobrando su renta.
La pregunta no es si los funcionarios de la ANT son incompetentes. La pregunta es ¿quién decide que la ANT no tenga los recursos para no serlo? Y esa pregunta, mientras el país se ríe de los “simios”, sigue sin respuesta.
La indignación es necesaria, pero no suficiente. La indignación sin arqueología es catarsis. Y la catarsis, en política, siempre favorece al statu quo. Porque el statu quo no teme a los indignados, teme a los que excavan. El artículo del Dr. Felipe Rodríguez indigna, pero no excava. Y por eso, a pesar de sus intenciones, termina siendo funcional a lo que denuncia.
La pregunta no es si los funcionarios de la ANT son incompetentes. La pregunta es ¿quién decide que la ANT no tenga los recursos para no serlo? Y esa pregunta, mientras el país se ríe de los “simios”, sigue sin respuesta.
* Guillermo Ramos B. es investigador del Programa de Estudios Críticos del Territorio y la Movilidad. Autor de El palimpsesto tarifario y la renta de la movilidad (2026).