No me refiero a una frase de aquel viejo bolero Nuestras vidas, que cantaban los abuelos hace décadas, sino a la forma cómo se está desarrollando la vida pública en Ecuador, en estos momentos.
Por un lado, el presidente Noboa y sus seguidores, que parecen mantener una visión acotada de lo político, la política, lo público, como algo apartado de los elementos jurídico-institucionales de todo Estado, sea éste de derecho o de derechos y justicia como es el ecuatoriano. Al frente, los defensores de la Corte Constitucional (CC) que miran a este alto organismo como desprovisto de toda condición política y encerrado en lo estrictamente jurídico y normativo, como si la contingencia de la realidad fuera ajena a la vida democrática, a lo institucional, a lo político y a la política.
Si ese paralelismo se mantiene, el encuentro, indispensable en todo estado democrático, se volverá imposible e insalvable y colocará al régimen democrático en riesgo. La democracia es el más charlatán de los regímenes políticos, decía Hannah Arendt con la sabiduría filosófica de la que fue dueña. Esto no implica que ni el ejecutivo ni la instancia jurisdiccional establezcan una relación de servidumbre ni de cooptación, sino de colaboración en concordancia con los intereses nacionales. Y con independencia.
La función primordial del poder Ejecutivo es la gestión, el hacer. La responsabilidad medular de la Corte Constitucional es la preservación de los principios centrales de la carta política aprobada en 2008. Ojo: carta política, una forma válida para denominar a una constitución. Esta diferenciación de sus competencias en modo alguno significa situarles como contrincantes, adversarios o rivales. Son autoridades de primera línea con responsabilidades concomitantes en el servicio al Estado. Sus distinciones no determinan que deban mantener pugnas ni disputas, sino cooperación, con autonomía. Y responder.
¿Por qué esta concurrencia está resultando tan difícil, al menos según el sentir de varios analistas, periodistas, comentaristas; opinadores en suma?
Una primera apreciación es por el comportamientos del presidente al dirigir una manifestación hacia las instalaciones de la Corte, y el silencio de este tribunal, explicado muy bien por el constitucionalista Enrique Herrería, ex magistrado de esta entidad, en una entrevista publicada en el diario El Universo.
Según Herrería, quien se opone al enjuiciamiento político a los integrantes de la Corte por parte de la Asamblea Nacional, de acuerdo con lo indicado en la pregunta propuesta por el presidente Noboa, la actitud de la Corte de no hablar con nadie es inadecuada y ajena al dinamismo de la realidad. Para Herrería, esta posición de ignorar la opinión de las otras funciones del Estado ha sido permanente en el lapso en el cual ejerció como juez.
Entre quienes aprueban la pregunta, como lo señaló el asambleísta Andrés Castillo, @SoyCastillo593, en el programa televisivo Políticamente Correcto, algunas decisiones de la Corte fueron arbitrarias y en contravía con la diversidad cultural existente en nuestro país. Castillo sostiene que la Corte por su condición de ser una institución jurisdiccional y política sí puede ser sometida a control político, no en cuanto a sus decisiones jurisdiccionales sino en cuanto a sus actuaciones políticas e ideológicas. En este último cuestionamiento coinciden Herrería y Castillo.
El caso es que la historia política reciente muestra la permanencia de la pugna entre las funciones del Estado, en detrimento de los objetivos del país y de sus ciudadanos. Agrava este antagonismo la descalificación permanente y por lo general exagerada o sin evidencias. No pocas veces en este disensión participamos los ciudadanos comunes y ampliamos la polarización política. En esta línea se inscriben las descripciones que endilgan a la Corte ser enemiga del pueblo y casi cómplice del narcoterrorismo. O los juicios que comparan al presidente Noboa con sátrapas como el venezolano Maduro, el nicaragüense Ortega o el prófugo Correa.
En este contexto, el debate emprendido entre los ecuatorianos es una nueva oportunidad para que las dirigencias políticas abandonen el pugilato, renuncien a la deshonra de quienes no coinciden con sus propias visiones, y se interesen por educar política y democráticamente a la ciudadanía ecuatoriana. Los actores políticos que se hallan en disputa son los primeros llamados a proceder en consonancia con el bien del país, y a dialogar.
¿Será posible?