El 10 de Agosto, Ecuador conmemoró el Primer Grito de la Independencia de 1809. Aquella fecha representa el inicio de un proceso histórico que, después de enormes sacrificios, conduciría a la independencia definitiva.
Pero las fechas patrias tienen sentido solamente cuando dialogan con el presente.
Y por eso considero que la pregunta más incómoda que debemos hacernos hoy no es solamente ¿De qué nos independizamos hace más de dos siglos?, sino: ¿De quién necesitamos independizarnos hoy?
Necesitamos independizarnos del miedo. De la corrupción normalizada. De la impunidad. De la improvisación. De la captura de las instituciones por intereses particulares. De la política que reacciona ante las crisis en lugar de anticiparlas.
Y, sobre todo, de la peligrosa idea de que la violencia se combate exclusivamente con más violencia.
Ecuador atraviesa una crisis de seguridad extraordinaria. En 2025 registró 9.216 homicidios intencionales, con una tasa de 50,91 por cada 100.000 habitantes, el nivel más alto de su historia desde que se tiene registro. Al mismo tiempo, el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional asignó al Ecuador 33 puntos sobre 100 y lo ubicó en el puesto 116 de 182 países. Es importante precisar que este índice mide percepciones de corrupción del sector público, no constituye por sí mismo una medición de “corrupción real” ni permite afirmar literalmente que Ecuador sea uno de los países “más corruptos del mundo”.
Sin embargo, la combinación de violencia, corrupción, impunidad y debilitamiento institucional sí constituye una señal estratégica que ningún Estado responsable puede ignorar.
I. El problema no es solamente el delincuente: es el sistema que permite que el delincuente prospere
El crimen organizado contemporáneo no funciona únicamente con sicarios.
Funciona con dinero. Con empresas fachada. Con testaferros. Con corrupción. Con información privilegiada. Con funcionarios comprados. Con contratos públicos. Con lavado de activos. Con redes logísticas. Con capacidad para penetrar y cooptar instituciones. Y, sobre todo, con información.
Por eso resulta insuficiente concebir la seguridad exclusivamente como una confrontación entre policías, militares y delincuentes.
Una organización criminal puede perder un jefe y conservar intacta su estructura financiera, logística, política y territorial. Puede reemplazar a un operador por otro. Puede cambiar de organización, de empresa, de ruta o de mecanismo de lavado.
Por eso el verdadero objetivo de una política moderna de seguridad no debería ser solamente capturar personas, sino desarticular ecosistemas criminales.
Aquí aparece una herramienta que Ecuador necesita desarrollar con mucha mayor profundidad: la inteligencia estratégica y prospectiva.
II. Dejar de gobernar mirando por el retrovisor
La inteligencia estratégica no consiste simplemente en acumular información.
Consiste en transformar datos dispersos en conocimiento útil para decidir.
La prospectiva tampoco consiste en adivinar el futuro.
Consiste en identificar tendencias, riesgos, señales débiles y escenarios posibles para construir anticipadamente el futuro que queremos.
Esta diferencia es fundamental. Un Estado reactivo pregunta: ¿Qué ocurrió? Un Estado estratégico pregunta: ¿Por qué ocurrió? Un Estado prospectivo pregunta: ¿Qué puede ocurrir después?
Y un Estado verdaderamente inteligente pregunta ¿Qué debemos hacer hoy para impedir que ocurra aquello que no podemos permitirnos mañana?
Esta es, a mi juicio, una de las claves para comenzar a desatar el nudo gordiano de la violencia ecuatoriana.
Necesitamos pasar de una cultura institucional de reacción a una cultura nacional de anticipación.
La seguridad debe conectarse con economía, educación, empleo, tecnología, territorio, justicia, contratación pública, movilidad humana, puertos, fronteras, sistema financiero, minería, comercio exterior y desarrollo social.
Porque si el crimen organizado no respeta los organigramas del Estado. El Estado tampoco debería hacerlo.
III. Cuando existe riesgo de captura institucional, cambia completamente la naturaleza del problema
La situación se vuelve todavía más grave cuando una organización criminal consigue penetrar instituciones públicas.
En ese momento ya no estamos únicamente frente a delincuencia organizada.
Estamos frente a un problema de soberanía estatal.
Si un delincuente consigue información sobre una operación policial antes de que ocurra, existe corrupción.
Si consigue influir sobre una investigación, existe captura. Si consigue comprar decisiones judiciales, existe captura. Si consigue direccionar contratos públicos, existe captura.
Si consigue convertir funcionarios públicos en instrumentos de su organización, el problema deja de ser únicamente criminal y se transforma en una amenaza estructural para el Estado de derecho.
Por eso, en escenarios extremos, la inteligencia estratégica debe incorporar una dimensión decisiva: la contrainteligencia institucional.
Esto significa identificar conflictos de interés, filtraciones, patrones inexplicables, redes de protección, enriquecimientos incompatibles con los ingresos, contrataciones sospechosas, interferencias en investigaciones y cualquier señal que permita detectar tempranamente una posible infiltración.
Pero hay una condición indispensable: la inteligencia no puede convertirse en una policía política.
Debe estar sometida a la Constitución, la ley, controles judiciales, auditoría institucional y supervisión democrática.
De lo contrario, el remedio puede convertirse en otra enfermedad metastásica.
IV. La alerta temprana puede valer más que mil operativos tardíos
Una política de seguridad verdaderamente estratégica debería construir un sistema nacional de indicadores de alerta temprana.
No para perseguir adversarios políticos. No para fabricar enemigos.
Sino para detectar objetivamente cuándo una institución, territorio o mercado comienza a ser capturado por intereses criminales.
Algunas señales deberían generar atención inmediata: aumentos inexplicables de impunidad en determinados tipos de expedientes;
patrones anómalos en contratación pública;
empresas sin capacidad técnica que obtienen contratos reiteradamente;
cambios injustificados de funcionarios antes de operaciones sensibles;
enriquecimiento patrimonial incompatible con los ingresos;
concentración de negocios y propiedades en determinadas zonas;
decisiones normativas que favorecen sistemáticamente a determinados grupos;
filtraciones reiteradas de información reservada;
vínculos financieros inexplicables entre operadores privados y servidores públicos.
Ninguna señal aislada demuestra corrupción. Pero varias señales conectadas pueden revelar un patrón.
Y esa es precisamente la función de la inteligencia: encontrar patrones donde otros solamente ven acontecimientos aislados.
V. La verdadera batalla está en la ruta del dinero
Aquí encontramos probablemente uno de los mayores cambios de paradigma que el Ecuador necesita.
Durante demasiado tiempo hemos tendido a mirar al criminal desde su última expresión: el arma, el sicario, el vehículo, la droga, el asesinato.
Pero esos son solamente los últimos eslabones.
Las preguntas estratégicas deberían ser: ¿Quién financia la estructura? ¿Dónde se lava el dinero? ¿Quién presta su nombre? ¿Qué empresas reciben los recursos? ¿Qué bienes se adquieren? ¿Qué negocios aparentemente legítimos sirven para ocultar ganancias ilícitas? ¿Qué funcionarios pueden estar beneficiándose? ¿Qué redes económicas permiten que una organización criminal sobreviva aunque pierda a sus principales operadores?
Por eso la inteligencia financiera puede ser más transformadora que la persecución exclusivamente armada.
No porque la fuerza legítima del Estado sea innecesaria —no lo es—, sino porque la fuerza debe estar subordinada a una estrategia superior.
Un Estado que solamente captura sicarios y capos de quinta puede reproducir el efecto hidra: cae una cabeza y aparece otra.
Un Estado que desmantela las estructuras financieras, logísticas, empresariales y de corrupción puede producir algo mucho más profundo: la pérdida de capacidad operativa del sistema criminal.
La batalla decisiva no necesariamente se gana donde se dispara. Muchas veces se gana donde se factura.
VI. La tecnología puede convertir información dispersa en evidencia, pero no sustituye al Estado de derecho
La transformación digital ofrece herramientas extraordinariamente poderosas.
La inteligencia artificial, el análisis de redes, el análisis de grandes volúmenes de datos, la inteligencia de fuentes abiertas y la analítica de blockchain permiten identificar relaciones que serían prácticamente imposibles de encontrar mediante métodos manuales.
En materia de criptoactivos, existen plataformas especializadas capaces de analizar transacciones on-chain, identificar patrones, relacionar direcciones y construir hipótesis sobre movimientos financieros.
Pero aquí debemos introducir una distinción fundamental: una transacción registrada en blockchain no equivale automáticamente a la identidad de una persona. El dato on-chain puede ser verificable.
La atribución de una dirección a un individuo es una hipótesis investigativa que debe ser demostrada.
Por eso la tecnología debe complementar —nunca reemplazar— el trabajo jurídico y pericial.
El software puede decir: “estas direcciones están relacionadas bajo determinados patrones”.
Pero corresponde a la investigación demostrar: “esta persona controla realmente esos activos”.
Y corresponde al juez determinar: “la evidencia presentada cumple las garantías necesarias para ser utilizada en un proceso penal”.
Ese principio es irrenunciable.
VII. Sin cadena de custodia, la tecnología puede convertirse en una debilidad
Aquí aparece otro aspecto fundamental: la evidencia digital.
No basta con tener una herramienta sofisticada. No basta con presentar un gráfico espectacular. No basta con mostrar una red de transacciones.
En un Estado constitucional, la pregunta siempre será: ¿Cómo se obtuvo esa evidencia, quién la obtuvo, cuándo, con qué metodología, cómo se preservó y cómo puede ser verificada?
La evidencia digital debe preservar su autenticidad, integridad, trazabilidad y posibilidad de contradicción.
El perito debe poder explicar la metodología.
Los datos originales deben conservarse. Las operaciones realizadas deben quedar documentadas. La cadena de custodia debe ser reconstruible. Y la defensa debe tener la posibilidad real de cuestionar las conclusiones.
Esto no debilita la lucha contra el crimen. Al contrario: la fortalece.
Porque una condena sólida es aquella que sobrevive al escrutinio jurídico y técnico.
La justicia eficaz no es la que condena más rápido.
Es la que condena correctamente y consigue que sus decisiones resistan los controles constitucionales y las instancias de revisión.
VIII. La cooperación internacional no debe ser dependencia: debe ser inteligencia compartida
El crimen organizado es transnacional. El dinero cruza fronteras. Las empresas pueden estar registradas en un país y operar en otro. Los activos digitales pueden circular por múltiples jurisdicciones. Las estructuras criminales pueden utilizar infraestructura tecnológica ubicada en diferentes continentes.
Por tanto, ningún país puede enfrentar por sí solo una amenaza que opera globalmente.
Ecuador necesita fortalecer la cooperación con organismos internacionales, unidades de inteligencia financiera, autoridades tributarias, aduanas, policías, fiscalías y sistemas judiciales extranjeros.
Pero cooperación no significa entregar soberanía. Significa aumentar capacidades.
La soberanía del siglo XXI no consiste en encerrarse.
Consiste en tener suficiente conocimiento, tecnología, institucionalidad y capacidad diplomática para actuar dentro de un mundo interdependiente.
IX. El gran error sería convertir la inteligencia en un instrumento de persecución
Hay algo que debe quedar absolutamente claro.
La inteligencia estratégica no puede utilizarse para perseguir periodistas, opositores, empresarios, dirigentes sociales o ciudadanos incómodos. No puede convertirse en espionaje político. No puede utilizarse para fabricar expedientes. No puede confundirse una hipótesis de inteligencia con una sentencia judicial. Y no puede permitir que la tecnología sustituya las garantías constitucionales.
Precisamente porque estamos enfrentando organizaciones criminales con enormes capacidades de infiltración, necesitamos instituciones más poderosas, pero también más controladas.
Más tecnología. Más inteligencia. Más profesionalismo. Más controles. Más transparencia.
No menos democracia.
Porque si para derrotar al crimen destruimos el Estado de derecho, el crimen habrá perdido algunas batallas, pero habrá ganado la guerra.
X. La propuesta: un Sistema Nacional de Inteligencia Estratégica contra la captura del Estado
Si tuviera que sintetizar toda esta reflexión en una propuesta concreta, plantearía la construcción de un Sistema Nacional de Inteligencia Estratégica y Prospectiva para la Seguridad, Integridad Pública y Desarrollo Nacional.
No sería simplemente otra institución. Sería una arquitectura de Estado.
Debería integrar, bajo reglas claras y controles democráticos, cinco grandes capacidades:
1. Inteligencia estratégica
Unificar información relevante para identificar amenazas y oportunidades nacionales.
2. Prospectiva
Construir escenarios de cinco, diez y veinte años, incluyendo escenarios extremos de deterioro institucional, fragmentación territorial, violencia criminal y recuperación estatal.
3. Inteligencia financiera
Conectar información tributaria, societaria, contractual, patrimonial y financiera dentro de los límites legales para identificar economías ilícitas y posibles redes de corrupción.
4. Inteligencia tecnológica
Desarrollar capacidades nacionales para analizar grandes volúmenes de datos, inteligencia digital y activos virtuales, con procedimientos forenses y controles jurídicos adecuados.
5. Integridad institucional
Crear indicadores permanentes de riesgo de captura institucional y mecanismos de alerta temprana para prevenir corrupción antes de que se convierta en una estructura consolidada.
El objetivo no debería ser crear un “superorganismo” sin controles. Debería ser exactamente lo contrario: crear una capacidad estatal coordinada, profesional, técnica, auditable y sometida a la ley.
XI. Tres futuros que Ecuador no puede permitirse ignorar
La prospectiva obliga a mirar incluso aquello que preferimos no imaginar.
El primer escenario es la captura progresiva: instituciones que pierden autonomía poco a poco, territorios donde el Estado comienza a compartir autoridad informal con organizaciones criminales y sectores económicos que terminan dependiendo del dinero ilícito.
El segundo es la fragmentación violenta: cuando la presión sobre una organización criminal produce disputas entre facciones, aumentando temporalmente la violencia y poniendo en riesgo a la población.
El tercero es la recuperación institucional: un escenario en el que el Estado identifica tempranamente las redes criminales, corta sus fuentes de financiamiento, recupera territorios, fortalece la justicia, depura sus instituciones mediante procedimientos legales y reconstruye la confianza ciudadana.
La prospectiva no sirve para predecir cuál ocurrirá. Sirve para aumentar las probabilidades de que ocurra el tercero.
XII. El nudo gordiano no se corta con una espada: se desata con inteligencia
La metáfora del nudo gordiano es particularmente poderosa para Ecuador.
Tenemos un problema compuesto por múltiples hilos: violencia, pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad, economías ilícitas, debilidad institucional, desempleo, abandono territorial, educación insuficiente, lavado de activos, captura política, crisis penitenciaria, desconfianza ciudadana.
Pretender resolver todo esto con una sola herramienta es una ilusión. Ni las Fuerzas Armadas, por sí solas. Ni la Policía, por sí sola. Ni la Fiscalía. Ni la Asamblea. Ni el Gobierno. Ni la empresa privada. Ni la cooperación internacional. Ni la tecnología.
La solución solo puede ser sistémica. Porque el problema es sistémico.
Y aquí está, quizá, la lección más importante de la inteligencia estratégica: cuando el problema es una red, la respuesta también debe ser una red.
XIII. La verdadera independencia
Hace más de dos siglos, nuestros antepasados enfrentaron una estructura de poder que consideraban incompatible con su aspiración de libertad.
Hoy la amenaza es diferente. No tenemos un ejército colonial ocupando nuestras ciudades.
Tenemos algo más complejo: redes criminales que intentan comprar voluntades, corromper instituciones, controlar territorios, lavar dinero, penetrar mercados y convertir el miedo en una forma de poder.
Por eso la independencia del siglo XXI no puede limitarse a la soberanía territorial.
Debe ser también: independencia frente al dinero criminal. Independencia frente a la corrupción. Independencia frente a la impunidad. Independencia frente al miedo. Independencia frente a la captura institucional.
Y esa independencia no se conquista solamente con fuerza. Se conquista con instituciones que saben. Instituciones que anticipan. Instituciones que investigan. Instituciones que coordinan. Instituciones que aprenden. Instituciones que rinden cuentas. Instituciones que pueden decirle al crimen organizado: sabemos cómo funciona su estructura, conocemos sus mecanismos financieros, identificamos sus redes y tenemos la capacidad jurídica e institucional para desmantelarlas.
XIV. Mi reflexión final
Creo que Ecuador no necesita acostumbrarse a la violencia. Necesita acostumbrarse a pensar estratégicamente.
No podemos seguir celebrando cada operativo exitoso como si fuera una victoria definitiva cuando las estructuras económicas y políticas que sostienen al crimen permanecen intactas.
Tampoco podemos caer en el pesimismo de creer que el Estado está condenado.
Un Estado que recupera su capacidad de producir información confiable, anticipar escenarios, proteger sus instituciones, perseguir el dinero ilícito, garantizar justicia independiente y utilizar tecnología con responsabilidad todavía puede recuperar terreno.
Pero necesitamos cambiar de paradigma.
De la reacción a la anticipación. Del dato aislado al conocimiento estratégico. Del operativo individual al desmantelamiento sistémico. Del combate exclusivo al brazo armado a la investigación de la estructura financiera. De la improvisación a la prospectiva. De la opacidad a la trazabilidad. De la sospecha sin evidencia a la inteligencia jurídicamente sustentada. Del caudillismo institucional a las políticas de Estado: sistémicas y de largo plazo.
Y, sobre todo, debemos entender que la seguridad no es enemiga de la democracia.
La seguridad democrática es aquella que permite que la ciudadanía viva sin miedo sin tener que entregar a cambio sus derechos y libertades.
Ese debería ser nuestro verdadero proyecto nacional.
Por eso, en este 10 de agosto, mi homenaje a la patria no sería solamente colocar una bandera.
Sería asumir una responsabilidad: hacer de la inteligencia estratégica una política de Estado; de la prospectiva una cultura nacional; de la integridad una obligación institucional; de la trazabilidad financiera un instrumento contra el poder criminal; y del Estado de derecho el límite infranqueable de toda acción de seguridad.
Porque la segunda independencia del Ecuador no consistirá en expulsar a un poder extranjero.
Consistirá en impedir que cualquier poder criminal, económico o político llegue a convertirse en dueño de nuestras instituciones.
Y quizá ese sea el desafío patriótico más importante de nuestra época.