“Aquí no existe ninguna persecución política ni tampoco ningún direccionamiento a ningún caso”, dijo el fiscal Carlos Leonardo Alarcón, el pasado 5 de agosto en Teleamazonas. Esta fue solo una de las seis entrevistas que el funcionario ha dado a radios, portales y canales en menos de un mes. En cada uno de estos espacios, Alarcón ha enfatizado que la Fiscalía no es un “brazo ejecutor” del Gobierno.
Su recurrente aparición en los medios coincide con dos casos de alto perfil que están en juicio y en los que el fiscal Alarcón ha intervenido directamente. Uno de ellos es el caso Sinohydro, que involucra al expresidente Lenín Moreno por el delito de cohecho. Y, el segundo, es el caso Triple A, que procesó a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil y uno de los opositores más visibles del presidente Daniel Noboa, por un presunto delito de comercialización ilegal de combustible.
Alarcón intensificó su aparición mediática justamente a raíz de este segundo caso. Entre el 3 y el 5 de agosto, el fiscal salió a contrarrestar las versiones de los abogados de Álvarez acerca de que este caso “estaba caído” por la falta de contundencia en las pruebas. Alarcón, junto con la fiscal del caso Ruth Amoroso, inició una gira de medios para desmentir estas defensas.
En muy escasas ocasiones se ha visto a una Fiscalía tan activa en medios. Desde la administración de Diana Salazar, ex fiscal General del Estado, las entrevistas públicas de esa institución se habían restringido únicamente a su titular, limitando o casi anulando la participación de los fiscales de los casos en declaraciones a medios. Por eso, la aparición de la fiscal Amoroso ha sorprendido en los últimos días.
Pero en estos dos casos no son los únicos que persiguen a Alarcón. El fiscal también ha sido el centro de cuestionamientos por su papel en la suspensión de los principales movimientos opositores de Noboa y en las detenciones de alcaldes en pleno contexto pre-electoral.
Desde su designación como fiscal subrogante del fiscal subrogante Wilson Toainga, en octubre de 2025, Alarcón ha sido fuertemente criticado por sus actuaciones en casos de interés para el actual Gobierno. Se convirtió en fiscal general el 21 de noviembre después de la renuncia de Toainga y ahora busca la reelección en un concurso cuestionado hasta por observadores internacionales.
Plan V hace un recuento de los casos que han llevado adelante Alarcón y la Fiscalía en los que el Gobierno ha tenido un interés político visible.
El ascenso de Alarcón en paralelo a Triple A y otras causas
El primer proceso que enfrentó el alcalde Aquiles Álvarez se llamó Triple A y el primer fiscal de esta causa fue Alarcón. Como fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Alarcón estuvo a cargo de las primeras etapas de este proceso, incluida la audiencia de vinculación de Álvarez, el 10 de abril de 2025.
El caso contra Álvarez inició después de que la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, controlada por el gobierno, presentara una denuncia el 12 de julio de 2024. “De la denuncia se extrae que existirían diferencias considerables entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones y empresas”, afirmó la Fiscalía.
La denuncia la presentó Nicole Bermúdez, como coordinadora zonal del Guayas de esa agencia. En su segunda versión, de enero de 2025, ella mencionó que recibió órdenes directas de José Manuel Oliveira, quien entonces era el coordinador jurídico del Ministerio de Energía y Minas, para realizar un alcance a su denuncia de 2024. Oliveira es uno de los investigados del caso Progen.
Oliveira, según Bermúdez, fue presionado a su vez por Julio José Neira, actual Secretario de la Administración Pública. En 2024, Neira alabó a Bermúdez por “tener los ovarios bien puestos” para poner la denuncia. Pero en el juicio, la defensa de Álvarez solicitó su presencia como testigo y ella no pudo ser localizada.
Al 2024, Álvarez, quien ganó la alcaldía por el movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, ya era una de las voces opositoras más relevantes contra el gobierno de Noboa. Los desacuerdos comenzaron desde el primer mandato de Noboa (noviembre de 2023 – mayo de 2025), cuando el presidente dejó de asistir a eventos oficiales del Puerto Principal.
Pero uno de los momentos más críticos tuvo que ver con una obra para dotar de agua potable a Monte Sinaí. Álvarez necesitaba el aval del Gobierno para acceder a un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF). En medio de ese contexto, Álvarez afirmó que existía un boicot del Gobierno contra los alcaldes y prefectos de la RC para limitar su gestión.
Para ese momento, también ya había roces entre Álvarez y Alarcón. Previo a su vinculación al caso Triple A, en una entrevista radial, Álvarez dijo: “Al fiscal se lo va a perseguir legalmente después de que termine este proceso. Debería pensarlo 100 veces porque no hay elementos para vincularme ni a mí ni a ninguno”. A lo que la Fiscalía respondió con un comunicado y calificó esas afirmaciones como un intento de intimidación.
Alarcón estuvo al frente de ese proceso hasta la audiencia preparatoria de juicio, que concluyó el 19 de julio de 2025 con la decisión del juez anticorrupción, Renán Andrade, de llamar a juicio a Álvarez y a otras 15 personas por presuntas irregularidades de comercialización de combustibles.
Meses después, Alarcón dio un salto hacia la dirección de la Fiscalía. En una polémica sesión del 2 de octubre de 2025, el Consejo de la Judicatura lo nombró como el reemplazo del fiscal general subrogante Wilson Toinga. Cuando Toainga viajó a Brasil durante cinco días, Alarcón asumió la titularidad de la Fiscalía solo dos días después de su designación. Su primera gestión fue pedir el archivo de una investigación previa contra Noboa y su esposa Lavinia Valbonesi relacionada con el proyecto minero de Loma Larga. La jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, aceptó el archivo el 31 de octubre de 2025.
Además de ese archivo y Triple A, Alarcón ya era conocido por llevar casos en los que el presidente Noboa había mostrado su interés de manera pública. Por ejemplo, el caso Nene, que procesó al hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad por el presunto delito de oferta de realizar tráfico de influencias; y el caso Seguros Petroecuador, donde es investigado por presunto peculado el empresario Federico Goldbaum, excuñado de Noboa.
Alarcón, finalmente, se quedó al frente de la Fiscalía General después de que Toainga renunció el 21 de noviembre de 2025 y, por lo tanto, dejó Triple A en manos de la fiscal Amoroso, pero el caso no dejó de estar envuelto en polémicas y acusaciones de ambos lados.
Desde octubre, Alvarez había intensificado sus críticas y acusó al Gobierno de “joder” antes de las fiestas de Guayaquil en referencia a los allanamientos que hizo la Fiscalía a inmuebles y empresas relacionadas con el burgomaestre. “Quieren volumen para distraer todos sus problemas, no se los voy a dar”, escribió Alvarez en su cuenta de X.
En diciembre, Álvarez empezó a denunciar que era un perseguido político después de que la Fiscalía adelantó la audiencia de juicio para el 24 de diciembre, que no se instaló debido a la inasistencia de los abogados defensores de los acusados.
En 2026, la activación de la Fiscalía contra Álvarez se intensificó. El 10 de febrero se detuvo a Álvarez y a sus hermanos por otro caso al que llamó Goleada que investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y que se derivó de Triple A.
En el operativo, los agentes hallaron a Álvarez sin el grillete electrónico, una medida dispuesta en el caso Triple A, y la Fiscalía lo procesó por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. El pasado 3 de agosto fue condenado a tres años, la pena máxima.
Mientras tanto, la audiencia de juicio del caso Triple A terminó el pasado 2 de agosto y ahora un tribunal anticorrupción decidirá si Álvarez y los otros involucrados son culpables o no. La fiscal Amoroso pidió la pena máxima contra Álvarez, que puede ir de 6 a 8 años, según los agravantes.
La audiencia preparatoria de juicio del caso Goleada, prevista para este 11 de agosto, no se realizó. Este proceso tampoco ha estado exento de incidentes. El 2 de abril, tres jueces de la Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado revocaron la prisión preventiva contra Álvarez y sus hermanos.
En su ronda de entrevistas en la última semana, Alarcón dijo que el fiscal del caso Goleada le presentó un informe sobre “una presunta falta de imparcialidad de parte de los jueces” de esa sala. “Cuando me denuncia a mí, tengo que poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura. No puedo omitir una situación aquella (sic)”, dijo el fiscal.
El caso llegó a la Corte Nacional de Justicia, que resolvió declarar el error como “infracción gravísima de error inexcusable” en la decisión de los jueces anticorrupción. El fallo no fue unánime; el juez Enrique de la Cadena estuvo en desacuerdo. Tres semanas después fue enviado de regreso a Imbabura.
No fue lo único que pasó en este caso. El pasado 27 de julio, el Consejo de la Judicatura decidió suspender por tres meses a los jueces anticorrupción que fallaron a favor de Álvarez. Uno de ellos, Byron Uzcátegui, denunció presiones.
Alarcón ha negado que estos procesos sean una persecución política porque han pasado por el “filtro de los jueces”.
Sinohydro, otro caso de alto perfil político
Este caso inició el 22 de febrero de 2023 y ha pasado por tres fiscales generales: Diana Salazar, Wilson Toainga y ahora Alarcón. Este es un proceso contra 21 personas, incluido el expresidente Lenín Moreno, por su presunta participación en el delito de cohecho en la contratación del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
En diciembre de 2025, Alarcón retomó las diligencias de Toainga y le correspondió terminar la audiencia preparatoria de juicio, que concluyó con el llamado a juicio contra todos los procesados.
De manera sorpresiva, Moreno llegó a Quito el 6 de mayo de 2026 procedente de Paraguay y asistió al juicio para negar su participación en un presunto cohecho. Correa reaccionó y habló de un presunto pacto con Noboa. “En el caso Sinohydro, donde Moreno y su familia están hundidos hasta el cuello, harán lo mismo que con Progen: dejar en la impunidad a los verdaderos culpables, pese a las contundentes pruebas”, afirmó el exmandatario en su cuenta de X.
En este caso no hay una relación, como asegura Correa, de un interés particular del Gobierno, salvo si se considera como tal que Moreno, denostado constantemente por Correa y viceversa, haya en sus declaraciones recordado algunas acusaciones de corrupción en el gobierno del exmandatario, donde Moreno fue su vicepresidente.
El 11 de mayo inició la audiencia de juicio en este caso y concluyó el pasado 10 de julio con el pedido de Alarcón de condenar a los involucrados a seis años y seis meses de prisión. Aún está pendiente la resolución de los jueces.
Otro de los involucrados es Eduardo Carmigniani, actual abogado del Expreso, un diario que se ha mantenido crítico con el gobierno de Noboa y que ha enfrentado presiones tributarias y administrativas.
Carmigniani fue abogado de Conto Patiño, amigo cercano de Moreno, gerente de Recorsa y también uno de los procesados. La Fiscalía ha acusado a Patiño de presuntamente canalizar los dineros ilícitos desde Sinohydro. Según la Fiscalía, Sinohydro habría desembolsado USD 76 millones en coimas para lograr el contrato para la construcción del proyecto hidroeléctrico.
La Fiscalía ha sostenido que tanto Carmigniani como el abogado Carlos Almeida habrían prestado sus servicios para supuestamente dar apariencia legal a las transacciones. Los periodistas Martín Pallares y Roberto Aguilar, de Expreso, han comentado este caso en su podcast Politizados y han afirmado que la Fiscalía ha adjudicado al jurista pruebas que no le corresponden. “Los peritos contables de la Fiscalía demostraron que de sus cuentas no salió dinero a ningún involucrado”, relató Aguilar en su programa del 10 de julio.
RC, Amigo y la Fiscalía en época preelectoral
En el contexto preelectoral a los comicios seccionales del próximo 29 de noviembre, la Fiscalía y su titular han protagonizado dos movimientos:
- Suspensión de la Revolución Ciudadana y Amigo. Jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendieron a esas organizaciones políticas por nueve meses, en marzo y julio pasados, respectivamente. Eso inhabilita su participación en las próximas elecciones.
En ambos casos, actuó el fiscal Alarcón. Él informó a ese organismo sobre investigaciones previas contra esos movimientos por presunto lavado de activos.
En el caso de RC, Alarcón ha dicho que su denuncia nace del caso Caja Chica que involucra a Correa, a la excandidata Luisa González en supuestos fondos ilícitos de Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023.
En el caso de Amigo, que pretendía cobijar a los candidatos de RC, Alarcón contó que la denuncia se hizo al número 1-800 delitos y en un parte policial se dio a conocer a la Unidad de Antilavado de la Fiscalía. El fiscal dijo que era su deber informar al TCE sobre esa investigación previa.
En varios espacios, él dijo que sus actuaciones se basó en el artículo 374, numeral 3, del Código de la Democracia, que dice que “por pedido del Fiscal General, cuando este realice una investigación por el delito de lavado de activos que involucra directamente a la organización”, el tribunal podrá multar o suspender a una organización política hasta por 24 meses.
En el caso de Amigo, la medida fue notificada a pocas horas de que cierre el plazo para el registro de alianzas electorales. Durante su ronda por los medios, un periodista de Radio Sucesos preguntó a Alarcón por qué presentó la denuncia en ese momento y no antes. Alarcón respondió que dio a conocerla al TCE de manera inmediata, apenas ingresó a la Fiscalía.
Organizaciones como la Fundación Ciudadanía y Desarrollo han calificado estos hechos como una afectación «al derecho de la ciudadanía a contar con una oferta electoral plural y competitiva» y han expresado su preocupación por estas acciones en un momento determinante del calendario electoral.
“Son ellos (el TCE) los que deciden”, dijo Alarcón para alejarse de ese caso. “Yo no soy instrumento ni de este Gobierno ni de ninguna persona, yo actúo bajo mis principios de calidad técnica y jurídica. Hemos actuado de manera objetiva”, recalcó.
Alarcón ha asegurado que no ha hablado con Noboa ni con dirigentes de ADN. “He coincidido en eventos que son netamente públicos, eso no quiere decir que haya hablado, he saludado como autoridades que somos, pero no he hablado y tampoco he tenido conversación alguna”, sostuvo.
Pero en sus entrevistas, ha mostrado sus diferencias con la RC y sobre todo con Correa. Alarcón rechazó que se lo tratara como “delincuente” cuando es el exmandatario quien ha sido sentenciado y vive fuera del país para no enfrentar su proceso.
2. Alcaldes de la oposición procesados. La Fiscalía ha detenido a seis alcaldes en el último año. Cinco de estas detenciones ocurrieron entre febrero y agosto de 2026. Además de Aquiles Álvarez, los alcaldes de Pujilí, Esmeraldas, Jipijapa, Machala y El Tambo están siendo investigados por presunto peculado, lavado de activos, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito.
De estos seis alcaldes, cinco llegaron a sus cargos auspiciados por la RC o movimientos aliados como Amigo. Al menos dos de ellos, Vicko Villacís, de Esmeraldas, y Álvarez, en Guayaquil, iban a buscar la reelección, según han informado dirigentes de la RC.
Alarcón ha aprovechado los medios para insistir en que estos procesos no están relacionados con una coyuntura política sino con presuntos delitos cometidos por esos burgomaestres. “Ningún fiscal se va a prestar para procesar sin tener los elementos de convicción. Así como ningún juez se va a prestar (para) una prisión preventiva sin los elementos suficientes. Con eso desmoronamos y quitamos de la palestra de la persecución política (sic)”, afirmó el fiscal en una entrevista con Ecuador TV.
Según él, cuando llegó a la Fiscalía General, encontró “expedientes que estaban dormidos” y agregó que la información de estos casos viene de la Policía, la UAFE y el SRI. Para justificar su actuación, en la misma entrevista, intentó explicarlo con una frase entrecortada y difícil de comprender: “No nos quiere decir que sea momentos electorales o no momentos electorales para procesar a una persona. Es decir, todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos (sic)”.