En pocas actividades económicas se evidencia la simbiosis entre gobierno e intereses empresariales como en la extracción de recursos naturales para la exportación. En concreto, en las mal llamadas industrias petrolera, minera y camaronera, que, en la práctica, no son más que procesos básicos de producción primaria sin mayores procesos de industrialización. Metafóricamente hablando, lo único que hacemos es empaquetar y enviar al exterior unos recursos facilitados por la naturaleza.
Algunos elementos son comunes a estas tres actividades económicas: tienen alta rentabilidad, generan pocas fuentes de empleo, cuentan con un mercado global asegurado y, lo más grave, atentan de manera sistemática contra los derechos ambientales y comunitarios.
Al constituir rubros de exportación significativos, proyectan la imagen de que son indispensables para financiar el presupuesto general del Estado por la vía de las regalías e impuestos. Según los beneficiarios de estas actividades productivas, el ingreso de divisas por concepto de la exportación de petróleo, camarón y minerales sostiene la dolarización. A mayor exportación, mayor bienestar general, reza el mantra de las empresas vinculadas con estos negocios.
Es justamente esta idea de que son pilares de la economía y del sistema financiero nacional la que les confiere una suerte de privilegio supra jurídico. En otras palabras, una condición para colocarse por encima de la ley. El Estado, a través de los gobiernos de turno, tiene que asegurarles a cualquier costo su funcionamiento, inclusive si atentan contra principios irrenunciables como la vida.
Es lo que sucede a propósito de la explotación minera en los páramos del Azuay. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (un nombre que, a la luz de los acontecimientos, resulta tan pomposo como embustero) ha decidido pasarse por el forro las consultas populares que prohíben actividades productivas en zonas de recarga hídrica. En su empeño, el ministerio está promoviendo consultas comunitarias amañadas para desconocer una decisión ciudadana que tiene estatuto constitucional. Todo por allanarles el camino a empresas transnacionales mineras detrás de las cuales también operan intereses de empresarios nacionales.
Esta complicidad de la administración pública se extiende más allá del Ejecutivo. La Función Judicial, como se ha demostrado hasta la saciedad, entra en el juego de los privilegios empresariales mediante sentencias espurias o abiertamente sesgadas. Y lo hace de manera descarada. Frente a estos atropellos institucionalizados, las organizaciones defensoras del agua en el Azuay tienen que lidiar con ambas instancias del poder.
Una de las mayores aberraciones de los capitalistas es que ni siquiera respetan las normas que ellos mismos han establecido como componentes del sistema liberal. Por ejemplo, la supremacía de la ley. El lucro termina convertido en una voracidad, además de irracional, ilícita.
Diciembre 13, 2024