Como ya es de conocimiento público, el miércoles 23 de septiembre en las calles cercanas a la Asamblea Nacional, la asambleísta de Pachakutik doctora Lourdes Tibán, según su testimonio y el video que lo confirma, fue agredida por dos mujeres que la golpearon, la amenazaron de muerte al tiempo que le advertían de su “poder”, al decirle “no sabes lo que te va a pasar, no sabes con quién te has metido”.
Dentro del mismo acto de violencia un hombre la insultó mientras le “recomendaba” que se cuide, que vea lo que le puede pasar.
Lo primero que hay que entender de este repudiable hecho de violencia machista y racista es que no es ni casual ni aislado. La propia asambleísta Tibán ya ha denunciado agresiones anteriores incluso de parte de asambleístas de PAIS. En julio de este año el periodista Christian Zurita fue violentado por un grupo de simpatizantes de Alianza PAÍS que le gritaron “lárgate gran hermano”, «prensa vendida» y «terroristas protegidos». Así también la activista de derechos humanos Paulina Muñoz fue, al igual que el dueño de la página de Facebook Crudo Ecuador, amenazada con un ramo de flores al peor estilo de las organizaciones para policiacas o paramilitares.
Lo nada curioso de estos hechos de violencia es que las personas agredidas son críticos al gobierno de la “Revolución Ciudadana”.
Lo segundo a tener en consideración es que durante estos 9 años de gobierno de PAIS se han registrado varios incidentes de violencia, en los cuales el protagonista de la agresión a ciudadanos fue el primer funcionario del Estado, el economista Rafael Correa. Solo para poner dos ejemplos de lo anotado, recordemos la agresión sufrida por el cantautor popular Jaime Guevara y un adolescente de 17 años, ambos ciudadanos reprimidos por el Presidente y sus guardaespaldas. A estas exposiciones de violencia presidencial se suma los incontables insultos que Rafael Correa ha proferido en contra de quién él considera son sus enemigos políticos o simplemente a quienes se han “atrevido” a cuestionar su manera de gobernar.
Algo más que no se puede dejar de apuntar, a esta vergonzosa lista de violencia del poder, es la represión policial y militar que el Gobierno ha usado en contra de las movilizaciones de resistencia social y popular, desde las registradas en Dayuma hasta las últimas en la movilización del 13 de agosto de este año, sobre todo en Saraguro. Al abuso de la violencia de los aparatos represivos del Estado se sumó la violencia ideológica racista, machista y xenófoba desplegada por la publicidad política oficial y circulada por los medios gubernamentales y las redes sociales de los militantes de PAIS en contra de los compañeros y compañeras dirigentes de las movilizaciones.
Estas consideraciones expuestas plantean que la violencia sufrida por varias personas, todos y todas críticos a las políticas gubernamentales, lejos de ser casuales y aisladas responden a una política represiva del gobierno, que fácilmente puede volverse una política de Estado.
Ahora bien, las agresiones “anónimas” (por ponerles un nombre) como la sufrida por la asambleísta Tibán y la compañera Paulina Muñoz entre otras personas, requieren especial análisis y preocupación por parte de la sociedad, y sobre todo de aquellos sectores sociales que asumen su legítimo derecho a disentir y a resistir al poder gubernamental.
La historia da cuenta de la capacidad que el poder de dominación tiene de instrumentalizar a grupos de la población para ejecutar la “violencia ilegítima”, que se suma a la “violencia legítima” del Estado en el control de la población y de la disidencia política. La violencia para-estatal, que en la mayoría de los casos trabaja con la venia de los gobiernos de turno, es el mecanismo para persuadir con actos de terror a las personas y organizaciones sociales de participar activamente en política, es decir de resistirse y luchar contra el poder que oprime.
Estas espurias prácticas del poder han lastimado a la humanidad, en América Latina agraviaron al pueblo colombiano durante décadas; hoy hieren al pueblo mexicano desapareciendo, torturando y asesinando a sus hijos como fue el secuestro y seguro asesinato de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. El Estado cómplice del salvajismo del poder del cual es parte, cínicamente, responsabiliza de los violentos actos al crimen organizado o a la delincuencia común, como si la sociedad mundial no supiera que tiene absoluta responsabilidad en los crímenes que se cometen ante sus ojos, como si no se supiera que el crimen organizado atraviesa a estos Estados no fallidos, sino expuestos en su razón de ser. Ninguna violencia es legítima menos aún la ejercida por el poder.
Conscientes de estas tristes realidades vividas por pueblos hermanos, y tomando en cuenta que en el país de la última década ya hay tres compañeros dirigentes indígenas anti-extractivistas asesinados “anónimamente”, es nuestra obligación como pueblos responsables de nuestra vida impedir que la violencia estatal y para estatal se imponga en nuestros territorios.
En el Ecuador aún estamos a tiempo de exigir a los gobernantes que investigue y aclare estos actos de violencia. No vamos a creer que las agresiones y los asesinatos cometidos en contra de compañeros y compañeras dirigentes sociales, de periodistas, de disidentes políticos sean hechos de violencia delincuencial. No podemos admitir que el gobierno instrumentalice a sectores empobrecidos de la población o a militantes ciegos como grupos de violencia política.
Sobre todo es tiempo de fortalecer las relaciones sociales comunitarias y vecinales, única posibilidad de resistir y de protegernos de la violencia capitalista estatal y para-estatal que flagela a la humanidad.