Al día siguiente de la segunda vuelta electoral, cuando solo restaba el 0,5% de actas por ingresar al sistema informático del Consejo Nacional Electoral, las cifran indicaban que Daniel Noboa Azín, presidente en funciones, venció a Luisa González, candidata impulsada por el expresidente Rafael Correa Delgado (2007-2017), por una diferencia de cerca de un millón doscientos mil votos, esto es, más del 11% de los votos válidos.
La diferencia es sorprendente. En primera vuelta la brecha había sido de apenas 20 mil votos. Al final de una jornada con una tasa de participación casi idéntica a la de primera vuelta (83%, menos del uno por ciento más), la candidata del correísmo se habría quedado estancada, en 44% de los votos válidos, sin convencer prácticamente a nadie más aparte de los convencidos en primera vuelta, mientras prácticamente todos los votos nuevos se dirigieron a Daniel Noboa, que pasó de 44% a 55%. En realidad, González creció levemente en las provincias de la Sierra, donde perdió abrumadoramente, y decreció en la mayoría de las provincias de la Costa, donde ganó con una diferencia menor a la esperada y a la que nos habíamos acostumbrado en elecciones pasadas.
Sin ninguna prueba directa, la constatación de este comportamiento completamente inusual, junto con la existencia de encuestas que daban otros resultados, llevó a la candidata del correísmo a acusar al gobierno y a las autoridades electorales del “peor y más grotesco fraude de la historia del Ecuador”. Es muy frecuente que los perdedores de las elecciones (el propio Rafael Correa en las elecciones de primera vuelta, en 2006) recurran el argumento del fraude en un país donde nadie le tiene confianza a casi ninguna institución, mucho menos a la institución electoral. Pero luego de 2006, el correísmo nunca esgrimió de nuevo esta acusación. Es un síntoma de la sorpresa que causa un resultado tan extraño.
Al momento de escribir estas líneas, el número de actas con denuncias de irregularidades es muy pequeño y el correísmo desplegó un operativo en el que movilizó a más de 40 mil observadores a las mesas de votación de todo el país, sin que se hicieran denuncias de irregularidades graves ni generalizadas en los recintos. La única posibilidad de un fraude de esta magnitud es que hubiera una alteración del sistema informático al momento de sumar los resultados de las actas. Habrá que esperar que el correísmo haga un conteo independiente de las actas que logró recopilar para ver si hay discrepancias sensibles con el registro informático del CNE. Mientras tanto, hay que decir que un fraude es más difícil de hacer de lo que la desconfianza ciudadana sugiere. Si fuera tan sencillo, ¿por qué no fueron alterados los resultados de primera vuelta, una verdadera conmoción política para Daniel Noboa, y que también motivaron al presidente a hablar de fraude?
Mientras esperamos información creíble sobre posibles irregularidades, podríamos tratar de ensayar algunas explicaciones sobre la base del supuesto que Noboa gana de todas formas con alguna mayoría (quizá más estrecha).
El principal peso muerto del gobierno de Noboa era su mala gestión. A pesar de sus gestos autoritarios y sus bravuconadas, la violencia delincuencial, que había descendido levemente el año 2024, recrudeció gravemente en el primer trimestre de 2025, con las peores cifras de asesinatos de toda la historia. Subió el impuesto al valor agregado de 12% a 15%, aumentó el precio de las gasolinas y fue incapaz de dar una respuesta eficiente ante la crisis del suministro eléctrico a fines del año 2024 con apagones de hasta 14 horas diarias. Es difícil encontrar servicios públicos de salud que funcionen y ni siquiera los documentos de identidad se podían obtener con un mínimo de eficiencia, por no hablar de los programas de atención social en barrios populares y zonas rurales, cuya gestión estaba marcada por la improvisación y la indolencia.
Otra política muy poco popular, recientemente fracasada, fue el intento de entregar la explotación y casi todos los beneficios del mayor yacimiento petrolero del país (el campo Sacha, en la Amazonía) a manos de un consorcio chino, en condiciones incluso peores a las que el correísmo entregó dos campos petroleros a la francesa Schlumberger en 2016 ¿Cómo es posible en semejantes condiciones lograr la reelección o incluso estar cerca de lograrla?
Daniel Noboa puso en marcha una agresiva política asistencial en sustitución de las políticas sociales. Campañas de revisión médica, oftálmica, entrega de medicamentos, alimentos, descuentos en los pagos mensuales de los servicios públicos y sueldos por tres meses a jóvenes, todo a cuenta del Estado y estratégicamente entregados para contribuir a la visibilidad electoral. Entregas directas, individualizadas y sin mediación institucional, no requieren gran maestría para la gestión pública, de la que el gobierno carece. Es conocido que, por esta razón, por la necesidad de cronometrar adecuadamente las entregas asistenciales con la campaña electoral, Noboa se burló impunemente de toda la legislación que lo compelía a pedir licencia en sus funciones durante el tiempo de elecciones o a entregar el comando gubernamental a su vicepresidenta, Verónica Abad, a quien sustituyó usando subterfugios innobles. No obstante, para que el manejo del Estado y sus amplios recursos sean efectivos, la población tiene que aceptarlos con buena disposición. Los más pobres hubieran podido recibir los beneficios, aceptarlos graciosamente agradecidos, y descargar su desconfianza en el gobierno debido al hecho patente y evidente de que no fueron recibidos nunca durante todo el año anterior, sino que solo empezaron a hacerse efectivos en los meses de la campaña electoral. La gente recibe, pero vota por quien le genera más confianza. Gobiernos ineptos y desalmados han perdido muchas elecciones muchas veces a pesar de sus torpes intentos de comprar votos, incluso acompañados de una comunicación muy profesional.
Aquí radica el segundo factor decisivo: la alternativa a Noboa, el correísmo, genera todo menos confianza. En los días anteriores a la elección, la Fiscalía hizo públicas las comunicaciones intercambiadas entre sus altos dirigentes para asegurarse el control de las instituciones de justicia y de supervisión de las cuentas públicas. Profusamente difundidas por la gran prensa, su lectura recordó vivamente las prácticas que le han ganado una turbia reputación.
Luisa González privilegió el ataque repetido contra su contrincante e intercambiaron mutuas acusaciones de colusión con el narcotráfico, al tiempo que competían para convencer sobre quién tendría la mano más dura y el gatillo más fácil contra la delincuencia organizada. Con el propósito de mostrarse más decidida que su contendor, llegó un acuerdo con Jan Topic, excandidato presidencial del derechista Partido Social Cristiano, cuya principal carta de triunfo había sido trabajar como mercenario en varias guerras alrededor del mundo, un moderno Rambo, no muy distinto del que contrató Daniel Noboa en Estados Unidos, Erik Prince, de la empresa Blackwater, promocionado como la solución final a nuestros problemas de seguridad.
En el debate de segunda vuelta fue la más agresiva de los dos y cedió el papel de víctima a su rival. Y ese mismo día se vio forzada a afirmar que reconocería al régimen de Nicolás Maduro, que ni siquiera los gobiernos de centro izquierda reconocen y que la población ecuatoriana juzga responsable de la emigración masiva que puebla las calles y plazas de todas las ciudades del Ecuador. “Una vez que vuelva Correa, ¿quién lo saca?”, me confesó un entrenador de clase media emergente, en clara alusión a la reciente auto-re-elección chavista en Venezuela.
Quedarse pegado a un régimen tan groseramente corrupto y represivo no le hace ningún favor a ninguna opción que se proclame de izquierdas. El problema central no son las acusaciones de todo tipo, desde la conversión de Ecuador en Venezuela o la amenaza de desdolarización, sino las razones por las que son creíbles para un segmento tan amplio de la población. Ambas candidaturas plantearon convocar a una Asamblea Constituyente que les permitiera controlar mejor a las demás funciones del Estado y redactar una carta fundamental con menos incómodas declaraciones de derechos e interferencias institucionales.
La población de la Sierra y de la Amazonía del Ecuador, bastiones tradicionales de los partidos de izquierda, centro-izquierda y del poderoso movimiento indígena, volvió a votar masivamente contra la candidatura de la revolución ciudadana. Poco importó el acuerdo al que llegara Pachakutik, partido ligado a la organización indígena más fuerte del país, forzando el consenso interno más allá de lo recomendable.
En lugar de atribuir esta decisión política a la perfidia y las mentiras de sus adversarios, convendría más a los dirigentes de revolución ciudadana tratar de pensar honradamente por qué razones fueron capaces de generar tan poderosos anticuerpos.
No había ninguna razón para pensar que su vieja obsesión con la promoción de la minería metálica a gran escala, a sangre y fuego, de ser necesario, cedida a grandes empresas chinas o canadienses, fuera diferente de lo que prometía Daniel Noboa. La entrega de pozos petroleros a empresas transnacionales o las amnistías tributarias a los grandes evasores, eran parte de la misma agenda. Desde un punto de vista programático, quizá la diferencia más importante entre ambas candidaturas podría ser el grado de profesionalidad en las políticas de gasto social y quizá una reticencia mayor a la entrega de bases militares para uso de potencias extranjeras.
El resultado agregado del carácter borroso y difuminado de estas diferencias programáticas, sumadas a los enigmas de credibilidad y confianza que aquejan a la candidatura del partido revolución ciudadana fue que su principal ventaja trocó en perjuicio. Noboa era la continuidad; González era el cambio. Noboa era la certeza de la incompetencia; González era la promesa de la eficiencia. Resultó que, dados los antecedentes y la trayectoria política de ambos, Noboa pudo seguir siendo percibido como el político “nuevo”, como un joven presidente de apenas un año de gestión cuyos errores podían disculparse temporalmente y otorgarle por cuatro años más el beneficio de la duda. Puede aprender. La revolución ciudadana es el pasado. Y la izquierda debería ser una opción esperanzadora y viable de otro futuro. Un porvenir distinto y alcanzable.
[1] Docente del área de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar y militante de la Comisión de Vivencia, Fe y Política.