El debate presidencial sigue suscitando una discusión en los diversos espacios públicos. Expuso y evidenció las personalidades de los candidatos presidenciales finalistas y promovió la necesidad de identificar sus orígenes, prácticas recurrentes, calidad de su gestión pública y administrativa, capacidad en el ejercicio del gobierno y sus recorridos políticos, así como los de las organizaciones políticas que los postulan.
Rastrear la trazabilidad de las candidaturas presidenciales nos facilita a los ciudadanos conocerlas más, entender y comprender mejor sus mensajes, proyecciones y énfasis y evaluar sus anunciados cursos de acción, luego de las elecciones definitivas del 13 de abril. En suma, contrastar sus promesas de campaña con su realidad como gobernantes o vinculados a un determinado gobierno. Y evaluar sus recorridos, además de sus congruencias e incongruencias. En otras palabras: recordar, y decidir en bien del país.
Acción Democrática Nacional (ADN) es un movimiento político nuevo. Se define ideológicamente como de centro izquierda, y fue inscrito como un movimiento político el 24 de mayo de 2024. No auspició, por tanto, ni la participación de Daniel Noboa a la asamblea legislativa en 2021, ni su primera victoria presidencial en 2023. Sus objetivos son: la defensa de los derechos civiles y políticos, en el marco del respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos; promover la participación ciudadana en la vida política nacional, así como las políticas que favorezcan el desarrollo económico sostenible y la equidad social; combatir todas las formas de corrupción e impulsar la transparencia en la gestión pública, además de fomentar políticas sociales inclusivas para los sectores más vulnerables.
A pesar de los múltiples esfuerzos por vincularlo con hechos de corrupción o con el narcotráfico, ninguna de las denuncias en redes sociales difundidas por productores de contenidos correistas o fabricadas directamente en sus granjas de troles ha podido ser verificada. Han sido solamente fake news con apariencia de verosimilitud. De lo cual tienen también experiencia desde la SECOM de los hermanos Alvarado.
¿Qué más puedo señalar sobre la gestión de Noboa? Que ha cometido errores y que algunos de ellos pudo evitarlos; que aun adolece de inexperiencia en la administración del estado, a pesar de sus evidentes aprendizajes; que los traspiés en los resultados de su gestión se han magnificado por la falta de planificación y de articulación en sus acciones y decisiones para enfrentar los problemas nacionales; o que ha debido priorizar y seleccionar sus campos de intervención dada la situación de crisis en la que encontró a Ecuador, dejando de lado situaciones complejas y duras para los ecuatorianos. Todo esto incrementado por la inestabilidad en algunos de los altos cargos y la dificultad de trabajar en equipo que ello conlleva. También son reprochables su dificultad para distinguir entre lo público y lo particular y privado.
La actual Revolución Ciudadana (RC) es la heredera del movimiento Alianza País (AP) creado en 2006 y declara como su principal líder al ex presidente Rafael Correa. Adoptó este nombre en su convención nacional del 28 de agosto de 2021 en Montecristi. Hasta ese momento se había denominado Fuerza Compromiso Social. La inicial AP mantuvo este apelativo hasta el triunfo presidencial de Lenin Moreno y su rápido alejamiento de las tesis de Correa. La línea no correista de la AP asumió el nombre de MOVER (Movimiento Verde, Ético, Revolucionario, Democrático) y patrocinó la candidatura de Noboa en 2023. Los militantes de AP fieles a Correa se congregaron en el movimiento Fuerza Compromiso Social. Tan sucesora de Correa se inscribe la RC hoy que hace suyos algunos términos y frases de la AP originaria. Y para no dejar dudas de su adhesión en su ideario demanda la amnistía e indulto para los perseguidos políticos. Se autodefine como una organización de izquierda y recurre a muchas de las frases del ex jefe de Estado. No deja ninguna duda sobre su historial desde el 2007.
Curiosamente, aunque la AP emergió luego de un proceso de participación social y ciudadana, en cuanto su jerarca se instaló como gobernante empezó a perseguir, hostigar y sancionar a líderes sociales y ciudadanos sin importar que varios de ellos lo apoyaron en su carrera electoral. Su afán por desaparecer la participación ciudadana se patentizó con la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un aparato necesario para vigilar y someter a su dominio el funcionamiento de las demás funciones del estado y de varios organismos autónomos.
La AP de principios del siglo suscribió supuestamente un rostro ético. Uno de sus lemas iniciales fue que ellos eran los de las mentes lúcidas, los corazones ardientes y las manos limpias. Un eslogan nada original pues, como lo reseñó Antonio Rodríguez Vicens en su columna de El Comercio en 2012, la frase de la RC “de la leyenda que asombró al mundo” al decir de su caudillo presidente, fue creada por el soviético Stalin y sus seguidores. Una copia que además se alejó de su sentido desde muy temprano como lo demuestran los casos de corrupción que publicó @revistaPlanV el 9 de junio de 2019 bajo el título Los «trece de la fama»: el prontuario del correísmo, que retrata a los 13 jerarcas de la RC o de la AP enjuiciados y sentenciados en algunos casos por “asociación ilícita, tráfico de influencias y concusión”. Por corrupción en palabras simples.
En 2017, exactamente el 27 de diciembre dos respetables analistas, Alberto Acosta y John Cajas publicaban en La línea de fuego un estudio sobre el costo de la corrupción en los 10 años de correato. “AVANZAMOS PATRIA… A GALOPE DE CORRUPCIÓN: recordando lo que el correísmo se llevó” titularon su trabajo. El monto que establecieron fue superior a los 35 mil millones de dólares entre “coimas, sobreprecios en contratos públicos, evasión tributaria, por comisiones en exportación de petróleo y en importaciones de derivados, deuda pública y gasto corriente”. Una cifra que, a juicio de estos dos economistas, equivalía al monto oficial de la deuda externa pública registrado hasta noviembre de 2017. Entre los ejemplos que examinaron constaron las preventas petroleras, sobreprecios, derroche en obras y empresas públicas, perjuicios al IESS, ventas fraudulentas, sobornos, entre otros. Como es posible advertir, la AP y la RC tienen experiencia en estos abusos, saqueos señalan los autores, pues se llevaron “hasta la esperanza”.
Varios de los casos expuestos por Acosta y Cajas constan en el Museo de la corrupción, un especial multimedia publicada por @revistaPlanV para mantener la memoria social sobre el flagelo de la corrupción desde los altos cargos de gobierno.
Imposible finalizar este rastreo sin mencionar el ambiente de violencia que Ecuador vivió durante la década perdida, cuando el gobierno en funciones denominaba a Ecuador como una isla de paz. ¿Cuánto de la violencia actual fue incubado precisamente en aquellos años?
Esas cifras fueron divulgadas por el investigador Arduino Tomasi y por el experto en derechos humanos y vicepresidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU Juan Pablo Albán, en @revistaPlanV, y hoy son parte del informe de la comisión legislativa de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, aprobado el 25 de marzo.
Entre 2008 y 2017, conforme la información de Tomasi, 7.379 muertes violentas no fueron registradas correctamente en las estadísticas nacionales. Esto significó, como consta en el informe legislativo, “una omisión sistemática en la tipificación penal de homicidios. La mayor concentración de estos registros coincide con el período de gobierno del expresidente Rafael Correa, durante el cual las cifras oficiales mostraron una caída “histórica” en los homicidios. Esta baja se logró —según Tomasi— mediante una reclasificación irregular de crímenes violentos, desviándolos a categorías ambiguas como muertes de «intención no determinada», convalidada por el INEC, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado”.
Ese horror se muestra también en los números sobre desapariciones señaladas por Albán. Entre 2011 y 2013 “hubo más de 17.000 denuncias y 4.500 casos no resueltos. Y (…) entre 2014 y 2018 se registraron más de 48.000 denuncias de desapariciones, 48.633 para ser más exactos”. El informe de la comisión legislativa concluye que son “desapariciones con patrones propios del crimen organizado, sin respuesta estatal efectiva”.
¿Qué esperar, entonces, de ambas candidaturas? De la del presidente Noboa cabe una expectativa positiva. Luce promisoria. No tiene un fardo que cargar sobre sus hombros ¿Y de la de la candidata González? A más de estar enlazada con la trayectoria de sus auspiciantes, en especial con la de su mentor, ¿qué experiencia, formación y conocimiento propios posee? ¿Merece la confianza ciudadana?