La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, establece en el artículo 25 que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
En tanto, el Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”.
De los conceptos universal y nacional indicados se desprende que el acceso a la salud es un derecho humano fundamental, quizás el más importante de todos, porque sin salud no hay vida ni bienestar humano.
Por lo tanto, para que sea una realidad ese principio se requiere que los hospitales públicos y privados, así como los centros de salud del país, deben disponer de profesionales médicos, enfermeras y técnicos capacitados, además de los equipos necesarios de rayos X, tomógrafos, intensificadores de imagen, de resonancia magnética y dentales, entre otros.
El acceso a la salud es un derecho humano fundamental, quizás el más importante de todos, porque sin salud no hay vida ni bienestar humano.
Para lo anterior, el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, el 26 de junio del año 2024 emitió el Decreto Ejecutivo 312 mediante el cual dispuso que en el plazo de 90 días “todas las unidades de salud del país operativicen los equipos de diagnóstico, tomógrafos, rayos X, ecógrafos y monitores, garantizando su correcto funcionamiento y disponibilidad para la atención de la ciudadana”.
Sobre el Decreto Ejecutivo mencionado, las propias autoridades de salud reconocieron que el plazo de 90 días otorgado por el presidente Noboa para el equipamiento de los hospitales no ha podido cumplirse hasta la fecha.
De acuerdo con una carta recibida por el suscrito desde el Ministerio de Salud Pública, el Estado ecuatoriano ha dispuesto USD 6’106.472 para el equipamiento de los hospitales y centros de salud.
A pesar de lo anterior, todavía faltan los equipos ofrecidos por el presidente Noboa, pues, a modo de ejemplo, en el Hospital Docente de Calderón sigue dañado el equipo de rayos X, lo mismo sucede en el centro de salud de la Mitad del Mundo.
En Ecuador existen 44 hospitales públicos, que sumados a los centros de salud daría un total de aproximadamente 180 unidades estatales.
En cuanto a mi experiencia, por un accidente cuando me caí de un trolebús, pasé por tres hospitales públicos y dos privados a partir de diciembre del año 2018. Estuve en coma dos meses y fui desahuciado en tres oportunidades, hasta que al fin fui diagnosticado con una osteomielitis que terminó con la extracción del hueso fémur de mi pierna izquierda, que fue reemplazado por una prótesis en el Hospital Docente de Calderón por la traumatóloga Gabriela Ramos Ron. Si el accidente me hubiera pasado en Vilcabamba, Misahuallí o Macará, muy probablemente yo estaría muerto.
En una entrevista periodística publicada por el medio Primicias, en noviembre pasado, el ex ministro de salud del gobierno del presidente Noboa, Dr. Antonio Naranjo, afirmó que en los hospitales públicos existen mafias que mandan a pacientes a hospitales privados, tema que está sancionado por el Art. 422, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, que indica: “Deberán denunciar quienes están obligados a hacerlo por expreso mandato de la Ley, en especial…: 2. Las o los profesionales de la salud de establecimientos públicos o privados, que conozcan de la comisión de un presunto delito”. Entonces, los profesionales corruptos tienen que ser denunciados y de ninguna manera dejarlos pasar en actos ilícitos.
A propósito de mafias y corrupción, luego del terremoto del 16 de abril de 2016, que azotó especialmente al cantón Pedernales, en esa localidad se inició la construcción de un hospital básico. Pero por los problemas señalados, la obra hospitalaria recién fue inaugurada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, el 4 de octubre del 2023, es decir su construcción demoró siete años, hecho que nunca más debiera volver a producirse en el país.
Ahora ha surgido un nuevo problema de salud en el Ecuador, se trata de pacientes con problemas renales que no están recibiendo la atención a su enfermedad por la paralización de los tratamientos en las clínicas especializadas por la falta de pagos estatales a esas entidades. Enfermos renales están saliendo a las calles gritando a todo pulmón “diálisis es vida, queremos vivir”, al tiempo que han presentado acciones de protección para lograr ser atendidos como corresponde.
Otro tema recurrente en los hospitales y centros de salud es la falta de medicamentos para atender a los pacientes, por lo cual muchas veces deben gastar ingentes sumas de dinero en esos insumos, e incluso en guantes y en instrumentos quirúrgicos.
Un problema adicional ocurre en los tres hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Quito, cuyos pacientes deben hacer largas filas para recibir atención, a lo que se añade la falta de medicamentos y la carencia de un presupuesto adecuado para su correcto funcionamiento y una buena atención.
En declaraciones a Primicias, publicadas el pasado 27 de abril, la gerente del hospital Carlos Andrade Marín, Lidia López, afirmó que médicos de esa unidad hospitalaria han sido sancionados por no entregar medicinas, hecho que es inaceptable y debe ser evitado a toda costa. Para descubrir las mafias que entorpecen la atención a la ciudadanía en los hospitales del IESS en Quito, se encuentran en esas dependencias policías y militares de civil.
Después de este breve análisis, queda claro que el gobierno nacional tiene una gran tarea para mejorar la atención en los hospitales y centros de salud del país, empezando por su adecuado equipamiento.
Sin salud y sin los equipos necesarios que se utilizan en los hospitales y centros pertinentes no existe nada para la población, porque este es el derecho más importante para los seres humanos.
En buena hora que el Ecuador pueda mejorar su sistema sanitario, tarea en la que todos deberíamos comprometernos para alcanzar esa meta.