Con el liderazgo de la fiscal Diana Salazar la Función Judicial está haciendo sentir su peso en el estado de derecho, sometido éste al imperio de las intrigas del poder y produciendo un desbalance entre las funciones del estado. El pacto entre la RC, el partido socialcristiano y ADN responde a criterios ajenos al derecho. Lo que puede valer para obtener algo de gobernabilidad es contrario a la práctica de la justicia.
Se ha dicho, y con razón, que la vida de la fiscal está en riesgo, tanto como lo está la vida de la democracia. No cabe que la democracia tenga como único soporte turbios acuerdos teñidos de doblez. En éstos no rige la razón ni la ética. Obrar en contra de lo que se siente y cree, es la divisa de una práctica política que indulta la corrupción.
La lucha de la fiscal, ceñida al derecho, muestra hasta qué punto la práctica que envilece la política es responsable de la penetración de la delincuencia organizada en las instituciones del estado. Los infractores apelan a las artimañas políticas para burlar a la justicia. Diana Salazar reivindica la institucionalidad, pero desde el derecho. La escrupulosidad de sus investigaciones llevadas a cabo con el apoyo de un equipo multidisciplinario es la base de procedimientos probos que respetan el debido proceso. Las sentencias condenatorias decididas con evidencias irrefutables no son expresión de persecución política.
Los condenados no rebaten las acusaciones en el plano jurídico sino recurren a argumentos ajenos al derecho o a instancias internacionales que tienen otras competencias y no las de un tribunal penal. Con ello pretenden sorprender a una ciudadanía poco informada. Por eso, la ciudadanía que no se halla representada por partidos con muy baja credibilidad, debe diferenciar entre lo que compete al ámbito político de lo que es pertinente en el campo del derecho. La estrategia de llevar los casos que se ventilan en la justicia al campo político pretende menoscabar el estado de derecho, haciendo que en él no imperen los principios jurídicos sino la discrecionalidad política.
Bien hace la fiscal general en mantenerse al margen de la confrontación política. Ella antepone lo institucional a lo personal. Está consciente de que su tarea no puede mezclarse con apetencias electorales. Al evitar que la administración de justicia se contamine con intereses y objetivos venidos del mundo de la micropolítica vinculada al narcotráfico, la fiscal está contribuyendo para un sano equilibrio entre las tres funciones del estado. Los pesos y contrapesos, propios de un régimen de derecho no pueden sancionar la imposición de las funciones políticas sobre las judiciales.
Diana Salazar nos está dando una lección de democracia y mostrando el camino de su recuperación. El imperio de la ley propio de un régimen genuinamente democrático no se produce por sí solo.
Requiere del ejercicio firme de la autoridad sin estridencias, pero con conocimiento y capacidad de mando, de un genuino liderazgo.
La práctica inaugurada por la fiscal debería extenderse a la investigación de los abusos de poder en el ámbito político. Sin afán persecutorio sino con el objetivo de desterrar de la política, la ignorancia, la irresponsabilidad y la ineficiencia. Y la falta de ética. El CNE debe asimilar esta ejemplar lección para depurar a la partidocracia que termina, en ocasiones, postulando a narcotraficantes o a testaferros.
La mejor manera de proteger la vida de Diana Salazar es impidiendo que la corrupción y la impunidad se naturalicen en la sociedad. Ello implica, también, jugarnos como ciudadanos, dejando a un lado el conformismo y la pasividad.