En el patrón climático que teníamos, abril aguas mil, era un refrán que calzaba bien. Ahora, frente a la crisis climática, este patrón está muy desdibujado. Lo que se cumple cada vez con más profundidad es lo de abril crisis mil en muchos ámbitos de la vida, no solo el ambiental.
En Ecuador abril ha transcurrido con hechos aterradores, vinculados con la violencia y la inseguridad; hechos indignantes relacionados con ilegalidades socioambientales que hacen caso omiso de la voluntad popular y atropellan la Constitución; aunque también hay hechos, dentro y fuera del país, que nos invitan a celebrar.
Reflexionemos sobre acontecimientos preocupantes que requieren atención urgente en relación con la democracia socioambiental y con los compromisos asumidos por el país para garantizar la justicia ambiental y algunos otros temas que se han levantado en el mundo. A la par se dan celebraciones y llamados a la reflexión para mejorar nuestra vida en la Tierra.
Deterioro acelerado de la defensa socioambiental
En la reciente reunión del Acuerdo de Escazú, el 17 de abril, más de treinta organizaciones ecuatorianas alertaron que Ecuador participó sin implementar el tratado y, peor aún, adoptando medidas que contradicen sus principios fundamentales.[1] El pronunciamiento señaló un deterioro acelerado de la democracia ambiental y un contexto adverso para quienes defienden los derechos humanos y de la naturaleza. El documento destaca que existe un incumplimiento sistemático del Acuerdo y que el país ha tomado medidas en dirección contraria a sus disposiciones y principios:
- Se ha profundizado un modelo extractivista, que prioriza la minería y petróleo y energía sin proteger derechos indígenas, afrodescendientes, campesinos ni los Derechos de la Naturaleza.
- La Fusión del Ministerio del Ambiente con Energía y Minas (Decreto 60) subordina la regulación ambiental a intereses extractivos.
- Hay un debilitamiento de los mecanismos de control ambiental. La política de austeridad ha reducido capacidades de vigilancia y hay preocupación en relación a que ocho relatorías de la ONU advirtieron que esta política está desmantelando la capacidad del Estado para proteger el ambiente, y que cada recorte abre la puerta a más vulneraciones de derechos.
- Existe una falta de normativa, constitucionalmente válida, para la consulta previa y ambiental. La normativa vigente fue declarada inconstitucional y no ha sido reemplazada. No se cumplen sentencias como la del apagado de mecheros o el mandato del Yasuní.
- Hay una aprobación acelerada de leyes que flexibilizan estándares ambientales y permiten inversión en áreas protegidas, debilitan la consulta previa, afectan a las organizaciones sociales. Estas normas han sido impugnadas sin que la Corte Constitucional las haya tramitado. El documento alerta sobre ataques del Ejecutivo y persecución desde otros órganos de control.
- La nueva normativa impone controles excesivos y limita la incidencia pública. Hay un cierre del espacio cívico y restricciones a organizaciones sociales.
- Existe criminalización y persecución de personas defensoras ambientales. Se documentan estigmatización, procesos penales sin sustento, uso de fuerza militar y obstáculos en el acceso a la justicia.
- La inacción de la Defensoría del Pueblo da cuenta de que la institución está debilitada y no ha actuado frente a las vulneraciones.
Las organizaciones afirman que Ecuador no cuenta con las garantías institucionales ni la voluntad política necesarias para implementar el Acuerdo de Escazú. Señalan que la comunidad internacional debe exigir que el país cumpla sus compromisos y fortalezca la justicia ambiental en la región.
Recordemos que el Acuerdo de Escazú fue suscrito el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, luego de un proceso iniciado en Río+20 (2012) y negociado durante cuatro años por 24 países. Ecuador lo firmó en 2018 y lo ratificó en 2020. Escazú representa un compromiso directo con la transparencia, la participación y la protección de quienes cuidan la naturaleza. Su implementación es clave para enfrentar conflictos socioambientales, fortalecer la justicia ambiental y garantizar que las decisiones sobre el territorio se tomen con información completa y participación efectiva de las comunidades.
Este es el instrumento más importante de la región para fortalecer la participación ciudadana y la protección de quienes defienden los territorios. Establece obligaciones claras para que los Estados garanticen información ambiental accesible, procesos participativos reales y justicia efectiva frente a daños ambientales, además de ser el primer tratado del mundo que incluye disposiciones específicas para proteger a personas defensoras del ambiente; un punto crítico en la región más peligrosa para ejercer esa labor.
Si a lo dicho sumamos, el sistemático irrespeto de la voluntad popular que ordena parar actividades mineras y petroleras, la situación de la democracia, en general, es cada vez más precaria.
Hay una aprobación acelerada de leyes que flexibilizan estándares ambientales y permiten inversión en áreas protegidas, debilitan la consulta previa, afectan a las organizaciones sociales.
Resuenan las heridas abiertas de los territorios
El Foro Permanente para los Pueblos Indígenas de la ONU se realiza cada año en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York; en 2026 celebra su 25º período de sesiones del 20 de abril al 1 de mayo. Este es el espacio global más importante de diálogo entre pueblos indígenas, Estados y organismos internacionales.
La voz de Ecuador llegó envuelta en contradicciones: un discurso oficial que habló de derechos, salud intercultural y fortalecimiento de las mujeres indígenas, mientras en las intervenciones de los representantes indígenas resonaban las heridas abiertas de los territorios. Líderes y lideresas indígenas recordaron que la vida en sus comunidades se juega en un escenario complicado: donde la salud se sustenta en la salud del territorio, donde la criminalización pesa sobre quienes defienden el agua y la Naturaleza, y donde la consulta previa sigue siendo una promesa incumplida.
En su intervención, Patricia Gualinga resaltó que los sistemas de vida indígenas —como el Kawsak Sacha del Pueblo Sarayaku, que reconoce a la selva como un ser vivo— son esenciales para conservar los bosques y sostener la acción climática, pues allí donde los pueblos habitan, los territorios permanecen en pie. Denunció que la economía verde y la expansión minera y petrolera siguen amenazando a las comunidades y debilitando sus aportes, y subrayó que la participación indígena en la acción climática debe ser real y vinculante, no simbólica. También señaló que, aunque Ecuador reconoce los Derechos de la Naturaleza, se necesitan fallos judiciales firmes que los hagan valer en los territorios donde la vida —humana y no humana— está en riesgo.
Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani de Ecuador – Nawe, destacó en su intervención que el pueblo ecuatoriano decidió en la consulta popular de 2023 que el petróleo del Yasuní debía quedarse bajo tierra, un mandato histórico que —según señaló— el gobierno no ha cumplido, pese a ser una expresión directa de la voluntad popular y un compromiso con la vida de los pueblos indígenas y la protección de la Amazonía.
Luis Canelos, en nombre de Pakiru y de los Pueblos Indígenas de Pastaza, advirtió que la ronda suroriente y la subandina impuestas sobre sus territorios no traen desarrollo sino conflictos, contaminación y un impacto desproporcionado sobre las mujeres, cuyos cuerpos y vidas son las primeras en resentir la violencia ambiental y social. Señaló que frente al extractivismo las zonas se militarizan y que las comunidades enfrentan criminalización por defender su territorio, por lo que exigió respeto a la libre determinación y al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Canelos llamó a declarar estas áreas como zonas de exclusión del extractivismo, afirmando que es una cuestión de salud, de vida y de dignidad para las mujeres y los pueblos amazónicos, y cerró con un mensaje contundente: ¡No más petróleo en la Amazonía!
Líderes y lideresas indígenas recordaron que la vida en sus comunidades se juega en un escenario donde la salud se sustenta en la salud del territorio, la criminalización pesa sobre quienes defienden la Naturaleza, y la consulta previa es una promesa incumplida.
La democracia ecuatoriana vive tensión profunda
En este abril crisis mil se siguen profundizando las amenazas a la democracia en el país.
En la última consulta popular, el país se pronunció con claridad: ratificó la vigencia de la Constitución de 2008, que protege la soberanía, los bienes comunes y los Derechos de la Naturaleza, prohibiendo los arbitrajes internacionales. Sin embargo, las decisiones más recientes del gobierno —el Acuerdo con los Emiratos Árabes y el Acuerdo Comercial Recíproco con Estados Unidos— avanzan en sentido contrario a esa voluntad popular, al igual que el TLC con Canadá que el gobierno busca suscribir.
El TLC con los Emiratos abre la puerta para que empresas y fondos extranjeros puedan demandar al Estado ecuatoriano ante tribunales de arbitraje, un mecanismo que históricamente ha sido utilizado para presionar a los países del Sur y frenar regulaciones ambientales o sociales. Esto, según organizaciones críticas del acuerdo, pone en riesgo el agua, la tierra, la energía y los bienes públicos, pilares de la soberanía nacional. Defender la soberanía es defender los derechos colectivos y de la naturaleza.
El Acuerdo Comercial con Estados Unidos y el TLC con Canadá abre la puerta a productos alimenticios, incluidos muchos ultraprocesados, lo que deja en desventaja a la producción nacional. Los campesinos y pequeños agricultores deberán competir con mercancías provenientes de mercados altamente subsidiados, mientras en Ecuador se produce sin apoyos equivalentes. Estos riesgos también se presentan frente a la firma del TLC con Canadá.
En paralelo, se impulsa la ampliación de la minería, una actividad que requiere grandes volúmenes de agua y que podría comprometer la calidad y disponibilidad del recurso para comunidades y ciudades. Diversos colectivos advierten que estos acuerdos comerciales no buscan proteger el patrimonio natural ni los territorios, sino flexibilizar las salvaguardas ambientales y sociales que el país ha construido con décadas de lucha.
Señales de esperanza
En este contexto de saqueo ecológico, criminalización de la protesta social y un planeta que se desinfla y sufre cada día más atentados contra la naturaleza, sus territorios y pueblos, también se levantan señales de dan esperanza y que hay que potenciar y replicar:
El Premio Goldman, nació en 1989, en San Francisco, como un reconocimiento anual a defensores ambientales de base que arriesgan su vida para proteger territorios, ecosistemas y comunidades. Este año, el Premio Goldman tuvo rostro de mujer. El 20 de abril, seis mujeres, seis territorios, seis batallas en cada continente fueron premiadas, como un corazón que late con el mismo pulso: defender la vida incluso cuando el mundo insiste en empujarla al borde.
Desde el Magdalena colombiano, Yuvelis Morales emergió como quien vuelve del agua con una verdad en las manos: que un río herido puede despertar a un pueblo entero. Ella es una joven lideresa afrocolombiana que logró frenar la entrada del fracking comercial en Colombia tras años de organización comunitaria, denuncias públicas y resistencia frente a grandes petroleras. Su activismo comenzó después de un derrame de crudo que devastó el río Magdalena, donde ella creció. Yuvelis es jueza del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, un papel que encarna su convicción de que los ríos, los bosques y los territorios son sujetos vivos con derechos que deben ser protegidos. Y en la premiación concluyó con palabras potentes: “pescando sueños de paz en ríos de vida…”
En mundo se expanden otras voces de esperanza. En Nigeria, Iroró Tanshi siguió el eco de un murciélago casi extinto y, al encontrarlo, encontró también la certeza de que una sola especie puede sostener un bosque entero. Desde Corea del Sur, Borim Kim fue reconocida porque convirtió la ley en un territorio fértil, demostrando que la justicia también puede ser un acto de siembra. Sarah Finch, en el Reino Unido, sostuvo durante años una antorcha encendida frente a la sombra del petróleo, hasta que un tribunal reconoció que el clima también tiene voz. En Papúa Nueva Guinea, Theonila Roka Matbob caminó sobre tierras marcadas por décadas de extracción y logró que una minera gigante aceptara mirar de frente el daño causado. Desde Alaska, Alannah Acaq Hurley defendió la ruta ancestral del salmón, como quien defiende la memoria de un pueblo entero, deteniendo una mina que amenazaba con borrar siglos de abundancia.
Ellas se pusieron de pie donde otros pisotearon y lastimaron a la Tierra. Ellas enfrentaron a gobiernos, corporaciones y estructuras de poder para proteger ecosistemas vitales y los derechos de sus comunidades. Sus historias nos recuerdan que la defensa de la Naturaleza es también una forma de amar, de cultivar futuro, de decir que todavía es posible cuidar lo que nos cuida.
La transición energética es una decisión ética
La Conferencia por la Transición de Territorios Libres de Combustibles Fósiles tuvo lugar en Santa Martha, Colombia, del 24 al 29 de abril y dejó un mensaje claro: el mundo no puede seguir sostenido por el petróleo, el gas y el carbón. Gobiernos, pueblos indígenas y organizaciones coincidieron en que la dependencia fósil profundiza desigualdades, militariza territorios y amenaza la vida de quienes los habitan.
Se habló de zonas libres de combustibles fósiles, de proteger ecosistemas y culturas que hoy sostienen la resiliencia del planeta y de una transición que debe ser justa y real, no solo declarativa. Las voces indígenas recordaron que donde sus pueblos siguen en pie, también siguen en pie los bosques y los ríos y exigieron respeto a la autodeterminación y al consentimiento libre e informado.
Las voces de Santa Marta son un llamado, un recordatorio y una alerta de que la transición energética no es solo técnica: es una decisión ética sobre cómo queremos vivir en el planeta que aún nos sostiene.
Un llamado a cuidar la Tierra
El Día de la Tierra, se conmemoró el 22 de abril. Este es un día para reflexionar, no para celebrar. Un día que debe recordarnos que la nuestra casa está herida y que seguimos viviendo sin escuchar su respiración entrecortada. Este día nos hace un llamado a reconocer lo que se ha roto: ríos desviados, bosques talados, territorios fracturados, comunidades atropelladas.
Hoy la Madre Tierra nos obliga a escuchar las voces de quienes por décadas han sido silenciados por defenderlas: pueblos indígenas, comunidades rurales y urbanas, organizaciones ecologistas y ambientales. Necesitamos mirar lo que aún late: los refugios de vida, los territorios que resisten, los cuerpos que cuidan. Este día nos hace un llamado a cuidar, como práctica cotidiana: cuidar el agua que bebemos, el suelo que pisamos, los vínculos que sostienen la vida. Cuidar también es renunciar, reparar, regenerar, dejar de tomar lo que no nos corresponde.
Ecuador, siendo el primer país que reconoció los Derechos de la Naturaleza, sigue abriendo heridas extractivas. Un país que votó por proteger el Yasuní, pero que aún lucha para que ese mandato se cumpla. Un país donde la Tierra es sagrada para muchos pueblos, pero tratada como mercancía por quienes deciden.
En este país dónde la democracia está vulnerada, no se respeta el espíritu del Acuerdo de Escazú y las denuncias de los pueblos indígenas llegan, una vez más, hasta el Foro Permanente de la ONU, esperando reacciones justas. Estás señales duelen, muestran un país donde las decisiones avanzan sin diálogo y donde los territorios siguen cargando el peso de políticas que no los consideran.
Al mismo tiempo, el reconocimiento internacional a seis mujeres con el Premio Goldman recuerda que la defensa de la vida sigue viva en los territorios, que la valentía puede cambiar el rumbo del mundo. La Conferencia por la Transición de Combustibles Fósiles mostró que ya existen países y pueblos dispuestos a imaginar un futuro más allá del petróleo. Y el Día de la Tierra volvió a recordarnos que la esperanza no es ingenua: es una responsabilidad.
Entre alertas y celebraciones, una certeza se abre paso: la defensa de la democracia, de los territorios y de la vida no es un gesto aislado, sino un movimiento que crece y que invita a tejer entre si todas acciones y luchas. Allí donde se levanta una denuncia, nace una esperanza. Allí donde se hiere la vida, los territorios despiertan y hablan fuerte.
[1] Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador y organizaciones firmantes. (17 de abril de 2026). Alerta: Ecuador se acerca a la COP4 de Escazú sin implementar el Acuerdo y en contradicción con sus obligaciones en temas ambientales. Pronunciamiento público.