La aprobación de las leyes para la lucha contra el crimen organizado se dio sin la suficiente discusión. La bancada de ADN aplicó la práctica de la aplanadora y así se aprobaron esas leyes de manera apresurada. No se la puede, entonces, calificar de una victoria del oficialismo. Tales leyes contienen normas que implican cambios en el orden jurídico que no se compadecen con principios que limitan el uso de la fuerza. Crean un clima de miedo social que se suma al proveniente de la delincuencia. La población, por tanto, se enfrenta tanto a ésta como al orden impuesto por la ley de solidaridad y la de la inteligencia.
El sacrificio de la libertad por la seguridad vulnera los principios en los que se asienta la democracia sin que haya la certeza de que la aplicación de este nuevo régimen de los resultados esperados. El énfasis puesto en el uso de la fuerza estatal contra el terrorismo delincuencial no toma en cuenta las causas económicas y culturales que están detrás de los trastornos que minan la cohesión social y que no solamente obedecen al entramado del narcotráfico. De ahí que era necesario recoger todas las opiniones que se vertieron en la prensa y otros medios, y no limitarse a. obtener una aprobación cuantitativa en la Asamblea.
La democracia se fortalece en la conversación pública, para que las leyes cuenten con la legitimidad necesaria y contemplen aspectos que rebasan el contenido de las leyes aprobadas. La seguridad es un problema multidimensional. No cabe restringirla a una sola dimensión.
En una nota escrita por Sara María Garaicoa, en Cartas de Lectores del diario Expreso, la autora traza una radiografía del país, revelando una sociedad carente de valores, de respeto, compromiso y disciplina. “Cuando se vive en una casa sin cimientos morales sólidos se vive con el temor de que se derrumbe. Para producir frutos, el árbol ha de tener raíces fuertes y cuanto más alto es un edificio, más fuertes serán sus cimientos”. La autora cita la comisión de actos de corrupción en distintas esferas. El trueque de infracciones con coimas. Padres de familia que ofrecen regalos a cambio de notas para que sus hijos pasen de año. Coimeamos sin límites para salir de apuros. Se ha generalizado el desentendimiento de los deberes como ciudadanos. Es una crisis de vida, de ausencia de valores éticos y morales. Estamos, dice, frente a un cáncer social, donde la corrupción cunde por todos lados y los hombres despilfarran su libertad.
A ello, por cierto, se ha agregado la violencia criminal de una delincuencia que detecta este deterioro ético y se aprovecha de la ausencia del Estado para reclutar colaboradores y aliados en distintas instancias de la vida pública y privada. No solo usa las armas y siembra terror en la población, sino que se da modos de atraer a los sectores más vulnerables a su lado. Esta delincuencia se ha profesionalizado y ha puesto a la defensiva a la fuerza pública. Dispone de una organización que compite con la del Estado. Policías y militares en muchos casos son también víctimas de las embestidas de bandas, que tienen la iniciativa en el conflicto armado interno y a las que la fuerza militar del Estado se limita a repeler en forma reactiva.
Es necesario que el Estado vuelva a reconstituir los cimientos del Estado de Derecho. Depurar la justicia, y recuperar la dirección de la sociedad. Ello no se puede lograr mediante el uso de la fuerza solamente. Se necesita que el Estado vuelva a tener gobernabilidad en los territorios asediados por las mafias y recuperar la adhesión en una población desencantada y confundida.
El poder criminal se vale de sutiles estrategias para infiltrarse en el Estado y aprovechar su ausencia para erguirse como una alternativa a la falta de oportunidades para los sectores más vulnerables de la sociedad. Ello exige que el gobierno se fije metas para cubrir los déficit en la dotación de recursos básicos no solo materiales sino éticos. Supone recuperar la confianza en la justicia y el derecho para lo cual el gobierno debe usar su poder para crear vínculos intersubjetivos en la población para que el desaliento y desencanto que priman en ella cedan a otras miradas nacidas de la libertad y no del miedo.
El gobierno debe pensar en elaborar una pedagogía social que logre conectar los principios constitucionales abstractos con la realidad. Y a aprender de la historia. El país surgió de la libertad y no del terror. Esa es la diferencia entre García Moreno y Eloy Alfaro. La democracia en el Ecuador fue posible gracias al liberalismo. No cabe, por tanto, retroceder en el camino recorrido desde 1895. Hay que avanzar y no temer a la libertad. Solo así se puede desarrollar una ética del esfuerzo individual y colectivo.
Esa pedagogía debe apoyarse en las instituciones educativas: escuelas, colegios, universidades, medios de comunicación, y formar un colectivo que contrarreste la indolencia social para dar a la sociedad cimientos sólidos sobre los cuales pueda reconstituirse un estado que consiga el respeto de la población. Esta acción cooperativa requiere del liderazgo del Estado, que no puede limitarse a declarar la guerra al crimen organizado sino ir a las raíces del problema para armar una estrategia tan o más sutil que la desplegada por las mafias. Con dos objetivos: cohesionar a la población asediada por la delincuencia y proteger a la población más vulnerable que ve que puede tener oportunidades de vida colaborando con esa maquinaria criminal.
Si el Estado se desentiende de esta responsabilidad, se vuelve cómplice de tal maquinaria.