La Corte Constitucional acaba de corregir una de las peores aberraciones jurídicas del correato: haberle concedido al Estado la condición de titular del derecho al honor, a la información veraz y a la rectificación. Únicamente la perversidad de un operador judicial como Alexis Mera pudo inventarse una figura que tritura los derechos más elementales de los ciudadanos en nombre de una abstracción. ¿Qué dignidad puede tener un ente impersonal como el Estado?
El episodio motivo de la rectificación tiene plena correspondencia con el personaje. Como hombre de confianza de la administración municipal de León Febres Cordero, Mera aprendió al dedillo la lógica de la vulneración de los derechos ciudadanos en beneficio del poder político. Desde esta mirada, la supuesta supremacía del representante político (léase también funcionario público) no puede verse entorpecida por la demanda democrática de la sociedad, ni por un individuo común y corriente ni por una organización social.
Esta concepción autoritaria y excluyente del poder ha tenido un monstruoso correlato en el tema de los derechos humanos. Con el propósito de desacreditar las interminables denuncias de violación de esos derechos durante el régimen socialcristiano, sus juristas de bolsillo se idearon la noción de violación de derechos humanos por parte de los delincuentes comunes. Por arte de este birlibirloque jurídico se pretendió equiparar un simple asalto callejero con la tortura y las desapariciones perpetradas por instituciones del Estado autorizadas a ejercer el monopolio de la fuerza.
Únicamente la perversidad de un operador judicial como Alexis Mera pudo inventarse una figura que tritura los derechos más elementales de los ciudadanos en nombre de una abstracción. ¿Qué dignidad puede tener un ente impersonal como el Estado?
En esencia, se trató de una leguleyada para blindar al poder de turno, maquillar los crímenes de Estado y proteger a los funcionarios que cometieron excesos de toda índole. Como contrapartida, se dejó a la ciudadanía en total indefensión frente al Leviatán.
Hobbes desarrolló la teoría de la superioridad absoluta del Estado. El fascismo italiano completó el engendro sacralizando al Estado. Bajo esta doctrina, una persona que por cualquier medio (político, jurídico o cultural) cuestionaba esa dominación no solo incurría en un delito, sino que cometía un sacrilegio.
Hanna Arendt, en su extenso trabajo sobre el totalitarismo, sostiene que uno de los principales éxitos de estos regímenes fue el sometimiento espiritual de los pueblos. Los ciudadanos fueron convertidos en feligreses del Estado, en devotos de la autoridad, en fervientes renunciantes a sus derechos personales en favor de un proyecto subliminal.
Por esta razón, justamente, la Corte Constitucional ha revocado las sentencias emitidas en 2012 y 2013 en contra del diario La Hora, con el argumento de que “desnaturalizan el objeto de la acción de protección”. Es decir, porque invierten los principios. La Corte cuestiona que los jueces que emitieron estas sentencias espurias privilegiaran la protección del Estado en desmedro del derecho de un periódico, cuando su intervención debía manifestarse precisamente a la inversa.
Pretender que la sociedad renuncie a sus derechos en favor del Estado ha sido el sueño de los autoritarismos modernos. Con demasiada frecuencia, en este proceso se hacen a un lado los pormenores ideológicos y se prioriza la selección de los instrumentos. Gobiernos autocalificados de izquierda pueden coincidir en los mecanismos de control social con las más conspicuas dictaduras de derecha. Hay dogmas del fascismo que se vuelven una tentación. Por ejemplo, la ley de comunicación con la que el correato quiso silenciarnos.