La desnutrición crónica infantil suele entenderse como un problema de alimentación. Sin embargo, también revela algo más profundo: las desigualdades territoriales que condicionan las oportunidades de crecer con salud en Ecuador.
Imaginemos cinco niños nacidos el mismo año en diferentes provincias del Ecuador: Santa Elena, Guayas, Pichincha, Morona Santiago y Tungurahua, Ninguno eligió dónde nacer. Sin embargo, sus oportunidades de crecer en condiciones adecuadas de salud y nutrición comenzaron a estar condicionadas por el territorio en el que nacieron.
El Gobierno presentó este 30 de octubre los resultados de la tercera ronda de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI). Los voceros destacaron una reducción de la desnutrición crónica infantil (DCI) en menores de dos años: pasó del 19,3 % registrado en 2023-2024 al 16,4 % en 2025-2026. Son 2,9 puntos porcentuales menos. En menores de cinco años, la prevalencia pasó del 17,5 % al 16,9 %.
La disminución merece ser reconocida. Cada punto porcentual representa niñas y niños que pueden evitar las consecuencias de una condición que compromete su crecimiento y desarrollo. Sin embargo, las cifras nacionales no cuentan toda la historia. Una reducción del promedio no significa necesariamente que el avance haya llegado con la misma intensidad a todas las provincias ni a todos los territorios.
La pregunta que aparece en estos datos es: ¿Qué revela —y qué deja fuera— la reducción de un indicador nacional cuando se desagrega territorialmente?
En 2025-2026, la desnutrición crónica infantil afectaba al 20,5 % de los menores de cinco años que vivían en zonas rurales, frente al 15,3 % de quienes residían en áreas urbanas.
El promedio nacional y las brechas territoriales
Para esos cinco niños, la reducción del promedio nacional no necesariamente significa que sus oportunidades de crecer con salud hayan mejorado en la misma medida. La desagregación por área de residencia permite observar una primera diferencia. En menores de cinco años, la prevalencia urbana prácticamente no cambió entre las tres rondas de la ENDI: pasó del 15,4 % en 2022-2023 al 15,3 % en 2025-2026. En el área rural, en cambio, descendió del 21,4 % al 20,5 %.
La reducción rural es un avance, pero no ha sido suficiente para cerrar la distancia. En 2025-2026, la desnutrición crónica infantil afectaba al 20,5 % de los menores de cinco años que vivían en zonas rurales, frente al 15,3 % de quienes residían en áreas urbanas. La diferencia es de 5,2 puntos porcentuales. En términos relativos, la prevalencia rural era aproximadamente un 34 % más alta que la urbana.
La diferencia territorial también aparece cuando se observa a los menores de dos años, precisamente el grupo en el que el Gobierno destaca la reducción más reciente. Entre 2023-2024 y 2025-2026, la prevalencia urbana descendió del 17,6 % al 14,5 %, mientras que la rural pasó del 22,1 % al 20,7 %. La reducción fue de 3,1 puntos porcentuales en las ciudades y de 1,4 en el campo. En consecuencia, la brecha entre ambas áreas aumentó de 4,5 a 6,3 puntos porcentuales.
Este resultado introduce un matiz importante en la lectura del avance nacional: aunque la desnutrición disminuyó en ambas áreas, el descenso fue menor en el área rural, donde dos de cada diez niños menores de dos años todavía presentaban desnutrición crónica en 2025-2026.
Las provincias muestran un país desigual
La mirada provincial profundiza esta realidad. Los resultados de la tercera ronda muestran diferencias considerables entre territorios. Mientras Santa Elena registra una prevalencia de 29,0 % en menores de cinco años, El Oro presenta 10,1 %. Entre ambas provincias existe una distancia cercana a 19 puntos porcentuales. No se trata de una diferencia menor ni de una variación que pueda explicarse observando únicamente el promedio nacional.
Santa Elena encabeza los registros de 2025-2026, seguida por Pastaza, con 26,7 %; Morona Santiago, con 26,5 %; Tungurahua, con 25,1 %; Cañar, con 24,6 %, y Chimborazo, con 24,4 %. En el otro extremo se encuentran El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Esmeraldas y Guayas, con prevalencias inferiores al promedio nacional.
La evolución entre 2022-2023 y 2025-2026 también revela trayectorias distintas. De las 23 provincias incluidas en las matrices analizadas, diez registraron una prevalencia mayor en la última ronda que en la primera, mientras que trece presentaron una reducción. Pichincha pasó del 19,4 % al 22,2 %; Morona Santiago, del 24,5 % al 26,5 %; Cañar, del 23,0 % al 24,6 %, y Santa Elena, del 27,5 % al 29,0 %.
En contraste, Chimborazo registró una reducción de 33,5 % a 24,4 %; Bolívar pasó del 28,1 % al 22,4 %, y Cotopaxi, del 26,5 % al 21,0 %. Son cambios descriptivos que permiten identificar distintas trayectorias provinciales, pero no deben interpretarse automáticamente como diferencias estadísticamente significativas. Lo que sí muestran es que el comportamiento de la desnutrición infantil no ha sido uniforme en el territorio nacional.
Estas diferencias importan porque la desnutrición infantil no presenta las mismas condiciones de crecimiento y desarrollo para todos los niños del país. El lugar de nacimiento y residencia marca escenarios distintos de exposición a las condiciones que afectan su desarrollo. Cuando una provincia registra prevalencias cercanas al 30 % y otra se sitúa alrededor del 10 %, el promedio nacional resulta insuficiente para comprender la magnitud del problema. La desigualdad territorial, por tanto, no es solamente una diferencia estadística entre provincias: es una expresión de las distintas oportunidades de crecer con salud en Ecuador.
El desafío es conseguir que esa reducción ocurra en las comunidades donde la desnutrición sigue siendo más frecuente. Una política pública no puede considerarse exitosa si mejora el promedio mientras determinados territorios permanecen rezagados.
El avance debe llegar a todos los territorios
Los resultados de la ENDI muestran una reducción nacional de la desnutrición crónica infantil en menores de dos años. Es un avance que debe reconocerse. También revelan que la prevalencia en menores de cinco años permanece prácticamente estancada en el promedio nacional entre 2023-2024 y 2025-2026, y que las brechas entre provincias y entre áreas urbanas y rurales continúan siendo considerables.
El desafío entonces es conseguir que esa reducción ocurra allí, en las comunidades donde la desnutrición sigue siendo más frecuente. Una política pública no puede considerarse exitosa si mejora el promedio mientras determinados territorios permanecen rezagados.
Las diferencias que muestran las cifras no son simples variaciones estadísticas: reflejan las distintas oportunidades de crecer con una nutrición adecuada y evidencian las desigualdades sociales en las que transcurre la infancia.
Reducir la desnutrición crónica infantil no consiste únicamente en mejorar un indicador nacional, sino en conseguir que el lugar donde nace un niño deje de determinar sus oportunidades de crecer y desarrollarse con salud.
Mientras eso no ocurra, Ecuador podrá mostrar avances en sus estadísticas, pero seguirá teniendo niños cuyas oportunidades de desarrollo dependen de la provincia que les tocó al nacer.