Que el Ecuador no pierda la democracia antes de ir a las urnas el próximo 29 de noviembre. Esa es, quizás, la principal conclusión que nos deja el Electoral Integrity Global Report 2026, elaborado por el Electoral Integrity Project (Proyecto de Integridad Electoral), una iniciativa académica independiente desarrollada desde 2012 por investigadores de Canadá y el Reino Unido. Este estudio evalúa un concepto que ha recibido escasa atención por parte de la mayoría de los organismos electorales de la región, incluido nuestro país: la integridad electoral, entendida como el conjunto de principios y condiciones que garantizan la celebración de elecciones libres, transparentes, competitivas y periódicas, pilares indispensables para el funcionamiento de una democracia.
La literatura especializada coincide en que la confianza en las elecciones no depende de un único factor. En esa línea, Barrientos del Monte (2011) demuestra que el diseño institucional del organismo electoral —sea independiente, gubernamental o mixto— no determina, por sí solo, los niveles de confianza ciudadana. Ello no significa, sin embargo, que la independencia institucional sea irrelevante. Como sostiene Birch (2008), mayores niveles de independencia formal de los organismos electorales fortalecen la percepción de imparcialidad de las elecciones entre la ciudadanía. En consecuencia, la legitimidad de una autoridad electoral no se construye únicamente a partir de su diseño jurídico ni de declaraciones de independencia, sino, sobre todo, de su desempeño efectivo, de su imparcialidad y de su capacidad para garantizar condiciones equitativas de competencia a lo largo de todo el ciclo electoral, precisamente los elementos que evalúa el Electoral Integrity Project.
En este contexto, los resultados del Electoral Integrity Global Report 2026 son profundamente preocupantes para el Ecuador. El informe nos ubica en el puesto 25 de 30 países de América Latina, con apenas 43 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de Integridad Electoral, 38 puntos por debajo de Costa Rica, que lidera la región con 81 puntos. La magnitud del deterioro resulta aún más alarmante si se considera que Ecuador solo supera a países con graves problemas de calidad democrática o institucional, como Antigua y Barbuda (41), catalogada como una democracia defectuosa; Haití (37), considerado por numerosos especialistas un Estado en colapso o extremadamente frágil; y regímenes con claras tendencias autoritarias, como El Salvador (36), clasificado por V-Dem como una autocracia electoral, así como Nicaragua (22) y Venezuela (15), ampliamente reconocidos como regímenes autoritarios.
Ahora bien, ¿qué factores explican este progresivo debilitamiento de la integridad electoral en Ecuador? De acuerdo con las evaluaciones de los expertos del Electoral Integrity Project, las mayores deficiencias se concentran en los indicadores vinculados al ecosistema informativo. Entre ellas destacan el desequilibrio en la cobertura de los medios de comunicación, el acceso desigual de los partidos de oposición a los espacios informativos y la proliferación de campañas de desinformación, hoy propiciadas por periodistas pautados y medios comprados en condiciones opacas que en su conjunto integran un nuevo estado de propaganda. A ello se suman episodios de violencia y discursos de odio dirigidos contra candidatos y organizaciones políticas, así como un entorno de inseguridad. En conjunto, estos factores deterioran las condiciones de una competencia equitativa, debilitan la confianza ciudadana y erosionan la integridad del proceso democrático.
Frente a este escenario, no basta con que la autoridad electoral, de manera conjunta o por cuerdas separadas, emita comunicados o conceda entrevistas apelando a la «independencia», a una supuesta «superioridad moral» o a un patriotismo meramente declamativo. Porque estos discursos, lejos de fortalecer su credibilidad, terminan convirtiéndose en un diálogo frente al espejo o, en el mejor de los casos, con sus seguidores en redes sociales, sean estos perfiles ficticios o personas vinculadas, directa o indirectamente, a su propia gestión, con el único propósito de alimentar el autoconvencimiento y la autocomplacencia institucional o personal.
No obstante, estas narrativas resultan insuficientes para generar confianza ciudadana, especialmente en un contexto en el que las actuaciones de la justicia penal y de la justicia electoral han incidido de manera directa sobre potenciales candidatos y organizaciones políticas de oposición al Gobierno del presidente Daniel Noboa. Consecuentemente, la sucesión de estos hechos proyecta la percepción de una competencia política cada vez menos plural y alimenta la preocupación de que la reducción de alternativas electorales pueda convertirse en una estrategia para consolidar el control político oficialista en el territorio.
En contraste, la experiencia de otros países de la región resulta reveladora. Perú, pese a atravesar una prolongada inestabilidad política, ha logrado preservar la calidad de sus procesos electorales gracias a la solidez técnica y a la credibilidad de sus instituciones electorales. Esta diferencia explica que ocupe el quinto lugar en el Electoral Integrity Global Report 2026, con 71 puntos sobre 100. En otras palabras, la estabilidad política no garantiza, por sí sola, la integridad electoral; del mismo modo, una crisis política no implica necesariamente elecciones de baja calidad.
Desde esta perspectiva, el principal desafío para el Función Electoral de Ecuador (CNE y TCE) no radica únicamente en la organización de una jornada más de elecciones, que se sumará a la larga lista de eventos realizados por sus autoridades prorrogadas, sino en evitar y no estimular el progresivo deterioro de las condiciones que hacen posible una competencia verdaderamente democrática. Porque la integridad electoral no solo se proclama, también se demuestra.
[1] Magíster en Estudios Latinoamericanos, mención Política y Cultura. Licenciado en Comunicación Social. Analista político, experto electoral.