lunes, abril 20, 2026
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Alfredo Espinosa Rodríguez

Alfredo Espinosa Rodríguez

Magíster en Estudios Latinoamericanos, mención Política y Cultura. Licenciado en Comunicación Social. Analista político, experto electoral.

Una futura Asamblea para jalar la palanca

Son los caudillos y administradores de las tiendas partidistas los obligados a presentar candidaturas parlamentarias con afiliados y adherentes de carne y hueso, que tengan un mínimo proceso de militancia y permanencia al interior de su organización.

Una cosa es clara, en cada proceso electoral, los dueños de los partidos nos obligan a votar por lo peor que ofrecen. Que los políticos culpen exclusivamente a los ciudadanos por la “mala elección” de los candidatos a la Asamblea Nacional del Ecuador, es uno de tantos actos de cobardía de algunos dirigentes y ciertos precandidatos que —en aparente acto de inteligencia— buscan un “chivo expiatorio” para eludir su responsabilidad en la conformación de las listas legislativas (pluripersonales). Cuando en realidad son ellos, los caudillos y administradores de las tiendas partidistas los obligados a presentar candidaturas parlamentarias con afiliados y adherentes de carne y hueso, que tengan un mínimo proceso de militancia y permanencia al interior de su organización.

Sin embargo, aquí ocurre todo lo contrario: los partidos y movimientos son una suerte de casa abierta en donde cualquier personalidad con espíritu de best seller juega a ser político, porque las elecciones -queramos o no- son una vitrina a la popularidad y el aventurerismo, así como también a la corrupción y al enriquecimiento ilícito con cierto roce social. A estos improvisados se suma un grupo de políticos ultradogmatosaurios, enmohecidos y hasta reciclados que harán de la Asamblea Nacional el punto de encuentro entre una nueva y vieja partidocracia, mucho más perfeccionada en los amarres, así como en el toma y daca de la oferta y la demanda con el Ejecutivo y las demás funciones del Estado.

Pero esta responsabilidad no es solo de los políticos, sino también de los ciudadanos por no exigir a los partidos y movimientos que estructuren sus candidaturas con los mejores perfiles, en procesos abiertos, públicos y participativos; en donde la persona que encabece la lista nacional, provincial o distrital no sea el único que acapare la atención mediática para distraer y pasar por alto la presencia de individuos censurados y reñidos con la justicia, a quienes se suele camuflar en los últimos casilleros. Dicho de otra manera, la lista de asambleístas y la conformación de esa papeleta no tiene que ser el símil de la lista de “los más buscados” por la Fiscalía y las Cortes del país.

¿Tan difícil resulta para la sociedad política buscar gente honesta que ahora esbozan como solución, el posible retorno al sistema de votación entre listas para que cada ecuatoriano escoja con el dedo, en medio de una amplia fauna electoral, a sus posibles representantes? ¿Por qué la alternativa tiene que ser el regreso a un pasado ineficiente marcado por un abierto personalismo que ocasiona el desperdicio y la fragmentación del voto?

A esto se suma otro problema, la falta de voluntad política de los actuales legisladores para debatir con mayor profundidad y amplitud la enmienda al artículo 119 de la Constitución de la República del Ecuador —propuesto por la asambleísta Sofía Sánchez— cuyo objetivo central es reducir la brecha entre el incremento cuantitativo e inoficioso de curules y una mejor calidad de la representación, en donde la probidad notoria se convierte en la piedra en el zapato para el aperturismo irresponsable en el que actualmente se ampara el derecho a la participación política.

Pero a las élites poco o nada les importa auto depurarse, ni tampoco impulsar una reforma seria al Código de la Democracia. Únicamente la sociedad civil de la mano de Ruth Hidalgo, Simón Jaramillo y todo el equipo de la Corporación Participación Ciudadana, impulsan una propuesta que centra su atención en el ámbito de acción y competencia de los partidos y movimientos políticos; la cual se traduce en que los partidos nacionales participen en elecciones generales y los movimientos provinciales únicamente en las seccionales; que estas organizaciones tengan actividad no solo en tiempos electorales y que se conviertan en espacios de formación para sus afiliados y adherentes. Pero también que cada partido y movimiento cuente con un registro permanente de afiliados y adherentes no inferior al 0,3% de los empadronados en todo el país o en cada localidad, según el caso.
Mientras nada de esto ocurra, los ecuatorianos tendremos que acostumbrarnos a lidiar con una futura Asamblea Nacional que hará de lo malo, siempre lo peor.

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