En un país donde todo parece estar roto —la escuela, la familia, la calle, la institucionalidad—, las bandas criminales ofrecen algo que las demás estructuras ya no garantizan: un lugar, un nombre, un símbolo, una pertenencia. Esa es la tragedia que expone con crudeza el reciente informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado: cerca de 300 adolescentes de entre 12 y 17 años admitieron, sin rodeos, ser parte de una banda criminal.
No son solo cifras. Son niños que han asumido que delinquir, extorsionar o incluso matar puede ser su camino. Que ese camino, por más oscuro que parezca desde fuera, les da algo que no encontraron en la escuela ni en casa ni en la comunidad: respeto, reconocimiento, un grupo al que se pertenece a través de reglas, castigos y recompensas. Es un sistema –aunque criminal– que los mira, los nombra, les asigna un rol. Les dice que valen algo, aunque ese reconocimiento esté condicionado a la indiferencia frente al dolor, a ser usados como piezas desechables en una estructura violenta y a asumir que su vida puede terminar en cualquier momento, por una deuda, una traición o un cruce de balas.
En octubre de 2023, documenté para Infobae cómo la música, la estética y el relato visual de las bandas criminales se convirtieron en herramientas de seducción masiva. El reguetón violento, las gorras ladeadas, los tatuajes, las armas en los videoclips, los homenajes a líderes asesinados: toda una cultura visual, sonora y afectiva que opera como un imán para los más jóvenes. Lo que comenzó como una forma de representación simbólica hoy es una estrategia deliberada de captación. En los barrios más golpeados por la pobreza, la narcoestética no solo es una moda: es un lenguaje de poder.
Necesitamos reconstruir algo más que instituciones: necesitamos reconstruir vínculos. Y eso no se hace desde el escritorio ni desde la patrulla, sino desde la calle.
El nuevo informe confirma lo que ya veíamos venir: las bandas no reclutan, atraen. No siempre amenazan, sino que ofrecen. Y esa oferta encuentra tierra fértil en un Ecuador desbordado por la desigualdad, donde más de medio millón de jóvenes no estudia ni trabaja, donde la escuela ya no abriga y donde el Estado aparece solo para reprimir o estigmatizar. En Esmeraldas, uno de cada cuatro adolescentes aseguró tener un familiar dentro de una banda. Y entre quienes afirmaron pertenecer a una, dos de cada diez dijeron haberse unido porque querían sentirse importantes y respetados. ¿Qué estamos haciendo mal para que la violencia se haya convertido en el mecanismo para que nuestros niños y adolescentes se sientan vistos, valorados y validados?
La respuesta no está solo en más policías o más cárcel. Ya lo dijimos cuando hablamos del populismo penal: la reacción punitiva no alcanza. Hace falta un relato país que dispute el sentido. Un relato que proponga otro tipo de pertenencia, otro tipo de comunidad, otro tipo de identidad. Mientras el único símbolo fuerte sea la banda, seguiremos viendo niños armados, niñas actuando como campaneras, adolescentes que matan o mueren antes de terminar el colegio.
Necesitamos reconstruir algo más que instituciones: necesitamos reconstruir vínculos. Y eso no se hace desde el escritorio ni desde la patrulla, sino desde la calle. Con políticas públicas que lleguen al aula, al parque, a la cancha. Con escuelas que enseñen, sí, pero que también escuchen. Con madres que no estén solas y barrios que no vivan bajo toque de queda. Con un Estado que no solo arreste, sino que abrace. Que no solo castigue, sino que acompañe.
La pregunta ya no es por qué los niños se están uniendo a las bandas. La pregunta es quién les está ofreciendo algo mejor. Y si no podemos responderla con convicción, entonces el problema no son ellos. El problema es nuestro. Porque mientras pertenecer a una banda siga siendo la forma más concreta de sentirse visto, querido o respetado, pertenecer va a seguir costando vidas.