Un Consejo Nacional Electoral sinuoso con los poderes de turno, exonerado -por instinto de supervivencia de legisladores/candidatos y partidos políticos- de todo proceso de fiscalización por las anteriores y la actual Asamblea Nacional, capturado por sus cinco autoridades prorrogadas de forma antitécnica, antiética e injustificada, y ubicado -como lo muestra el informe más reciente de la empresa Click Research- entre las instituciones con mayor descrédito ciudadano, junto al Consejo de la Judicatura del enjuiciado y censurado Mario Godoy y el Consejo de Participación Ciudadana del tiktokero Andrés Fantoni, será el responsable de organizar las Elecciones Seccionales y las elecciones de consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, previstas para el 14 de febrero de 2027.
Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, integrado por los consejeros Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera, Esthela Acero y Mérida Elena Nájera, atraviesa una profunda crisis de legitimidad. Así lo evidencia la misma encuesta de Click Research: el 75 % de la ciudadanía exige su renovación, el 66,25 % demanda la renuncia de todas sus autoridades y el 65,16 % percibe que la institución responde a intereses particulares, datos que confirman el quiebre entre el organismo electoral y los ciudadanos.
Con estos infraniveles de confianza, que a escala regional apenas alcanzan el 20 %, según el Latinobarómetro de las Américas 2024 —solo un punto porcentual por encima de su homólogo venezolano, el Consejo Nacional Electoral tutelado por las administraciones totalitarias del chavismo y el madurismo—, resulta inevitable plantear una pregunta de fondo: ¿por qué los cinco consejeros del CNE no se desprenden de su prórroga y optan por dar un paso al costado para no sacrificar, una vez más, la integridad electoral e institucional? Embadurnados entre acuerdos y disputas de baja ralea, sin importar mayorías o minorías todos confluyen —sin excepción de quejas públicas, cacareos de honestidad, falsos gimoteos y aparentes patrioterismos— en preservar un beneficio común: su inmunidad. Amparados en una interpretación antojadiza de esta prerrogativa, buscan sobreponerla al Estado de Derecho, alimentando con su silencio y continuidad el rumor de que el período electoral funcionaría como un escudo para eludir fiscalizaciones por parte del poder legislativo u otras instancias de control, porque esto sería “interferir” en las elecciones. Lo cual es mentira.
Un CNE con autoridades prorrogadas y sin renovación compromete la imparcialidad de las próximas Elecciones Seccionales y las de consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Pero hay dos razones adicionales por las que quizá renunciar no sea una opción para las cinco autoridades electorales del CNE. En primer lugar, el denominado “Caso Caja Chica”, investigado por la Fiscalía General del Estado— que podría derivar en la cancelación de la organización política implicada, Revolución Ciudadana, así como en penas de prisión y la pérdida de derechos políticos para los presuntos infractores, sin que la clase política y los medios requieran la palabra de los consejeros frente a la ausencia de controles eficaces para evitar el financiamiento ilícito de las campañas electorales. Y, en segundo término, por la supuesta “imparcialidad” con la que los miembros del CNE deberán analizar y decidir sobre la viabilidad de un eventual pedido de revocatoria del mandato que pretenden impulsar la FENOCIN y la ECUARUNARI contra el presidente de la República, Daniel Noboa. Ambos escenarios -sin ser únicos ni exclusivos- podrían incidir de manera directa en el diseño de las papeletas electorales y condicionar, por esa vía, el comportamiento electoral de la ciudadanía.
Con tantos intereses en juego por el control de poder local y la continuidad del presidente Noboa, los pronunciamientos del 18 de noviembre de 2021 y del 15 de noviembre de 2024, emitidos por la Procuraduría General del Estado crearon un estado de excepción en favor del Consejo Nacional Electoral al conferir a sus cinco autoridades el poder extraordinario de la continuidad ad infintum en la figura de una cuestionable prórroga, superpuesta a la Constitución de la República (art. 218) y al Código de la Democracia (art. 24). Este resultado fue posible, además, gracias al cálculo político operado desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social —entidad encargada de organizar el proceso de renovación parcial del CNE en el que se cambia a dos consejeros—, así como a sospechosas acciones de protección interpuestas para detener y retrotraer un concurso que, conforme al marco legal vigente, debió concluir en noviembre de 2021. No obstante, dicho proceso aparentemente finalizaría en mayo del presente año, salvo que se produzcan nuevos retrasos o que la no “interferencia” con la organización de las elecciones sea utilizada como excusa política para postergar la posesión de las dos nuevas autoridades y el sorteo de quienes deban cesar en funciones hasta después de la proclamación de resultados, lo cual configuraría una situación abiertamente inconstitucional.
Finalmente, es necesario subrayar que la confianza electoral no se decreta con discursos ni se sostiene sobre excepciones. Un Consejo Nacional Electoral con autoridades prorrogadas y sin renovación compromete la imparcialidad de la democracia y de las próximas Elecciones Seccionales y las Elecciones de consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como una potencial iniciativa de democracia directa enmarcada en la revocatoria del mandato.