Las irregularidades han sido parte sustancial de nuestro sistema electoral. Ni siquiera lo que pomposamente se denominó como el retorno a la democracia, hace ya 45 años, logró corregir estas anomalías crónicas. La nueva Constitución y la ley de partidos políticos no sirvieron más que de pantallas para encubrir las mismas viejas mañas de las oligarquías nacionales. Al parecer, poder y trampa tienen una relación simbiótica difícil de superar.
Ni bien se inauguró el nuevo régimen electoral, en 1978, ya saltó el primer escándalo a propósito de la intención de ciertos grupos de poder de propiciar un fraude para incluir en la segunda vuelta al candidato de su preferencia. La maniobra fue excesivamente burda como para que pudiera consumarse. El pueblo la rechazó calificando al organismo electoral de ese entones como tribunal de la mano negra.
La peor consecuencia de ese episodio fue la instauración de una práctica que se fue depurando y sofisticando con el paso de los años. Y que se afianzó gracias al creciente desencanto de la sociedad con la política, particularmente con los procesos electorales. Como la novia que se riega la sopa en el vestido recién estrenado, el renovado sistema electoral vio la luz con un irreparable pecado original (a fin de cuentas, fue diseñado y montado por connotados curuchupas, creyentes y practicantes católicos).
Las siguientes cuatro décadas han sido prolíficas no solo en irregularidades de toda índole, sino en fraudes descarados y groseros. Los mecanismos son variados: autoridades electorales deslegitimadas o abiertamente ilegales; aprobación y desaprobación de partidos y candidatos al antojo de intereses fácticos; cambios en los métodos de escrutinio para favorecer al régimen de turno en las consultas populares; apagones electrónicos que tuercen un resultado a última hora; pactos de trastienda para escamotear la victoria electoral de algún candidato desafecto con el sistema.
Dos decisiones acaban de sacudir el actual escenario electoral: la suspensión por vía administrativa de la vicepresidenta Verónica Aban, y la descalificación mañosa de la candidatura de Jan Topic. Ambas decisiones, coincidentemente, benefician a la candidatura del oficialismo.
A pesar de la gravedad del asunto no se ve una reacción ciudadana que muestre rechazo o indignación. El hartazgo por el mundo de la política alcanza tales niveles que la gente responde a los chanchullos del poder con la más absoluta impasibilidad. Como si no hubiera nada que hacer para rectificar estos –y otros– atropellos a la ley y a la ética pública.
En este contexto, la pregunta de cajón es: si el gobierno empieza por esto, ¿qué más está dispuesto a hacer para asegurarse el triunfo en los próximos comicios? Hasta ahora, los únicos que han hecho bulla son ese reducido grupo de actores políticos desprestigiados, que repetirían el mismo guion si tuvieran los recursos y las condiciones para hacerlo.
Noviembre 13, 2024