Lo acontecido en este último mes, más que una confrontación entre el gobierno y la Conaie fue un desencuentro entre la sociedad ecuatoriana y el movimiento indígena. El paro de la Conaie mostró desigualdades en el funcionamiento de la ciudadanía. Los ecuatorianos que gozamos de los derechos que nos otorga la ciudadanía fuimos embestidos por grupos indígenas cuyo ejercicio de la ciudadanía es limitado y menguado. Esto conllevó al uso de la violencia más que del derecho.
Thomas Humphrey Marshall, sociólogo inglés, analiza el surgimiento de la ciudadanía en Inglaterra. Los derechos civiles, explica, aparecieron en el Reino Unido en el siglo XVIII, y tomó tiempo el que echaran raíces y se volvieran universales. Los derechos políticos afloraron en el siglo XIX. Tampoco se afianzaron de la noche a la mañana. Los derechos sociales surgieron en el siglo XX. La ciudadanía, a su juicio, comprende estos tres tipos de derechos.
En Ecuador, los derechos civiles comenzaron a ser reconocidos con la revolución liberal. Los indios carecían de estos derechos por estar sometidos al concertaje, una institución que les encadenó al trabajo forzado en beneficio de los hacendados, como pago de una deuda que se traspasaba de generación a generación en cada hacienda. La prisión por deudas fue abolida en la década de 1920. Los indios tampoco ejercieron sus derechos políticos. No podían sufragar por no saber leer ni escribir. Recién la Constitución de 1978 facultó el voto a los analfabetos.
El indigenado tampoco gozó de los derechos sociales como los que estableció el Código del Trabajo en la década de 1930. Hubo, por tanto, un gran contraste entre los obreros y los campesinos, y mucho más entre éstos y los indios. “Lo que es preciso observar —escribe Pío Jaramillo Alvarado— es que, dentro del fárrago de tanta ley, no hay una sola que se refiera al obrero campesino, en general, y al indio, lo repito, el proletario único en la vida ecuatoriana, se le abandona totalmente a su miseria”.
Con la reforma agraria de 1960 se abolió el huasipungo, pero las comunidades indígenas carecieron de recursos económicos y técnicos para financiar sus cultivos.
Los prejuicios étnicos fueron barreras que se interpusieron en su integración y en la convivencia con los ciudadanos que sí disponían de derechos civiles y políticos. Los levantamientos indígenas han sido reseñados por el sacerdote Juan de Velasco en la Historia del Reino de Quito y por Federico González Suárez en su Historia General de la República del Ecuador. Dice González Suárez, citado en El Indio Ecuatoriano de Jaramillo Alvarado: “El aborrecimiento que los indios tenían a los blancos y su odio concentrado a la raza dominadora, estallaban al punto que se presentaba una ocasión oportuna y entonces en sus levantamientos y sublevaciones ejercían actos de crueldad que horripilan”.
El levantamiento indígena de 1990 sorprendió al gobierno y a la opinión pública. Había en curso una mesa de diálogo en la que se esbozaban acuerdos sobre problemas existentes y aspiraciones legítimas, como la propiedad de la tierra y la educación bilingüe. Los delegados indígenas interrumpieron las conversaciones que mantenían con una comisión de alto nivel conformada por el presidente Rodrigo Borja. El gobierno insistió en reiniciar el diálogo. El problema encontró vías de solución: el diálogo con la dirigencia indígena quedó en manos del ministro de Bienestar Social, Raúl Baca Carbo.
Las movilizaciones indígenas del 2019 y del 2022 arremetieron contra Quito con una violencia inusitada. Impusieron su bloqueo y paralización. Los gobernantes Lenin Moreno y Guillermo Lasso tuvieron que retroceder y dejar en suspenso la abolición del subsidio al diésel. En el gobierno de Lasso hubo mesas de diálogo, pero el problema quedó sin resolverse. El paro indefinido decretado por la Conaie en este año, 2025, no fue nacional sino localizado. La violencia nuevamente fue el medio del que se valió la protesta indígena adquiriendo características contrarias a una convivencia civilizada.
Arrasar con los derechos de los demás representa una suerte de desquite de la privación de derechos sufrida por la población indígena. Ésta no goza de los tres tipos de derechos que conforman la ciudadanía. En pleno siglo XXI los indígenas sienten que el derecho a la libertad de palabra que supuestamente tienen carece de sustancia por los desniveles educativos, lo que se traduce en una palabra devaluada que dice poco que merezca la pena escuchar y que no cuenta con suficientes medios para hacerse oír. Esto quizá explique el tumulto y la necesidad de acudir a medidas extremas para ser atendidos.
Es necesario que el Estado trabaje en estos tres campos: los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales. O sea que construya ciudadanía. No pueden seguir siendo los indígenas ciudadanos de segunda clase. Si ello se mantiene los levantamientos, los bloqueos y las paralizaciones continuarán sustentando la acción reivindicativa de los pueblos indios. El Ecuador debe reconocerles una ciudadanía plena que respete los derechos civiles, políticos y sociales de los individuos y de los pueblos en el marco de su identidad multicultural. Deberá derribar las barreras socio culturales que interfieren en el ejercicio cabal de estos derechos. Solo así la democracia ecuatoriana se consolidará.
Pasar del paro a la constituyente si gana el Sí plantea algunos desafíos a la Conaie. Dejar a un lado el tumulto y acudir a la palabra exige que la selección de sus representantes garantice la fidelidad en la expresión de sus propias necesidades y demandas. Abandonar las palabras prestadas, inscritas en visiones ajenas. Caso contrario, sus delegados se colocarían en desventaja pues la representación política exige conocimientos especializados y experiencia parlamentaria.