¿A alguien le quedaban dudas respecto del rol de las Fuerzas Armadas en la democracia ecuatoriana? Pues la última irrupción de las máximas autoridades militares, en un proceso judicial por crímenes de lesa humanidad, las despeja con absoluta nitidez.
Como el tajo de un sable. Es la confirmación del relativismo institucional que impera en nuestra vida política. Mejor dicho, de la aberración institucional. Ahora resulta que la institución de la tortura (o de las desapariciones forzadas, o de las detenciones ilegales) está debidamente justificada cuando de combatir a la subversión se trata. Tal como lo consagró el presidente Bush a propósito del combate al fundamentalismo islámico. No se busca eximir de responsabilidad a los individuos acusados; se busca eximir de culpa al sistema.
En realidad, el hecho ocurrido el lunes 9 de noviembre en la Corte Nacional de Justicia no tiene mucho que ver con el espíritu de cuerpo, ni con la intención de amedrentar a nadie. Es, por el contrario, la manifestación de un poder militar que cuestiona la pertinencia, los atributos y la potestad de las instituciones civiles, que pone sal en la herida de la desinstitucionalización emprendida por el correísmo en estos años. Tal como ocurrió el 30-S, cuando las Fuerzas Armados tuvieron que salir a resolver “en última instancia” lo que la autoridad política no tuvo capacidad de manejar. A su papel de custodios de la democracia refrendado hace cinco años, hoy han añadido el de custodios de la justicia.
La situación se agrava por la pasividad en que ha caído una gran parte de la sociedad ecuatoriana. El atropello sistemático a la Constitución en que ha incurrido el régimen de Alianza PAIS se ha vuelto costumbre. Al menos para aquellos que no se han visto directamente perjudicados. Una mancha más al tigre pareciera importar a muy pocos.
Mientras haya dinero para consumir, los derechos y las libertades pueden quedar relegados a un segundo plano.
Hoy, esos mismos ecuatorianos angustiados por el posible fin del despilfarro de los fondos públicos, del cual se beneficiaron profusamente, no tienen por qué incomodarse con los crímenes cometidos hace tres décadas en contra de un grupo de “terroristas” (tal como fueron descalificadas las víctimas en los carteles expuestos afuera de la Corte). A eso probablemente apuestan quienes salieron a exigirle al país el encubrimiento o la complicidad con los acusados. Preocúpense por su bolsillo, no por la dignidad ajena, reza la consigna. Es la cultura que ha impuesto una década de clientelismo político. La indignación de una colectividad frente a la violación de los derechos humanos es un síntoma de madurez política. O si quieren, de evolución. De cultura democrática. No es la justicia, como rústico conjunto de instalaciones y de burócratas, la que tiene que juzgar esos delitos; es la justicia como institución permanente y explícita de la sociedad la que debe procesarlos. Es la sanción social, más que la condena judicial, la que permitirá crear los anticuerpos para prevenirlos y desterrarlos por siempre. Ni la democracia ni la justicia necesitan de albaceas.