La consulta popular está cerca y cabe preguntarnos si existen las condiciones democráticas mínimas para redactar una constitución que supere a la actual, que no retroceda en derechos y que sea el producto de un gran consenso nacional
Al hablar de democracia, es preciso recordar que existen algunos principios que la configuran. Esta se sustenta en la voluntad del pueblo; no obstante, su soberanía incluye no solo la celebración de elecciones periódicas y libres, sino, sobre todo, el respeto a lo que se decide. Paradójicamente, nos convoca a las urnas un gobierno que no obedece las decisiones allí tomadas, muestra de ello es el irrespeto a las Consultas Populares de Girón y Cuenca.
De otra parte, la democracia exige el respeto a los derechos humanos. Según la ONU, existe una interdependencia entre democracia, derechos humanos y el Estado de Derecho. Durante estos meses, hemos visto la irracionalidad con la que los militares actúan en las calles. Efraín Fuérez, José Guamán, Rosa Elena Paqui, los 4 de Las Malvinas y las desapariciones forzadas, documentadas por Amnistía Internacional, no son casos aislados; son el producto de una política de miedo, militarización e intimidación, en nombre de la seguridad.
Las libertades de expresión, pensamiento y asociación son derechos universales y esenciales para un Estado democrático. Sin embargo, Fundamedios y Reporteros Sin Fronteras han alertado sobre un retroceso en la libertad de prensa en Ecuador. Adicionalmente, la participación en la vida democrática requiere de una ciudadanía informada, crítica y reflexiva. Vivimos el auge de la desinformación y la confusión como formas de gobierno; una distorsión deliberada de la realidad para manipular la opinión pública. ¿Existen las condiciones para un debate amplio, reflexivo, libre e informado sobre el futuro del país?
Son fundamentales la libertad de expresión y el pluralismo y, con ello, la garantía de que las divergencias puedan ser expresadas y canalizadas, en el diálogo y la escucha atenta por parte de quién ostenta el poder. Actualmente, líderes sociales, activistas y defensores del agua están siendo hostigados y judicializados; mientras que, en momentos críticos, el Gobierno ha mostrado escasa o nula disposición al diálogo. ¿Existen las condiciones para escribir un texto constitucional que responda a un gran consenso social?
Igualmente importante es el Estado de Derecho; lo cual significa que nadie, incluido el gobernante, está por encima de la ley. En el último año, hemos visto a ministros, rodeados de militares, intimidando públicamente a jueces e, incluso, a artistas; en más de una ocasión, se ha manipulado la ley a conveniencia. Recordemos que la convocatoria a consulta popular y referéndum nació viciada: primero, una campaña de desprestigio e intimidación contra la Corte Constitucional, acciones que han sido condenadas por el Alto Comisionado de la ONU (ACNUDH); luego, una maratón de leyes y decretos mal redactados, burlando a las instituciones. La génesis de esta consulta es el irrespeto a la ley.
Otro principio democrático es la independencia de poderes, a fin de prevenir abusos de los gobernantes. Los gobiernos de corte autoritario tienden a debilitar el equilibrio de poder y las instancias de control que los obliga a rendir cuentas. El presidente, además de su poderío económico, hoy incide directamente en las instancias legislativa, electoral y judicial ¿Es coherente consentir una mayor concentración del poder con una Asamblea Constituyente? ¿Acaso el poder no necesita frenos y límites?
Y lo más importante, la inequidad, la pobreza y la exclusión afectan la consolidación, el sostenimiento y la calidad de la democracia, y es esa la gran paradoja de las democracias latinoamericanas. La desigualdad va de la mano con la concentración de la riqueza. Uno de los grupos qué más concentra la riqueza en Ecuador es, precisamente, la familia del presidente. Peligrosa es la mezcla entre poder económico y poder político, pues ya hemos tenido sucesos, como la eliminación de deudas del Grupo Noboa con el SRI, que suponen importantes conflictos éticos, al tiempo que conllevan la pregunta sobre ¿qué intereses defiende el gobernante? La acumulación por desposesión, a la que se refería David Harvey, se relaciona con la concentración de la riqueza y profundiza las desigualdades.
Asistimos a una especie de ceguera o distancia cognitiva frente a los problemas de gran parte de la población ecuatoriana. Hace unos días, José de la Gasca, al referirse a una nueva constitución, fue explícito en el enfoque de seguridad, afirmando que “antes de comer, antes de dormir, antes de ni siquiera pensar en el trabajo, hay que pensar en la seguridad”. Existe una incomprensión de los fenómenos estructurales del país; pues, la seguridad es siempre una quimera allí donde coexisten la ausencia de inversión social, la pobreza, la marginación, el racismo, el hambre y otras violencias previas a la que hoy nos horroriza. Desde una lógica de mano dura, presenciamos un Estado cada vez más punitivo y menos garante del bien común. Un Estado que, frente a la inseguridad, ha tenido como única receta convertir, como señala Agamben, al estado de excepción en paradigma normal de gobierno.
El presidente nos ha propuesto una Asamblea Constituyente, pero ha dicho que nos contará los detalles después de la Consulta Popular; así, sin rodeos, nos pide un cheque en blanco. Él, que es de pocas palabras, ha dado algunas pistas; otras, más explícitas, han provenido de quienes lo respaldan. Entre los promotores del SÍ en la Consulta, hay quienes han mostrado su desacuerdo con la educación gratuita; otros han sugerido que el IESS deje de prestar los servicios de salud, que debe desaparecer la Corte Constitucional y, no han faltado, quienes han propuesto eliminar los derechos de la naturaleza. Algunos, ignorantes sobre la diferencia entre Estado-nación y nacionalidades, sobre diversidad e interculturalidad, y profundamente racistas, incluso han sugerido eliminar la plurinacionalidad. Estos actores argumentan que la Constitución de Montecristi es demasiado garantista.
En este punto, cabe anotar que la Constitución vigente, que es perfectible sin necesidad de una Asamblea Constituyente, fue el resultado de un debate amplio y diverso, con una ciudadanía informada y reflexiva. La Constitución de Montecristi, que no tiene dueños, que incomodó al propio Rafael Correa en su momento, surgió de un consenso por construir una nueva forma de convivencia, sustentada en la diversidad y en armonía con la naturaleza. El concepto de Buen Vivir supera los planteamientos economicistas del crecimiento y coloca al ser humano, y a la naturaleza, por encima del capital; al tiempo que ha ampliado la visión sobre lo colectivo, la vida y la propia democracia. Esta visión de convivencia e igualdad en la diversidad y en armonía con la naturaleza, indudablemente, incomoda a quienes piensan al Estado desde una lógica de acumulación individualista, privatización y libertad para el mercado.
Entonces, es preciso preguntarnos: ¿Cuáles son los elementos de la Constitución que incomodan a quienes ostentan el poder? ¿Qué derechos desean eliminar?: ¿los de la naturaleza?, ¿los del trabajo digno?, ¿los derechos colectivos?, ¿los de salud y educación? ¿los de pueblos y nacionalidades, cuyos territorios son disputados por el extractivismo? ¿Qué derechos y de quienes son los derechos que incomodan?, ¿incomodan a cuáles intereses y de qué grupos?
No hay democracia posible sin respeto a los derechos humanos y sin justicia social. Las desigualdades, la concentración de la riqueza y del poder son los mayores verdugos de la democracia. Nunca fue buena idea juntar el poder económico con el poder político. ¿Queremos, ahora, conceder el poder total con una Asamblea Constituyente?