No son muchos los casos en los que el poder político y la academia, en particular la universidad, han tenido puntos de encuentro. Por el contrario, han prevalecido confrontaciones, dadas las diferentes responsabilidades que tiene cada uno.
La naturaleza y el origen de ambas entidades, que deberían por necesidad del Estado del que forman parte ser complementarias, difícilmente son coincidentes en una sociedad libre y democrática. La academia y los universitarios son por principio cuestionadores y rebeldes; asumen al pie de la letra los principios y valores en que se basan las relaciones humanas y que están recogidas en acuerdos y convenios internacionales: la libertad de expresión, el derecho al cuestionamiento, la libertad de reunión, la libertad de pensamiento y el libre ejercicio de la democracia son principios que defienden no solamente con conocimiento, sino con pasión juvenil.
La academia representa la reflexión, el pensamiento, la investigación y el estudio, en tanto que el poder se orienta hacia la ejecución, la puesta en práctica y utilización de las herramientas y recursos que el Estado dispone. Precisamente de esto nacen casos de malversación de fondos públicos, en otras palabras, de corrupción. En el caso de los universitarios, por el contrario, la lucha es por la defensa de la transparencia y del buen uso de esos recursos.
El poder es el responsable de ejecutar el mandato popular sobre la base de un programa de gobierno, mientras que la academia no solamente analiza o estudia las diferentes facetas de la realidad del país, sino que sobre esa base sugiere formas de actuar, por parte del poder político. Lamentablemente no siempre es bien acogido; por el contrario, hay marcadas diferencias y hasta confrontaciones entre estas dos entidades por la forma de ver los programas y proyectos que el Estado se propone articular.
Actualmente, por ejemplo, hay una sorprendente confrontación en Estados Unidos a causa de decisiones cuya legalidad se cuestiona, tomadas por el presidente Trump de suprimir, por ejemplo, el aporte económico que el Estado está obligado de conceder a las universidades de su país que no siempre se alinean, por supuesto, a su posición ideológica y a sus decisiones en materia de política interna. Trump llegó al extremo de ordenar que no se otorguen cupos a estudiantes extranjeros, quienes representan una cifra superior al millón. El gobierno de Estados Unidos no se da cuenta del beneficio que una marea de estudiantes de esa dimensión, que permite enriquecer su presencia en el mundo. Ya sea que los más destacados graduados se queden a aportar sus conocimientos en los propios Estados Unidos, o los que salen puedan difundir la calidad de los estudios alcanzados.
Un caso emblemático en la actualidad es la virulenta confrontación que se ha producido entre el poder y la prestigiosa Universidad de Harvard en Massachusetts, una de las más reconocidas de Estados Unidos y del mundo. Esta universidad dada su connotación global resolvió presentar una denuncia ante los tribunales de justicia de su país contra el presidente Trump, por este atropello de incumplir compromisos legales por parte del gobierno para financiar investigaciones y estudios en la universidad. Es decir, Harvard no se sometió a la voluntad del poder, sino que por el contrario resolvió cuestionar la decisión presidencial por considerarla ilegal, levantando así su voz en favor de la libertad de pensamiento.
Otras prestigiosas universidades estadounidenses han protestado por estas limitaciones, pero no han llegado a los tribunales. Resulta increíble que, en un país tan rico, que se precia de democrático, culto, respetuoso de los valores de las leyes y de los principios básicos de convivencia social se den este tipo de restricciones. Pero, dentro de la concepción, visión y acciones del presidente Trump, esto no es así. No hay duda de que estas decisiones lastiman a la academia de Estados Unidos en general y reflejan una regresión sin nombre a todo lo que acontece en ese país. Nadie habría podido imaginarse una situación como esta en el país del norte.
En el Ecuador, el enfrentamiento entre el poder y la academia, después de las épocas de confrontación abierta y violenta durante las dictaduras, que inclusive llevaron a la clausura e intervención del gobierno a las Universidades: la Universidad Central del Ecuador en Quito en 1976 y la Universidad de Guayaquil en diversos momentos del 70 al 73. En este contexto hubo violentos choques entre las fuerzas armadas y los jóvenes universitarios.
Hay que reconocer que a partir de la instalación de la democracia en el Ecuador las relaciones entre el gobierno y la academia se han, prácticamente, normalizado. No hay las violentas manifestaciones de años atrás, pero no faltan escaramuzas a causa de la entrega de recursos suficientes a los que tienen derecho las universidades conforme a la ley. En algunos casos ha habido reticencias por parte del poder a entregar esos fondos que les corresponden a las universidades, para que puedan cumplir con sus propósitos y obligaciones.
Pero, hay que reconocer que la situación se ha estabilizado positivamente, si comparamos con las épocas de las dictaduras militares que no solamente no daban los recursos que les correspondía, sino que reprimían con violencia las manifestaciones universitarias.