Que nadie se pierda en la narrativa racializada y autoritaria que el presidente Daniel Noboa intenta imponer en la opinión pública: aquella que busca reducir a todo indígena a la figura violenta de Leonidas Iza, como si la complejidad y diversidad de los pueblos originarios pudieran resumirse en un solo rostro o en una historia única; peor aún, en una tan marcada por dogmas, terror y errores políticos.
En ese afán por homogeneizar, el gobierno despliega una narrativa violenta que desconoce la pluralidad política, cultural y la dignidad étnica de los pueblos indígenas y que, para reafirmar que ellos no son iguales a él, los condena a cargar con el estigma del “correísmo” o, peor aún, del “enemigo interno”. De ese modo, los equipara con terroristas, pandilleros, criminales o narcotraficantes, con el único propósito de justificar su negativa a dialogar con quienes se movilizan para exigir respuestas a un presidente que, en campaña, prometió mucho más de lo que hoy puede —o se atreve— a cumplir.
En este contexto, la eliminación del subsidio al diésel se ha convertido en uno de los temas más polémicos y simbólicos del escenario político actual. La protesta indígena —aunque concentrada en determinadas zonas del país— refleja un sentimiento ciudadano que combina inconformidad, frustración y, en muchos casos, arrepentimiento electoral.
No obstante, el paro se vio acompañado de detenciones, secuestros, heridos, cortes en el suministro de energía eléctrica, inhibición de la señal de telefonía móvil, bloqueos de cuentas bancarias y un asesinato provocado por miembros de las fuerzas militares. Este hecho, que el régimen intentó invisibilizar y negar ante la prensa internacional, fue reinterpretado dentro del país por una red de medios, cuasiperiodistas, influencers y “analistas” de todo tipo —ansiosos por alinearse con el gobierno— como “el primer muerto que buscaban los indígenas para incendiar el país”.
De esta manera, se ha construido una narrativa del miedo que no solo busca deslegitimar la protesta social, sino que además repite —casi como un rezo disciplinador— que en Quito se reeditarán los paros violentos de octubre de 2019 y julio de 2022. Los promotores de este discurso —entre ellos consultores políticos reciclados como asesores oficiales, concejales con aspiraciones de reelección bajo el paraguas del gobierno o en alianza con él, y un exconcejal de cuestionable moral resucitado por ciertos medios— han llevado esta estrategia al extremo: exhiben listados de barrios supuestamente organizados y difunden videos con claros tintes racistas. Con ello, olvidan deliberadamente que en las calles de la capital también habita el pueblo indígena —ese que, aunque incomode a las élites, forma parte esencial de Quito, del Ecuador y de su derecho legítimo a ocupar el espacio público y disputar el sentido de lo nacional, sin estereotipos de por medio.
Sin embargo, toda esta estrategia funciona como una cortina de humo que busca desviar la atención de las verdaderas demandas de los manifestantes, mientras se normaliza la represión como herramienta de control político. De este modo, el gobierno no solo evade una solución efectiva al paro, sino que además consolida una lógica autoritaria que reemplaza el diálogo por la fuerza. Paradójicamente, el presidente, empeñado en proyectarse como un hombre de fe, parece incapaz de aplicar los principios que escucha cada domingo en sus sermones, a menos, claro, que haya decidido asumir este paro como una suerte de guerra santa contra los pueblos indígenas.
En este escenario, y a pesar del despliegue de seguridad militar, la caravana presidencial fue atacada en la provincia de Cañar, aparentemente por comuneros: un hecho innecesario y repudiable que roza la comisión de un delito grave —intento de asesinato— y que, pese a su magnitud, deja al menos dos interrogantes: ¿el equipo de seguridad del presidente Noboa no le advirtió sobre los riesgos de esa visita? ¿Por qué decidió presentarse en territorios que, antes del paro, había ignorado?
Si bien resulta inconcebible que un mandatario no pueda movilizarse libremente por su país, estas decisiones evidencian, cuando menos, falta de prudencia y previsión, así como un desconocimiento de la tensión social en determinadas provincias y del riesgo que implica exponerse en medio de protestas tan polarizadas. Pero, sobre todo, reflejan que, como efecto directo de la falta de diálogo, el país no necesita más autoritarios ni, mucho menos, violentos.
[1] Magíster en Estudios Latinoamericanos, mención Política y Cultura. Licenciado en Comunicación Social. Analista político, experto electoral.