La reciente consulta popular, cuyos resultados en las cuatro preguntas vinculadas a seguridad revelaron un contundente rechazo ciudadano a la actual estrategia gubernamental, debe entenderse como un llamado directo y urgente a recomponer el liderazgo político y técnico encargado de enfrentar la violencia criminal.
El país atraviesa el año más violento de su historia: según cifras oficiales, Ecuador superó las 7.439 muertes violentas hasta octubre del 2025, superando ya la cifra de todo el 2024. Con esta realidad, la población exige un giro profundo, estructural y transparente.
Se vuelve ineludible revisar la composición del gabinete presidencial, especialmente en las áreas de seguridad. La ciudadanía percibe que los actuales equipos no han logrado articular una política coherente ni establecer una conducción firme frente al crimen organizado. De hecho, varias decisiones recientes del Ejecutivo han generado dudas sobre los criterios utilizados para designar o ascender autoridades clave.
Un ejemplo crítico es el Decreto Ejecutivo 177, mediante el cual el Presidente ascendió a Generales de Distrito, únicamente a dos de los cinco oficiales debidamente calificados. Quedaron fuera dos ex miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) —unidad de élite reconocida por su experiencia operativa— y un oficial destacado en docencia y formación profesional, todos con trayectorias impecables. La interpretación dentro de las filas policiales es clara: habrían primado vínculos familiares o cercanía política, por encima del mérito, la preparación y la carrera institucional.
Estas señales erosionan la confianza de los propios servidores policiales y alimentan una sensación de injusticia que afecta directamente el rendimiento operativo. En un país donde el crimen organizado ha demostrado niveles crecientes de sofisticación, las decisiones políticas deben fortalecer —no debilitar— las capacidades institucionales.
A esta problemática se suma una inquietante percepción entre expertos y ciudadanos: en numerosos casos emblemáticos, la frontera entre incompetencia investigativa y posible complicidad se ha vuelto peligrosamente difusa. Retrasos inexplicables, filtraciones sistemáticas, detenciones fallidas y operaciones frustradas alimentan la sospecha pública. Las estructuras criminales, a pesar de masivos despliegues militares, continúan operando con relativa normalidad, lo que evidencia fallas profundas en la cadena de investigación, inteligencia y control territorial.
La excesiva militarización del país, que en ciertos momentos ha incluido la presencia visible de tropas en prácticamente todas las provincias, no ha logrado desarticular las redes criminales. Las organizaciones mantienen intacta su estructura de mando, control carcelario, rutas de narcotráfico y capacidad operativa. La contundencia visual del Estado no se ha traducido en resultados estratégicos. Esto revela la falta de inteligencia operativa real, coordinación interinstitucional y una estrategia que vaya más allá de la exhibición de fuerza como los bombardeos al estilo guerra del Cenepa contra maquinarias abandonadas por la minería ilegal.
Frente a este panorama, la consulta popular constituye un ultimátum político y social. La población exige un cambio de dirección: autoridades de seguridad con probidad, méritos comprobados, independencia del poder político y capacidad para reestructurar la lucha contra el crimen desde sus bases. Si el Gobierno aspira a recuperar la seguridad y contener la violencia, debe comenzar por reordenar su propia estructura interna, depurar prácticas discrecionales y garantizar que ascensos, designaciones y decisiones estratégicas respondan exclusivamente al interés nacional, no político y peor personal.
El Ecuador vive un momento crítico. La violencia ya no solo amenaza la convivencia: pone en jaque la gobernabilidad, desgasta la confianza ciudadana y condiciona el futuro del país. La oportunidad para corregir el rumbo está sobre la mesa, y los ecuatorianos han expresado con fuerza su voluntad de cambio. Corresponde ahora al Presidente actuar con la misma coherencia y valentía que ha mostrado hasta el momento, pero entendiendo que, en un país sumido en una crisis de seguridad sin precedentes, la firmeza política ya no basta.
Es hora de dejar atrás las acciones de impacto visual y reemplazarlas por una estrategia de inteligencia real, efectividad operativa y decisiones institucionales limpias, que devuelvan al Estado su capacidad de controlar el territorio y proteger a su gente. El país exige resultados, no escenografías; eficacia, no exhibiciones. El liderazgo que demanda este momento histórico no se mide en discursos, sino en transformaciones palpables. Y el tiempo para actuar es ahora.