No es de sorprender el debate que se ha abierto sobre los méritos y preparación que debe tener un gobernante. Salimos hace poco de un proceso electoral en el que ganó el candidato que mostró una nueva forma de gobernar. Un postulante que aparecía como una alternativa al populismo y al caudillismo. Todavía no está muy claro si esta imagen concuerda con la realidad.
En un editorial, el diario Expreso enumera problemas que aun no han sido tocados con rapidez y eficacia. La inseguridad sigue siendo un desafío pese a la mano dura de las leyes dictadas con el carácter de económico urgente. Se duda de su aporte a la lucha contra el crimen organizado. Ya se han presentado a consideración de la Corte Constitucional reparos sobre su inconstitucionalidad. Carece, por tanto, de la necesaria legitimidad. La Ley de Áreas Protegidas no ha sido consultada con los pueblos de las zonas rurales y contiene disposiciones atentatorias como un Plan Integral de Seguridad a cargo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. No hay referencia alguna al patrimonio natural y a los ecosistemas del Ecuador, como lo puntualiza Katerinne Orquera, columnista del diario El Comercio. Hay otros asuntos que tampoco han sido tocados: los problemas estructurales del IESS, la crisis de la Función Judicial, la inoperancia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la anunciada convocatoria a una asamblea constituyente, el déficit energético, con la consiguiente amenaza de nuevos apagones, el deterioro de las carreteras, entre otros. Un caso sorprendente es el del Ministerio de Salud, según el diagnóstico del salubrista José Ruales, exministro de Salud, quien alerta sobre la crisis que azota a esta área.
Esto contrasta con la gobernabilidad del actual gobierno. El alto respaldo popular que tiene el presidente Noboa y el apoyo de la Asamblea Nacional en la que la bancada oficialista es mayoritaria. Dicha gobernabilidad faculta al presidente a tomar acciones y decisiones que generen resultados tangibles. Entre ellas figuran una focalización del subsidio al diésel y medidas de ajuste para disminuir el déficit fiscal.
Para trascender, el líder tiene que salir de su jaula de cristal no atándose a la corte complaciente que le rodea. Las señales de alarma que vienen del sistema político agrandan los problemas menores y los grandes problemas hacen menos ruido. El líder común se refugia en ese círculo íntimo de donde emanan consejos no bien fundamentados. El presidente Noboa en su discurso de posesión no se presentó como ese tipo de líder. Sin embargo, por lo que se percibe, carece de una asesoría tecno política que es lo que se denomina estado mayor. Tal asesoría se diferencia de la que le dan sus colaboradores más fieles. Es una asesoría de alto nivel que compite con el soporte emocional cálido de la corte presidencial y con la asesoría fría, especializada de los técnicos, no siempre exentos de corrupción.
Por eso hace falta apelar al conocimiento experto para dilucidar en qué terreno pisamos. Reflexiones autorizadas como la de Carlos Matus, exministro de Salvador Allende y creador de una potente metodología de planificación y gobierno, son pertinentes. Con su amplia experiencia y experticia Matus trata en el Líder sin Estado Mayor, los problemas que acosan a la oficina del dirigente. Matus, solía decir que lo más atrasado de América Latina es la oficina del gobernante.
El diario Expreso trata este tema y sostiene que el aparato estatal necesita experticia.
Matus caracteriza la organización estatal como una bicicleta pesada con un bajo coeficiente de rendimiento. Un aparato estatal de baja calidad no le permite al presidente alcanzar respaldo a su proyecto. Si la formación profesional y ética de los servidores públicos es deficiente y si el presidente se acomoda a esa forma de trabajo, el desempeño de su gobierno saldrá afectado.
Parece ser, afirma Matus, que mientras mayor es la madurez institucional de un país, su capacidad de gobierno depende menos de métodos y técnicas de avanzada, como la planificación. En cambio, en los países con menor madurez institucional no es posible dejar de utilizarla. La falta de una oficina de planificación en el Ecuador ha incidido en el deterioro de la capacidad administrativa y de gestión de políticas públicas.
El presidente Noboa tiene un período de cuatro años que pueden achicarse si carece de un cuerpo técnico y político de alto nivel. Ahí se advierte la importancia de que los políticos se formen antes de ser electos y de ejercer las funciones que el gobierno les ha confiado. Igual los técnicos de carrera que suelen ser colocados por los gobiernos de turno y que también carecen de preparación y, en ocasiones, de valores éticos.
Hizo bien el presidente Noboa en mantener a algunos de los ministros que le acompañaron en los 18 meses de su arribo inicial al mando. En ese período pudieron hacer un aprendizaje en la práctica. Lo que no se sabe es si cada uno ocupó el puesto acorde con su saber y destrezas operativas, y por qué el cargo de ministro de Salud no ha podido ser llenado con la agilidad que la crisis de la salud exige.
Hay que diferenciar el personal político del funcionario de carrera. Los afiliados y hasta familiares de los partidos triunfantes en una elección suelen ser nombrados no por méritos sino por la presión de sus partidos al candidato ganador. El nepotismo que ha sido descubierto entre los legisladores de distintas bancadas lo confirma. Hay que desterrar esta nefasta costumbre.
El nuevo Ecuador que el presidente Noboa aspira construir demanda el concurso de políticos que respeten y se enteren de la labor de una burocracia competente y ética. Un estado mayor puede articular la acción de políticos responsables y la de una burocracia capaz y eficiente. Con ese poder cognitivo y la gobernabilidad que aun tiene el presidente Noboa él puede definir hacia dónde conducir al Ecuador. Expertos señalan que el petróleo tiene poco futuro y que para el Estado la minería legal podría llenar ese vacío, dado que el banano, el café, el cacao, los camarones, las flores y demás productos de exportación no petroleros pertenecen al sector privado. ¿Con qué recursos el Estado puede impulsar una vigorosa política social para aumentar el empleo y reducir la pobreza?
Esta pregunta debería ser respondida en el diálogo del gobierno con la CONAIE.