Hace varios meses, en la Biblioteca de la sede de las Naciones Unidas, en Ginebra, se realizó el lanzamiento del libro “Una esperanza más poderosa que el mar”. Su autora, Melissa Fleming, una reconocida vocera del ACNUR, relata un episodio de la vida real de la adolescente refugiada siria Doaa al-Zamel. Ella fue rescatada en el Mar Mediterráneo, aferrada a un flotador, en el cual sujetaba además a dos pequeños niños, cuyos padres le entregaron antes de morir ahogados, junto a centenas de otros náufragos, al creer que ella tendría más posibilidades de sobrevivir, hasta que alguna ayuda llegara.
Esta narración, con la que se identifican miles de migrantes y refugiados, que intentan cruzar mares, desiertos, montañas o selvas, busca retratarlos como individuos y seres humanos, en lugar de números o amenazas. Es una visión más real y moral que la considerada políticamente correcta por la opinión pública convencional, de la que generalmente hace eco parte de la prensa convencional.
Cuando refugiados y migrantes viajan de Libia a Italia en un mismo bote, o embarcaciones precarias en las que intentan llegar a un puerto seguro, tienen exactamente las mismas necesidades de salud, la misma sed y hambre, el mismo derecho a vivir, a que sus hijos que sacaron de sus países sobrevivan esa travesía, a que su vida sea protegida, independientemente de los documentos que lleven consigo, o de si salieron de su país por la pobreza extrema o por la guerra. Si el bote naufraga, como sucede con demasiada frecuencia, debido a las condiciones en que se realizan estos peligrosos viajes, o por acción premeditada de los traficantes, como en el caso del relato de Doaa, sería impensable que para rescatarlos o no del agua, se evalúe la condición migratoria de cada uno, o se determine primero si se encuentran en aguas soberanas de algún estado o en alta mar. Hay valores mucho más altos en juego, que en ocasiones sólo se entienden con ejemplos extremos.
Este también es el caso de quienes cruzan cientos o miles de kilómetros a través de fronteras terrestres, muchas veces en territorios bajo control de mafias, maras o grupos terroristas. La común censura, que intenta acusar a las víctimas por su situación, cuestiona la salida de sus países, desconociendo que, en la mayoría de casos, simplemente no existen más opciones, cuando un ser humano debe enfrentar crisis extremas o violencia, que no solamente es física, sino también social o política. En otros casos, lo hacen por ignorancia, o por el engaño de criminales que lucran con vidas humanas.
Por otra parte, la exigencia de aislar gobiernos corruptos o asesinos, sólo genera mucha más violencia interna, más dolor y más pobreza; es decir, muchos más migrantes y refugiados. Seres humanos en situación de movilidad, cuyas denominaciones o clasificaciones responden a intereses políticos y económicos, de quienes no quieren tener la responsabilidad de dar la misma protección que deben a un refugiado que huye de la guerra, a un migrante que huye de la miseria, los desastres naturales, la desertificación, las pandemias, o que por innumerables razones son de una u otra forma vulnerables.
El año 2018 será recordado como aquel en el que se adoptaron, por primera ocasión en la historia, un Pacto Global sobre Migración y un Pacto Global sobre Refugiados. Dos logros de la diplomacia multilateral, imposibles de imaginar solamente tres años atrás, antes de los grandes flujos sirios hacia Europa, pero que lamentablemente dejaron de lado a muchos seres humanos que se encuentran en la amplia gama de grises que existe entre las concepciones de refugiados y migrantes, que en la actualidad se pretende que sean mutuamente excluyentes. Se trata, sin embargo, simplemente de personas vulnerables por distintas razones y en distintos grados; de seres humanos con derechos, que generalmente cruzan fronteras, sin distinción de estatutos o categorías legales, en un mismo camión, en un mismo bote.
Durante la Presidencia del Ecuador del Comité Ejecutivo del ACNUR en Ginebra, en el año 2005, debí conocer los llamados “hot spots”. Darfur (el hogar de los Fur) en Sudán a la cabeza de todos, y los campos de refugiados en la República del Chad, alrededor de los cuales los milicianos yanyauid cabalgaban en la noche demostrando su poder y el control que tenían frente a una población mayoritariamente de mujeres y niños que lo único que tenían era arena. Si realizaban un ataque, no habría habido diferenciación ni discriminación por ninguna condición, ni con ellos que no contaban con ningún documento, ni con nosotros que portábamos pasaportes diplomáticos. Todos necesitábamos la misma protección.
La presencia de abogados, médicos, profesores o jardineros, en el más grande campo de refugiados de Europa, el ex aeropuerto de Tempelhof en Berlín, nos demostraron a los miembros del Laboratorio de Migraciones (un impresionante proyecto de la Global Leadership Academy al que pertenezco), que las crisis, de cualquier tipo, no discriminan a nadie. Afectan por igual a quienes huyen de estados fallidos en busca de una mejor vida, como a quienes huyen para sobrevivir un día más. En esa gigantesca instalación, todos estaban en los mismos hangares, con la misma soledad, angustia e incertidumbre, sin importar qué documentos portaban, o la causa inicial de su salida. La única certeza que tenían era que no podían regresar. Al menos no por mucho tiempo.
Luego de conversar con muchos ciudadanos venezolanos recién llegados al Ecuador, muchos de ellos profesionales que perdieron todo, por simples decisiones políticas en un Estado vecino, confirmé una vez más la viabilidad de la hipótesis de que esas personas, o esas familias, que muchas veces nos estorban en los semáforos, mientras sacan fuerzas de su desesperación para poder humillarse, mostrando cartones en los que piden ayuda, pueden ser nuestros hijos o nietos en 10 o 20 años. Quizá nosotros mismos. Al final, todos estamos en el mismo bote.
Los criterios del autor expresados en este artículo no necesariamente representan los del Servicio Exterior ecuatoriano.