En los últimos días me di tiempo para repasar un poco de historia. De a poco fui yendo de atrás hacia adelante, y mi curiosidad se concentró en el primer tercio del siglo XIX. Mientras buscaba distraerme, el presente abrumador atosigaba con noticias sobre el colapso de la vialidad en Loja, la falta de agua y los problemas estructurales del país. Loja lleva meses con una vialidad que se arruina y, más allá de anuncios grandilocuentes de las autoridades nacionales, no hay visos de una solución estructural. Hay barrios en Loja que, en estos últimos seis meses, como excepción han tenido agua; lo normal para ellos ha sido la falta de ese servicio. Sin embargo, la ineficiente gestión municipal (desde hace décadas), la pasividad de la ciudadanía y la desidia del Gobierno han hecho que el lojano parezca acostumbrarse a esta realidad. En Quito pasaron unos días sin agua, y Carondelet anunció una intervención inmediata. ¡Qué suerte la del vecino!
Tratando de retirarme de esas preocupaciones del presente, mis divagaciones históricas me enfocaron en el debate constante de Bolívar sobre la visión del gobierno. Entre tantos debates de su época, uno de los más importantes —y probablemente el argumento central para justificar el rompimiento grancolombiano— fue el modelo de gobierno: centralista o federal. Los próceres de la independencia, en su gran mayoría, estaban de acuerdo en un Estado republicano, pero Bolívar y unos pocos más creían que solo un fuerte gobierno centralista permitiría el fortalecimiento y la supervivencia de la república luego de la independencia. Bolívar, un genio y visionario, se aferró a un gobierno central fuerte, en una época donde la comunicación americana era precaria. A pesar de que Estados Unidos logró su independencia casi medio siglo antes y había apostado por un modelo federal (Bolívar, dicen, admiraba a Washington) el Libertador optó por un modelo opuesto: el centralismo.
Las ciudades de Valencia y Maracaibo se opusieron, desde el inicio de las guerras de independencia, a subordinar su gestión a Caracas; Cartagena y Popayán lo mismo por Bogotá; Guayaquil, Cuenca y Loja, de igual manera recelaban a Quito, y todos resentían el centralismo peninsular de España. Sin embargo, la Gran Colombia nació y murió con la obstinación de un gobierno centralista. Se negaron a emular el ejemplo de Estados Unidos, que logró, a través del federalismo, forjar la unidad de las colonias británicas del norte.
A pesar de que este punto era central en la disputa entre Santander y otros con Bolívar, luego de la muerte del segundo y la disolución de la Gran Colombia, tanto Colombia como Ecuador terminaron insistiendo en un modelo centralista. Y es este centralismo el que, más de 200 años después, continúa azotando a la periferia. El centralismo —que no es lo mismo que regionalismo— se ha impregnado al punto que, desde Quito y Guayaquil, se lo asume y acoge como premisa de casi todo planteamiento de política pública, como algo natural, como algo inadvertido.
Cuando Manuel Carrión Pinzano lideró el Gobierno Federal de Loja, en un año logró lo que en décadas se habían rehusado a hacer desde el gobierno central (creo universidad, Corte Provincial de Justicia, generó proyecto de desarrollo provincial, etc.), los opositores a este modelo de gobierno afirmaban que “no estamos preparados para un federalismo”, insinuando que no había la preparación, la madurez o la responsabilidad, desde la periferia, para asumir las obligaciones que el federalismo conlleva. Ciento sesenta y cinco años después, con matices, se siguen aduciendo estos argumentos: “Los recursos los manejamos desde el gobierno central, porque si no, en las provincias se los pueden malversar”, como si el gran desfalco público que desangra a este país no viniera desde el mismo gobierno central. Y es que para el modelo de corrupción actual, el centralismo es un buen negocio.
Se confunde el interés nacional con el interés de los políticos de Quito y Guayaquil, cuando se cita dicho interés, se habla principalmente de proyectos que favorecen a esas ciudades. Por ejemplo: el “interés nacional” de explotar las minas de Kimsacocha —proyecto contrario al interés de los cuencanos de preservar sus fuentes de agua—, es favorable al centralismo por los recursos que generaría.
Para Loja, su Gobierno Federal ha sido la demostración más clara de que el manejo descentralizado de la cosa pública es lo más eficiente para los intereses de su población.
El centralismo ha condenado el desarrollo de las provincias de la periferia a ser dependiente y/o subordinado al desarrollo de los ejes históricos del poder político y económico del país: Quito y Guayaquil, a veces Cuenca. Pregúntele a Manabí, Esmeraldas o El Oro, por ejemplo, sobre la cuestión de sus puertos. Loja, como muchas otras provincias periféricas del país, lejanas a Quito, está destinada a ser un territorio de sacrificio (como lo están haciendo con Zamora Chinchipe, o ya lo han hecho con el nororiente) para dar paso al modelo de desarrollo extractivo minero, para que las regalías de esta actividad financien los proyectos de desarrollo que los políticos acomodados en Quito (ya sean guayaquileños, quiteños o de otras partes del país), impulsen, en los centros de poder, sacrificando el futuro de la periferia.
De esta manera, el lastre del centralismo continuará haciendo del Ecuador un país desigual, injusto y cada vez más roto, arriesgando así la viabilidad de su existencia en el mediano y largo plazo, o simplemente condenándolo a ser un Estado fallido. Logrando así, otra vez, que la frase del Libertador resuene —con plena vigencia— una vez más: “He arado en el mar”.
Pablo Piedra Vivar