El Ecuador ha esperado durante mucho tiempo respuestas sensatas sobre su verdadera situación energética. En su lugar, ha recibido relatos fantásticos.
El más reciente fue el de la tormenta solar. Las alertas técnicas siempre estuvieron ahí. En ciertos meses del año, la Costa ecuatoriana enfrenta riesgos de cortes de electricidad por sobrecarga del sistema eléctrico, a causa de su alta demanda.
Pero el Sol cargó con la culpa de todos los males. Es como si no hubiésemos transitado por la evolución de la ciencia para resolver con técnica el impacto de los fenómenos naturales.
La inobservancia costará 30 millones de dólares con la aplicación de un subsidio por la tormenta solar, como si el país tuviera recursos suficientes.
Los hospitales claman por atención, los pacientes por medicinas. La angustia no conmueve. Lo demostró el columpio.
No es un episodio aislado. Es parte de una secuencia de versiones oficiales intentando desplazar la atención sobre los problemas de gestión.
Empezó con la apertura de las inexistentes compuertas en Mazar. El sabotaje. Luego la zarigüeya con apetito por los cables de alta tensión.
En el 2024, Colombia fue acusada también de negarse a vender electricidad a Ecuador por razones ideológicas. Sin embargo, la decisión fue tomada para proteger los embalses de sus hidroeléctricas en un momento de caída de sus caudales, afirmaron sus informes públicos.
Después hubo otro supuesto sabotaje en el Sistema de Oleoductos Transecuatoriano, por la rotura de un tramo ubicado en el cantón Quinindé, Esmeraldas. La evidencia señaló como causa un deslizamiento de tierra. Hasta ahora esperamos las pruebas de cualquier esfuerzo humano empleado para desplazar más de 225.000 metros cúbicos de tierra sobre el oleoducto. ¿Sabotaje?
La declaración habría también puesto en riesgo la cobertura del seguro petrolero a las poblaciones afectadas por este tipo de eventos. Nunca hubo información sobre su desenlace.
La Presidencia tomó distancia de esta narrativa, disponiendo a las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía investigar más a fondo los hechos.
Pero no terminó ahí. Hablaron de 3.800 barriles de crudo derramado. La realidad se impuso. Fueron más de 25.000. Familias enteras aún reclaman por la atención estatal.
La casa en llamas
Desde el 13 de marzo, el relato oficial sobre la buena salud del sistema eléctrico ecuatoriano se desmoronó. Dos informes del Operador Nacional de Electricidad CENACE expusieron sus limitaciones estructurales.
No hay suficiente músculo térmico para compensar la disminución de los caudales en las hidroeléctricas, y el sistema de transmisión y distribución no soporta las exigencias de una demanda en constante crecimiento, en especial durante los meses de mucho calor en el Litoral.
Cuando estas evaluaciones fueron presentadas al público, la respuesta oficial consistió en acusar a la prensa de escandalosa e intentaron presentar los cortes de electricidad como mantenimientos programados.
Han sido algunas de las controvertidas actuaciones gubernamentales cuando la sociedad espera respuestas técnicas claras sobre el manejo de los sectores estratégicos del país.
No sabemos si esta conducta continuará con el cambio administrativo anunciado en el Ministerio de Ambiente y Energía. Desde hace mucho se pide sustituir los relatos por gestión.
Es necesario partir por la designación de una autoridad altamente técnica, con la competencia suficiente para entender el lenguaje de la emergencia del sector energético, y brindarle las respuestas adecuadas e inmediatas.
Es hora también de dividir al monstruo.
No es funcional el actual diseño institucional para resolver las tensiones del sector energético. Cinco ministerios en uno es la fórmula del fracaso, no contribuye a una eficiente gestión. Solo ha dado espacio a atender emergencias tras emergencias. Mientras los problemas estructurales no tienen las suficientes respuestas planificadas. Dividirlo será el inicio de una salida ordenada a sus limitaciones.