El sueño milenario de la civilización occidental parece naufragar en las turbulentas aguas de la realidad. La idea de que son los pueblos, o al menos una mayoría de esos pueblos, los que deciden quién, cómo y para qué debe gobernarse, se diluye frente a la contundencia de los hechos. Este noble ideal queda reducido a una mera formulación teórica.
La modernidad construyó algunos mitos. Por ejemplo, que los Estados Unidos son un paradigma de la democracia. Pero los Estados Unidos no son realmente eso. En ese país las elecciones están mediadas por el mercado; más precisamente, por el poder del dinero. No es el pueblo quien elige, sino las élites adineradas. Para llegar a la presidencia de la república o a un alto cargo de elección popular se requiere de fortunas gigantescas. Así ha ocurrido durante los últimos 250 años y seguirá ocurriendo a futuro.
Pero a pesar de esta deficiencia estructural, los Estados Unidos lleva dos siglos arrogándose la función de regulador universal de la democracia, sobre todo en aquellos países con graves limitaciones institucionales. Poco importa que imponga su modelo de democracia a tiros. Lo fundamental es mantener el mito.
La reciente agresión militar a Venezuela no puede representar sino el descalabro más brutal de la democracia, inclusive en sus versiones más restringidas y raquíticas. El estatus que Donal Trump pretende imponer en ese país latinoamericano es una completa aberración política. Un engendro. Solo una personalidad psicológicamente alterada puede suponer que en el siglo XXI es factible gobernar un país a control remoto.
Pero el fracaso de la democracia también tiene su contrapartida en aquellos proyectos o gobiernos que, al menos de palabra, se han posicionado como opuestos a las políticas imperiales de Trump. El peor error de los mal llamados progresismos latinoamericanos, que incluyen a la izquierda boba de vieja tradición burocrática, fue haber justificado y alcahueteado la condición autoritaria e ilegal de los regímenes chavistas. El fraude electoral en Venezuela se instituyó mucho antes de que Maduro llegara a la presidencia, y con los años se fue perfeccionando.
Lo más sorprendente es que ese proyecto político, que durante dos décadas se defendió a nombre de la izquierda, tiene inocultables ingredientes fascistoides: los colectivos chavistas son la estructura más parecida a los camisas negras italianos que se hayan visto en América Latina.
La condescendencia con ese régimen —al igual que con la satrapía de Ortega en Nicaragua— impidió establecer límites regionales firmes frente a las barbaridades del gobierno de Maduro. Una presión unánime de todos los países latinoamericanos habría provocado una salida democrática a la crisis. Y, sobre todo, habría impedido que las alucinaciones de Trump tuvieran cabida.
Basta ver la liberación de presos políticos luego de la agresión militar gringa para confirmar el absurdo y la paradoja de este alineamiento. Ahora resulta que la intervención extranjera es la mejor vía para lograr el respeto a los derechos humanos. El colmo.