Cuando una institución está agotada, descompuesta y moralmente deteriorada, como el Consejo Nacional Electoral, quienes se aferran con uñas y dientes a sus entrañas —en algunos casos, para agotar allí su paso por la vida política y laboral— no están construyendo futuro ni resguardando la democracia; están administrando su propia chacra, donde cada uno decide qué siembra, aunque la cosecha sea la baja confianza ciudadana y la crítica internacional.
Y precisamente, en medio de ese deterioro —advertido a 90 días de acudir a las urnas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un riesgo para una competencia libre, equitativa, plural, transparente y con seguridad jurídica—, el territorio adquiere valor estratégico; ya que las provincias dejan de ser simples referencias del mapa electoral y se convierten en espacios de disputa y mercadeo político, cuyo control permite a los partidos preservar o conquistar posiciones de poder desde los organismos electorales desconcentrados y temporales del CNE: las Juntas Provinciales Electorales.
Consecuentemente, esta lógica, lejos de corresponder a la supervisión, observancia o distribución convencional de funciones entre los consejeros que logran participar y designar a los vocales de cada Junta Provincial Electoral —con o sin una revisión exhaustiva de los perfiles que llegan a sus manos—, desnuda repartos y presuntas negociaciones incompatibles con la independencia electoral hasta rozar las formas más corrosivas de la corrupción política, que se sintetizan en la pregunta expuesta por descuido, a micrófono abierto y en medio de una sesión de Pleno por la consejera de perfil más discreto pero no menos polémico del prorrogado CNE, Esthela Acero Lanchimba, quien dijo públicamente: “¿A quién le damos el Guayas?”.
Sin que este sea el único episodio cuestionable, pues la misma consejera que con su “voto de confianza” encumbró el pasado 11 de junio en la vicepresidencia del CNE a la señora Acero, a mediados de 2024 repudió su forma de controlar la provincia del Carchi, donde hubo -según ella- “supuestos diezmos, supuestos malos tratos, supuesta venta de puestos, y la denuncia en Fiscalía contra una alta servidora pública electoral”. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O el resultado de una arquitectura de acuerdos que nunca ha sido explicada suficientemente? Pero, además, hay que preguntarnos. ¿Qué destino tuvo aquel reclamo, formulado públicamente durante una sesión del Pleno del CNE? Y, sobre todo, ¿qué papel han desempeñado los clanes Reina y Osejo en la administración tanto de la Delegación Provincial como de la Junta Electoral del Carchi durante la gestión de Acero?
Si miramos hacia atrás, al primer proceso en el que Acero Lanchimba participó como autoridad electoral, encontraremos otra actuación que merece ser examinada. En el contexto de las Elecciones Seccionales de 2019, habría recomendado a la entonces presidenta del CNE, Diana Atamaint, la contratación de Luis Loyo —su excompañero de campaña en Alianza País—, quien fue designado primero como director de Capacitación y, posteriormente, como director de Procesos Electorales. La decisión adquiere particular relevancia si se considera que, ese mismo año, Loyo fue vinculado judicialmente con una red de tráfico de influencias dentro del CNE y, posteriormente, se declaró culpable del delito de asociación ilícita en relación con esos hechos. A ello se suma un antecedente que, según se ha señalado, era conocido por Acero: en 2010, Loyo fue condenado a nueve años de prisión por falsificación de documento público. Precisamente, la contratación de Loyo se incorporó como una de las causales del juicio político que interpusieron los ex asambleístas de CREO, Jeannine Cruz y Fernando Flores en contra de la expresidenta Atamaint.
Por lo expuesto, resulta difícil sostener que lo dicho públicamente por la vicepresidenta Acero en el Pleno del CNE, sea un elemento aislado o un simple desacierto comunicacional o administrativo. Lo lamentable es que, su indecorosa pregunta hasta el momento no encuentra respuesta en una Asamblea Nacional que hace años renunció al control político efectivo del Consejo Nacional Electoral, a causa de la inmunidad de sus autoridades y del temor a que cualquier acción de fiscalización termine convertida en un boicot a las candidaturas de los partidos que la integran; más aún cuando al menos uno de ellos aparece como supuesto beneficiario de esos “títulos de propiedad” que, de manera discreta o escandalosa, algunos consejeros parecen arrogarse sobre las provincias del país y cuyos casos más polémicos se encuentran hasta el momento en las Juntas Provinciales de Manabí y Guayas con ciertos vocales de dudosa independencia que, hasta la presente, no han sido removidos.
Frente a ello, sería demasiado ingenuo esperar una renuncia de la consejera Acero, del mismo modo que lo fue para algunos esperar una disculpa pública o, al menos, una explicación. Su mano tapándose la boca y su gesto abriendo los ojos resultaron mucho más elocuentes que su acostumbrada pose adormitada durante los Plenos de una institución que, bajo su actuación, parece convertida en su chacra personal.