Eran hombres del pueblo. Efraín Fuerez, comunero kichwa de Cuicocha, tejía su vida entre la tierra, la memoria ancestral y la dignidad de quien protesta por lo que considera es justo. Froilán Jiménez, policía del GIR, cumplía su deber con disciplina, sin saber que aquel operativo lo convertiría en símbolo de una herida nacional que hasta hoy, no cierra.
Sus muertes revelan una misma verdad incómoda: cuando la violencia viene del Estado, la justicia se vuelve esquiva y el silencio institucional se vuelve sospechoso.
Uno cayó en Cotacachi, el otro en Quito. Ambos en nombre del orden. Ambos en nombre del Estado. Y ambos, y sus familias, merecen verdad.
Froilán Jiménez era policía del GIR. El 30 de septiembre de 2010, mientras escoltaba el vehículo que sacaba al ex presidente de aquel entonces del Hospital de la Policía, recibió un disparo en el pecho mientras militares y policía se enfrentaban.
La autopsia reveló una bala calibre .223, compatible con fusiles M-16. El sistema IBIS —Sistema Integrado de Identificación Balística— no pudo identificar el arma. ¿Por qué? Porque las armas de las Fuerzas Armadas no estaban registradas. IBIS funciona como una base de datos que codifica la huella única que cada arma deja en una bala disparada. Si el arma está registrada, se puede cotejar el proyectil y saber quién disparó. La bala podía ser de militares o de policias. Para que no quedara duda, la empresa de aseo del Municipio de Quito —bajo la alcaldía de Augusto Barrera- se apresuró a barrer los alrededores del hospital. La escena del crimen fue lavada con esmero institucional. No quedó ni casquillos, ni rastro, ni vergüenza.
La justicia, —entiéndase fiscales y jueces jamás evaluados en su desempeño como ahora— permitió todo tipo de manipulación para que la verdad se oculte. Y se ocultó tras informes periciales. Once fiscales, entre ellos seis fiscales generales, y una nulidad procesal que retrotrajo el caso a la etapa de instrucción. Se procesó a dos militares por el delito de asesinato. Pero en 2019, la jueza Ximena Rodríguez declaró la nulidad de todo lo actuado desde septiembre de 2018, por omisiones en la vinculación de ese ex Presidente generador de todo el caos y el otrora ministro de defensa/poeta. Resultado: el proceso volvió a foja cero. No hubo sanción. No hubo condena. No se supo de quién fue la bala, ni quién disparó?¿Quién ordenó?¿Quién encubrió? La impunidad y el olvido han sido la respuesta.
Efraín Fuerez comunero kichwa de Cuicocha, recibió un disparo por la espalda. Cayó en Cotacachi. Murió en protesta. La autopsia, realizada en Ibarra con veeduría de INREDH, reveló que el proyectil perforó pulmón, fracturó costilla y salió por el pecho. Se encontraron cuatro fragmentos. El tipo de bala está bajo análisis. Y aquí empieza el déjà vu.
Porque si algo hemos aprendido del caso Froilán, es que la bala importa. Importa el calibre, importa el fabricante, importa el usuario. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas utilizan fusiles M-16 (calibre 5.56 mm) y AK-47 (calibre 7.62 mm), entre otros. Cada uno deja una firma balística única. Lo que no queremos —y lo decimos con toda la ironía que permite el COIP— es que el informe pericial nos salga con una bala “ambivalente”. Una bala sin filiación. Una bala sin dueño. Una bala que, como en el caso de Froilán, crea un autor desconocido y una justicia desorientada.
Y claro, no olvidemos quién presidía el Consejo de la Judicatura en aquel entonces: Benjamín Cevallos, destituido por el juez Santiago Coba, obediente al correísmo, por no restituir a un magistrado que debía volver por orden judicial. Cevallos había osado suspender a jueces que condenaron a policías por el 30-S, y eso, en tiempos de revolución, se pagaba caro. Hoy, en cambio, tenemos al abogado Mario Godoy, nombrado contra viento, marea y ciudadanía gracias a que las impugnaciones ciudadanas fueron barridas como el alcalde de Quito lo hizo con la Av. Mariana de Jesús.
Pero confiamos —con la fe que da el sarcasmo— en que el actual Presidente de la Judicatura no actuará tratando de proteger al poder. Que no será un Coba al revés. Que no convertirá este caso, y el peritaje balístico en el “indulto anticipado” para la fuerza pública, como fue la propuesta hecha por el Ejecutivo de que éste pueda intervenir antes que los jueces determinen responsabilidad penal.
Que en el caso de Efraín, no suceda como en el caso de Froilán donde la manipulación política sea una eficiente escoba que barra las conciencias de peritos, jueces y fiscales capaces de no encontrar jamás al dueño de una infame bala.