Ecuador atraviesa una de las etapas más complejas de su historia reciente. La crisis ya no es solo económica o institucional: es una crisis de sentido, de seguridad y de futuro. La violencia cotidiana, la precariedad material y la desconfianza en la política y en la justicia han configurado un escenario en el que el miedo dejó de ser una emoción privada para convertirse en una herramienta de gobierno. En este contexto, la pregunta ya no es únicamente cómo se gobierna, sino con qué emociones se gobierna.
Este artículo propone una lectura crítica del Ecuador bajo la administración del gobierno de turno (2023-2026), sosteniendo que el país ha transitado de la lógica de la sociedad del espectáculo -descrita por Guy Debord- hacia una sociedad del miedo, en la que la inseguridad real es instrumentalizada políticamente para legitimar reformas económicas profundamente antipopulares. Para ello se articulan tres marcos teóricos centrales: la crítica de Debord al espectáculo, la doctrina del shock de Naomi Klein y la reflexión de Max Weber sobre la legitimidad del poder.
Durante décadas, el capitalismo contemporáneo se sostuvo en la espectacularización de la vida. Como advirtió Debord en La sociedad del espectáculo (1967), las relaciones sociales dejaron de vivirse de manera directa para ser mediadas por imágenes: la política se convirtió en show, la ciudadanía en audiencia y el conflicto en entretenimiento. El espectáculo no ocultaba la realidad: la reemplazaba. Sin embargo, esta forma de dominación comienza a agotarse cuando la violencia deja de ser simbólica y se vuelve material, cotidiana e imposible de editar.
Eso es precisamente lo que ocurre en el Ecuador actual. El incremento acelerado de homicidios, el control territorial de bandas criminales, las masacres carcelarias y los ataques armados rompen la ilusión de normalidad que el espectáculo necesita para funcionar. Cuando el miedo ya no puede ser disimulado, pasa a ocupar el centro de la narrativa política.
El 9 de enero de 2024 marca un punto de quiebre. Tras una serie de ataques simultáneos de estructuras criminales —incluido el asalto a un canal de televisión— el Gobierno declara el estado de excepción y, de manera inédita, un «conflicto armado interno». Este acto no fue únicamente jurídico o militar, sino profundamente político y simbólico. Nombrar la crisis como guerra transformó la percepción social del problema y habilitó un régimen de excepcionalidad permanente.
Es aquí donde los postulados de Naomi Klein adquieren plena vigencia. En La doctrina del shock (2007), la autora demuestra cómo el neoliberalismo avanza aprovechando momentos de trauma colectivo. El shock paraliza, desorienta y reduce la capacidad crítica de las sociedades, creando las condiciones ideales para imponer reformas que, en contextos normales, serían ampliamente rechazadas. El miedo, en este sentido, no es un efecto colateral de la crisis: es su motor político.
En Ecuador, la secuencia resulta reveladora. Mientras los medios saturaban el espacio público con imágenes de operativos militares, cárceles intervenidas y cifras de asesinatos, el Ejecutivo impulsaba un paquete de reformas económicas: reducción acelerada de aranceles, eliminación de salvaguardias productivas, flexibilización laboral y apertura comercial asimétrica. Medidas que, según encuestas previas, carecían de respaldo social amplio, fueron aprobadas con escaso debate, amparadas en la urgencia y el pánico.
El miedo operó así, como una tecnología de consenso negativo: no se solicitó apoyo, se impuso resignación. «Primero la seguridad, luego vemos lo demás». Pero ese «luego» nunca llega, porque lo primero que llega son las leyes económicas urgentes, la persecución y criminalización a quienes piensan distinto al gobierno de turno.
Desde la perspectiva de Max Weber, toda forma de dominación requiere legitimidad. Cuando la legitimidad legal-racional se erosiona —por corrupción, ineficacia o desigualdad— emerge una forma híbrida en la que el liderazgo se sostiene en la promesa de orden y control. En este contexto, la racionalidad estatal se redefine: ya no se mide por la garantía de derechos, sino por la capacidad de administrar el miedo.
La seguridad se convierte en fetiche. Todo se justifica en su nombre: la suspensión de garantías, la militarización del territorio, la concentración del poder y las reformas económicas regresivas. El estado de excepción deja de ser excepcional y se normaliza como forma de gobierno.
Esta dinámica no es neutra ni universal. En Ecuador —y en América Latina— el miedo se articula con estructuras históricas de colonialidad. Los discursos sobre «terrorismo» y «enemigo interno» tienden a racializar la amenaza: jóvenes pobres, cuerpos afroecuatorianos y barrios populares convertidos en sinónimo de peligro. Mientras la violencia estructural se invisibiliza, la violencia policial y militar se legitima.
Así, la sociedad del espectáculo no desaparece: muta. Los operativos militares se coreografían para las cámaras, el miedo se transmite en tiempo real y la excepción se vuelve espectáculo. Ya no se vende felicidad; se vende seguridad. Y, como toda mercancía escasa, nunca alcanza.
El caso ecuatoriano evidencia con claridad esta mutación histórica: del fetichismo de la imagen al fetichismo de la seguridad. La violencia real, instrumentalizada políticamente, se convierte en el principal recurso para sostener un proyecto económico que profundiza la desigualdad y debilita el tejido social.
Frente a este escenario, la tarea de la teoría crítica —y de la acción política— es urgente. Superar la sociedad del miedo no implica negar la violencia, sino desmontar su uso como herramienta de dominación. Implica reconstruir espacios de deliberación colectiva, donde el miedo deje de paralizar y se transforme en análisis de las causas estructurales de la crisis.
En Ecuador, la verdadera seguridad no se decreta mediante estados de excepción ni se impone con fusiles; se construye con justicia social, trabajo digno, institucionalidad democrática y un modelo económico que no expulse a miles hacia la economía ilícita. Mientras eso no ocurra, el miedo seguirá siendo el lenguaje preferido del poder, y la organización y el fortalecimiento del tejido social se consolidarán como ejes fundamentales del contrapoder.