La democracia en su acepción más amplia y robusta implica necesariamente la participación ciudadana, es decir, la vigencia de un sistema político en el que el pueblo -donde radica la soberanía- pueda expresarse libremente y, en lo fundamental, incidir en la toma de decisiones que afectan al bienestar de la sociedad.
Sin ese componente que se convierte en una condición sine qua non a la hora de definir esta forma de gobierno, en el mejor de los casos, quizá, estaríamos hablando de una democracia política y, por lo mismo, restringida, con la que se convoca, cada cierto tiempo, a la gente para que elija a sus representantes y cumplir de esa manera con un formalismo que le permite etiquetar al Estado, en un mundo de apariencias, como democrático, aunque no haya en la realidad mayor posibilidad de influir en la toma de decisiones.
En ese sentido, cuando una sociedad se moviliza en defensa de sus derechos lo que está ejerciendo es una garantía constitucional y que, en el caso de Ecuador, está determinada en el Art. 98 de la Carta Magna, al considerar a la resistencia como un mecanismo que dispone la gente para reclamar frente a una acción u omisión del poder público. Entonces, tener a una población activa, despierta, no puede ser entendido como un escenario anarquista y menos como un foco de violencia. Si la gente se manifiesta con libertad en las calles (o en cualquier otro escenario) lo que expresa es una buena salud democrática.
Sin embargo, lo que sucede en Ecuador, a propósito del paro nacional promovido por la Conaie y otras organizaciones sociales, es todo lo contrario a las buenas prácticas que caracterizan a un Estado democrático y, por lo mismo, plural y tolerante.
Lo que hay en este convulsionado país es una creciente represión y estigmatización para quienes deciden contradecir al poder. Con enfermizas generalizaciones, a la oposición o a quien disienta de la palabra oficialista, se la etiqueta de enemigo del pueblo o se lo trata de conectar, de forma liviana e irresponsable, con el terrorismo o los grupos de delincuencia organizada.
El haber eliminado el subsidio al diésel sin considerar las implicaciones económicas y sociales que ello conlleva, denota no solamente la falta de diálogo por parte de un régimen que no escucha a su pueblo, pero que está dispuesto a cumplir a pie juntillas con los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional y el pago puntual de la deuda externa, aunque para ello deje de atender (vía reducción de la inversión pública) áreas esenciales como la educación, salud, infraestructura vial, etc., o acumular retrasos en el pago de obligaciones con GADs y proveedores.
La economía ecuatoriana, a diferencia de lo que se señala desde Carondelet, presenta un diagnóstico delicado, en tanto no es capaz de generar crecimiento sostenido que se traduzca en una mejora del mercado laboral. Por el contrario, los avances estadísticamente poco significativos en el empleo pleno dejan en claro que estamos ante una economía estancada en la cual la pobreza y pobreza extrema atrapan a más de 7,5 millones de ecuatorianos.
De ahí que, mientras exista una sociedad que proteste y exija sus derechos, hay esperanza en la construcción de una democracia real, escenario en que los autócratas o aprendices de dictadorzuelos reciben el desprecio popular.