La derecha y el correísmo coinciden en las viejas movidas electorales de la partidocracia: abstraer el debate político de los problemas de fondo, alimentar especulaciones, distraer y divertir a la grey.
Desde la derecha se ha intensificado la campaña para justificar a toda costa una amplia alianza en contra del correísmo. Una emulación de la Mesa de la Unidad Democrática venezolana. Como si no existieran acuerdos de facto entre el gobierno y los grandes grupos empresariales que se han enriquecido durante estos años. Además de un simple recambio de formas, estos sectores económicos no tienen el más mínimo interés en alterar el modelo vigente. Tan solo buscan hacerle algunos ajustes para sortear la crisis sin mayores perjuicios para su patrimonio. Business are business, como dicen los entendidos. Por eso las propuestas de la derecha quedan circunscritas al plano institucional.
Obviamente, muchas de ellas cuentan con la aprobación de otros sectores políticos y sociales. ¿Quién con una mínima convicción democrática no está de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, sanear la función judicial, independizar al Consejo Nacional Electoral o derogar las leyes retrógradas y represivas? Porque hay situaciones que rebasan toda ética y toda decencia. A una buena parte de los ciudadanos nos indigna el abuso de poder, la sumisión de los organismos del Estado al ejecutivo o la arbitrariedad jurídica.
Pero hablar de límites al extractivismo, derechos autónomos de pueblos y nacionalidades, redistribución del agua y de la tierra o socialización de la salud y la educación no tiene cabida en este discurso. Cualquier aspecto que pretenda alterar –aunque sea mínimamente– las condiciones de acumulación de capital queda descartado de entrada.
Por eso la argumentación de la derecha en favor de una unidad indiscriminada en contra de Correa resulta tan gelatinosa. Tan ambigua y desconfiable. Ni siquiera tiene la la sutileza de ofrecer, como lo hace la ministra de economía de Macri, no regresar al neoliberalismo. Acá no se habla de cambio sino de reemplazo; no se habla de democratizar sino de funcionalizar.
El correísmo, por su lado, no se queda a la zaga. La incertidumbre provocada a propósito de la sucesión del caudillo es una hábil maniobra para estirar la liga hasta el último momento. Y hay condiciones para hacerlo: mientras tenga a la mano el comodín de Lenin Moreno, Alianza PAÍS podrá jugar con amagues, pistas falsas y globos de ensayo hasta días antes de la inscripción de candidaturas. Antecedente no faltan: basta recordar cómo en 2013 la jerarquía verde-flex metió la candidatura de Jorge Glas por la tranquera, ante el pasmo y la desilusión de sus huestes.
A fin de cuentas, todo se reduce al nuevo reparto de la torta pública (o de lo que quede de ella). Agotado el modelo correísta, toca sustituirlo por otro que mantenga los esquemas fundamentales. Sobre todo, que no introduzca piezas o engranajes asíncronos.
Como, por ejemplo, suspender la firma del TLC con la Unión Europea, desmonopolizar la economía o combatir la corrupción en serio.
Es por eso que los movimientos y organizaciones sociales tienen tanta dificultad para lograr acuerdos electorales con uno u otro sector. Porque el alarmismo de lado ylado impide un debate razonado sobre el futuro del país. En medio de la histeria de ¡quieren convertir al país en otra Venezuela! o ¡quieren regresarnos al pasado! no existe reflexión posible.
No obstante, este contrapunto entre la nueva y la vieja partidocracia abre un espacio para la irrupción de una fuerza social que politice el debate, con propuestas consistentes y visiones estratégicas que trasciendan el muñequeo electoral de la derecha y del correísmo. Aunque con poco tino y demasiado barullo, es lo que la CONAIE quiere hacer con Pachakutik. Y es lo que podrían hacer los movimientos sociales, las organizaciones populares y los colectivos de izquierda frente al próximo proceso electoral: establecer unos mínimos a partir de los cuales es posible suscribir un acuerdo electoral con los sectores democráticos, y definir los mecanismos con los cuales se pueda garantizar su cumplimiento.