Desde que Daniel Noboa asumió la Presidencia, la seguridad se convirtió en el eje central de su discurso político. En medio de una escalada inédita de violencia, el Gobierno ha apostado por reforzar la cooperación internacional como una de sus principales cartas para enfrentar al crimen organizado. Según información oficial y reportes de prensa, Ecuador mantiene más de 130 convenios de seguridad con al menos 39 países y organismos internacionales, una cifra que el Ejecutivo presenta como evidencia de un respaldo global a su estrategia.
No obstante, una revisión más detallada muestra que la mayoría de estos acuerdos no son nuevos. Se trata, en gran parte, de convenios firmados en gobiernos anteriores —especialmente con Estados Unidos, Colombia, la Unión Europea y organismos multilaterales— que han sido reactivados, ampliados o reencauzados bajo la actual administración. Estos instrumentos abarcan cooperación en inteligencia, capacitación policial y militar, control fronterizo, lucha contra el narcotráfico, intercambio de información financiera y apoyo tecnológico.
Entre los acuerdos más destacados durante el mandato de Noboa figuran los acercamientos con Estados Unidos en materia de seguridad y defensa, orientados al combate al narcotráfico y al fortalecimiento de capacidades operativas; la cooperación con Colombia y países vecinos para el control de fronteras; y los programas impulsados junto a organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), enfocados en asistencia técnica, modernización institucional y diseño de políticas públicas contra el crimen organizado.
Sin embargo, más allá de los anuncios, no existe un balance público que permita medir el impacto real de estos convenios. El Gobierno no ha precisado cuántos acuerdos han sido firmados específicamente durante esta administración, cuáles están plenamente operativos, qué recursos movilizan ni qué resultados concretos se esperan en términos de reducción de homicidios, extorsiones o secuestros.
El peso del antecedente: El Plan Fénix
La falta de claridad se vuelve más crítica si se considera el antecedente inmediato del Plan Fénix, presentado como la gran estrategia integral de seguridad del Gobierno. El plan fue anunciado en un contexto de estados de excepción, militarización de territorios y endurecimiento del discurso oficial, pero nunca estuvo acompañado de metas cuantificables, cronogramas públicos ni evaluaciones independientes.
A más de un año de su lanzamiento, el Plan Fénix no logró contener la violencia. Por el contrario, las muertes violentas continuaron aumentando, incluso en provincias intervenidas por fuerzas militares. Para expertos en seguridad, el plan terminó siendo más una respuesta enunciativa y reactiva basado en presionar a los comandantes policiales por mejorar los resultados e indicadores en sus territorios de responsabilidad, que una política estructural, centrada en un control territorial inmediato y no en las causas profundas del fenómeno criminal.
Más recursos, menos transparencia
En este escenario, el Gobierno anunció una inversión de 180 millones de dólares en materia de seguridad, presentada como una respuesta urgente frente al avance del crimen organizado. Sin embargo, el anuncio llegó sin un desglose técnico ni financiero que permita conocer con precisión cómo se ejecutarán esos recursos. Hasta ahora, no se ha informado cuánto se destinará a equipamiento militar y policial, adquisición de tecnología, sistemas de inteligencia, infraestructura, prevención social del delito o fortalecimiento institucional, ni bajo qué modalidades de contratación se realizarán las compras.
La falta de información resulta especialmente sensible en un contexto marcado por estados de excepción recurrentes y la declaratoria de conflicto armado interno, que han habilitado regímenes especiales de contratación, procesos reservados y compras aceleradas. A ello se suma la actuación de instancias como el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) y los organismos de inteligencia —hoy reconfigurados bajo el Centro de Inteligencia Nacional (CNI)— cuyas decisiones suelen quedar amparadas en el argumento de la seguridad nacional, consolidando un manto de secreto sobre el uso de fondos públicos.
La experiencia reciente en Ecuador demuestra que este esquema no es nuevo ni inocuo. En los últimos años, el Estado ha invertido cientos de millones de dólares en armas, municiones, vehículos blindados, chalecos antibalas, sistemas de vigilancia, radares, drones y equipamiento táctico para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin embargo, no existe un inventario público integral que permita identificar con claridad qué se compró, a quién se compró, en qué condiciones, ni cuál ha sido el impacto real de esas adquisiciones en la reducción de la violencia. Varias de estas compras han sido posteriormente cuestionadas por sobreprecios, fallas técnicas, falta de mantenimiento o escasa utilidad operativa.
Frente a este escenario, crece la exigencia de que la Contraloría General del Estado intervenga de manera directa, concurrente y posterior en cada dólar destinado a seguridad. No se trata únicamente de un control formal de legalidad, sino de un ejercicio profundo de rendición de cuentas, que permita establecer quiénes han sido los beneficiarios de los millonarios contratos, cuáles empresas han concentrado las adjudicaciones y si las decisiones de compra respondieron a criterios técnicos o políticos.
Sin ese control efectivo, la nueva inversión anunciada corre el riesgo de reproducir un patrón ya conocido: más recursos asignados en nombre de la seguridad, pero menos transparencia, menos control público y escasa evidencia de resultados concretos, mientras la violencia continúa afectando a la población y debilitando la confianza en las instituciones.
La realidad que persiste
Mientras los convenios se acumulan y los montos se anuncian, la violencia no se detiene. Ecuador sigue registrando cifras históricas de homicidios, con estructuras criminales que operan dentro y fuera de las cárceles, controlan economías ilegales y disputan territorios estratégicos.
La experiencia reciente muestra que la cooperación internacional y el aumento del presupuesto, por sí solos, no garantizan mejores resultados. Sin transparencia, sin evaluación constante y sin una política integral que combine represión, justicia y prevención social, los convenios corren el riesgo de quedarse en el papel.
El mayor reto para el Gobierno de Daniel Noboa no es firmar más acuerdos ni anunciar nuevos montos de inversión, sino convertir esos esfuerzos en resultados medibles, sostenibles y transparentes. La exigencia de datos públicos, evaluaciones independientes y control institucional no busca deslegitimar la acción del Estado, sino fortalecerla en un escenario donde el crimen organizado gobernó amplios territorios del país con total impunidad durante años.
En ese contexto, es innegable que hoy existe una voluntad política distinta y un intento por recuperar el control estatal frente a estructuras mafiosas enquistadas en cárceles, puertos, fronteras y economías ilegales y hasta en los gobiernos seccionales. La gestión del ministro del Interior, John Reimberg, se ha caracterizado por una alta intensidad operativa, presencia constante en territorio y una narrativa de confrontación directa contra estas redes criminales, algo que no se veía con la misma claridad en administraciones anteriores.
Sin embargo, la historia reciente demuestra que la fuerza del Estado no puede sostenerse solo en operativos, decretos o anuncios, sino en instituciones sólidas, decisiones auditables y una rendición de cuentas que acompañe cada acción. La transparencia, lejos de ser un obstáculo, es la condición indispensable para que la lucha contra las mafias sea legítima, eficaz y duradera.
Ecuador aún está a tiempo de demostrar que es posible salir del círculo de violencia combinando determinación política, cooperación internacional, control del gasto público y una estrategia integral que no repita los errores del pasado. La energía está puesta; el desafío ahora es ejecutar bien, corregir a tiempo y permitir que el escrutinio público sea parte de la solución y no del problema.