Un presidente que comienza su gestión debe prever lo que ocurrirá al final de su mandato. Así verá en retrospectiva las decisiones que está tomando y las que puede tomar, sopesando las consecuencias de unas y otras: «Lo que estoy haciendo ¿es lo correcto?». «¿Puedo actuar de otra manera?». Ver 2029, en tal o cual escenario, le permite afinar su agenda de estos cuatro años y planificar una acción eficaz para que al término de su mandato exhiba resultados promisorios.
Algo de esto se apreció en el discurso de posesión del presidente Noboa. Mostró su capacidad de trazar su propio camino y su decisión de recorrerlo en beneficio del país. Planteó algunas líneas de acción, como la inversión pública para generar empleo mediante una modernización de la gestión administrativa del Estado, que a su vez aliente la inversión privada. También el proyecto de impulsar la energía nuclear para evitar la crisis eléctrica. La construcción de viviendas y la necesidad de priorizar el crecimiento económico, como base de una política social que complemente la política encaminada a rescatar al país y a la sociedad del crimen organizado, que se siente dueño de sus destinos. Gracias a la colaboración de la Asamblea Nacional podrá dedicar su tiempo a impulsar proyectos de desarrollo. La política ya no girará alrededor de los conflictos de intereses entre grupos políticos que bloquean las tareas trascendentes de una gestión eficiente de la administración pública.
Hace falta, sin embargo, concretar un plan integral de gobierno que articule las políticas que intenta desarrollar. El empleo, por ejemplo, está ligado a la seguridad. El crecimiento económico tiene obstáculos por la restricción de recursos y el temor de los inversionistas por los riesgos derivados de la inseguridad. La reforma laboral sigue siendo una tarea pendiente. La crisis de la seguridad social reclama una acción emergente.
El debate que se ha abierto en torno al proyecto de ley contra la economía criminal es de gran profundidad. Está en juego el futuro del Ecuador. También el futuro del actual gobierno. ¿Hasta qué punto el Estado de Derecho en el Ecuador tiene tan solo una existencia formal? ¿Qué garantías tienen los derechos humanos en este proyecto de ley? ¿Cuál es el papel de la sociedad civil en esta guerra contra el crimen organizado? ¿Se podrá con una ley echar abajo el andamiaje y maquinaria del crimen organizado? ¿Cabe entregar a las Fuerzas Armadas y a la Policía atribuciones no contempladas en la Constitución vigente ni en el cuerpo normativo que rige en el Ecuador? ¿Las atribuciones otorgadas al llamado bloque de seguridad no apuntan a crear un ente con mucho poder no sujeto a control institucional?
El estado de guerra declarado por el gobierno parte de la necesidad de enfrentar al crimen organizado de manera frontal, empleando a fondo la capacidad de coerción legítima del Estado. No puede el Estado dejarse amilanar frente a los crímenes de las mafias organizadas. En ese sentido el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo se justifica.
Las medidas planteadas, sin embargo, tienen doble filo. El dilema entre la protección de los derechos humanos y la criminalización de los integrantes de las organizaciones delictivas no puede afrontarse al margen de la ley Sin duda que no estamos en un régimen de normalidad institucional, no les falta razón a quienes juzgan que el Estado de Derecho es más formal que real, que invocar su defensa puede debilitar la lucha contra las mafias que no respetan los derechos humanos de quienes vivimos apegados a la ley y a una convivencia social basada en el respeto recíproco.
No se puede, empero, en una guerra dar las espaldas a la política. Es lo que sostuvo Carl von Clausewitz en su teoría de la guerra: “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. O sea, “las acciones militares son absolutamente irracionales a menos que se ajusten a un objetivo político dominante”. En la guerra contra el crimen organizado hay que definir cuál es ese objetivo. Las victorias militares pueden desembocar en desastres políticos.
Las mafias no solo ejercen violencia sino que contaminan la política con la infiltración de los organismos del Estado, con alianzas con grupos políticos y con el aprovechamiento de la ausencia del Estado en los sectores más vulnerables de la sociedad. Los niños y adolescentes de las áreas marginales de la ciudad y el campo no tienen futuro, carecen de proyectos de vida. La política de seguridad está dirigida a la población menos vulnerable, mientras el resto carece de protección estatal.
El proyecto de ley contra la economía criminal tiene implicaciones políticas que deben ser analizadas para evitar que el gobierno cargue con la responsabilidad si alguien abusa de las atribuciones contempladas en la ley.
Hace falta, entonces, aguzar el análisis del proyecto de ley. Rescatar su propósito de implantar mano dura contra el crimen organizado pero a la vez establecer límites al uso de la fuerza. Ésta también debe apuntar a la restauración de la institucionalidad. No se puede prescindir de los conceptos, sin caer, por cierto, en el “purismo conceptual”. También hay que tomar en cuenta los resultados reales que la aplicación de la ley pueda generar no solo en el campo militar sino en el de la política.
¿Cabe que el proyecto de ley aprobado en la Asamblea salga por el ministerio de la ley? Hace falta discutirlo más a fondo. Tomar en cuenta los reparos de los constitucionalistas y las posibles objeciones de la Corte Constitucional. Se trata de una apuesta dura “una bomba nuclear”, como se ha dicho, para combatir el crimen. Dejar que el presidente sea el que decida en qué dirección disparar o confiar en sus buenas intenciones supone quedarnos de espectadores.