La política no solo se mide por los discursos, sino por las relaciones que se construyen detrás de ellos. Ahí es donde aparece la palabra que más incomoda al poder: coherencia. Porque denunciar la corrupción es fácil cuando el enemigo está lejos; lo difícil es mantener la misma firmeza cuando los intereses políticos comienzan a acercarse peligrosamente a las mismas estructuras que se cuestionan.
El presidente Daniel Noboa ha denunciado públicamente el caso SUCRE, un mecanismo señalado durante años como una de las mayores tramas de corrupción financiera vinculadas al correísmo y al entramado regional de negocios oscuros. Y no se trata de un caso menor: el sistema SUCRE fue utilizado para operaciones fraudulentas que golpearon directamente al Estado ecuatoriano, mientras personajes como Alex Saab aparecieron como piezas clave de esa maquinaria.
Por eso, resulta inevitable preguntarse dónde queda la coherencia cuando, al mismo tiempo, se abren canales de negociación política con Abelardo De La Espriella, quien además de ser candidato presidencial en Colombia, ha sido abogado y parte del entramado de Alex Saab. El problema aquí no es solamente jurídico; es ético, simbólico y profundamente político.
Porque cuando un gobierno afirma combatir una red de corrupción, pero luego se aproxima a figuras directamente conectadas con quienes participaron o defendieron esa misma red, el mensaje que recibe la ciudadanía es contradictorio. Y las contradicciones en política erosionan la credibilidad más rápido que cualquier discurso opositor.
La política internacional exige pragmatismo, sí. Los gobiernos dialogan incluso con actores incómodos. Pero existe una diferencia enorme entre mantener relaciones diplomáticas necesarias y construir alianzas estratégicas con personajes cuya trayectoria está inevitablemente ligada a casos que se denuncian públicamente. Ahí es donde la línea entre el pragmatismo y la incoherencia empieza a desaparecer.
Además, el contexto regional vuelve este asunto todavía más delicado. América Latina ha vivido décadas marcadas por redes de corrupción transnacional donde empresarios, operadores políticos y estructuras estatales terminaron mezclándose en un sistema de favores, financiamiento y protección mutua. El caso Saab no es solamente un episodio aislado: simboliza precisamente esa forma de hacer política donde los intereses económicos terminan imponiéndose sobre los principios.
Y entonces surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿la lucha contra la corrupción es una convicción o solamente una herramienta política? Porque si la denuncia depende únicamente de quién está al frente y no de los hechos en sí mismos, la justicia pierde legitimidad y se convierte en narrativa.
La ciudadanía ya no observa únicamente lo que los líderes dicen. Observa con quiénes se reúnen, quiénes los asesoran, quiénes los rodean y qué intereses terminan tolerando. En una época donde la desconfianza hacia la política crece constantemente, la coherencia deja de ser una virtud secundaria para convertirse en la base mínima de credibilidad.
No se puede condenar un sistema mientras se estrechan vínculos con quienes ayudaron a sostenerlo. No se puede hablar de renovación política mientras se reciclan actores conectados con las mismas prácticas que se critican. Y no se puede exigir confianza ciudadana cuando las señales públicas apuntan en direcciones opuestas.
La verdadera diferencia entre un proyecto político y otro no está solo en el discurso anticorrupción, sino en la capacidad de sostener principios incluso cuando resulta incómodo hacerlo. Porque la coherencia no se demuestra en los enemigos fáciles, sino en las decisiones difíciles.
Y ahí es precisamente donde la política revela quién realmente combate la corrupción… Y quién simplemente la administra según la conveniencia del momento.