En el Ecuador, ni los jugadores de fútbol más cotizados tienen tantas camisetas ni cambian tan rápido de equipo como algunos políticos que llegan a la Asamblea Nacional por un partido, movimiento o alianza para autoproclamarse independientes en medio del ejercicio de sus funciones o incluso antes de recibir sus credenciales, bien sea para mercantilizar sus apoyos al amparo de una falsa autonomía que los conduzca a crear su propia bancada con miras a negociar, o bien para sobrevivir políticamente bajo el regazo del movimiento de gobierno que suele integrar estas voluntades fluctuantes en sus listas, tal y como ocurre hoy con la empresa electoral del presidente/candidato, Daniel Noboa y varios de los elegibles de ADN al Parlamento.
En este sentido, a nadie le resulta ajeno que el transfuguismo político, más conocido como “camisetazo”, sea el modus operandi de una clase política arribista —poco ilustrada en materia parlamentaria e improvisada— cuyos legisladores suelen abandonar los partidos políticos por los que fueron electos sin despojarse de sus curules, pese a que llegaron a esos puestos gracias al voto en listas cerradas y bloqueadas (es decir el voto en plancha), como dispone el artículo 120 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia. Lo cual, de por sí trae consecuencias letales, tanto para el relacionamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo (gobernabilidad), como para la propia existencia de los partidos que reciben en sus filas a cualquier persona, haciendo ejercicio de promiscuidad política y electoral con tal de obtener más escaños y curules; así también, estas migraciones de asambleístas que pasan de una bancada a otra, falsean la representación política al interior del Parlamento, crean un ambiente de conflictividad y atomización de fuerzas y ofrecen sostenibilidad al apagón ético que atraviesa la política.
Los resultados hablan por sí solos, según datos del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FDC), en los últimos cuatro períodos legislativos (2013-2017, 2017-2021, 2021-2023 y 2023-2025), la Asamblea Nacional alcanzó un total de 129 casos de transfuguismo político. Solo en el último período (2023-2025), se registraron 26 salidas de asambleístas provenientes de Pachakutik (1), Revolución Ciudadana (4), Construye (15), Partido Social Cristiano (2) y ADN (4). Mientras que, el movimiento de Noboa (ADN), es el mayor beneficiario de estos “camisetazos”, ya que recibió desertores de otras bancadas (14 en total).
Para poner un freno a esta práctica que atenta contra el sistema de representación, las principales víctimas de las diásporas legislativas del período 2023-2025 —los partidos Revolución Ciudadana (RC), Construye y el Partido Social Cristiano (PSC)— decidieron aprobar las Reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en las que se incluyó el numeral 9 del artículo 171 sobre las faltas administrativas muy graves, el cual establece que: “Apartarse sin justificación plausible, de las decisiones tomadas por la bancada legislativa a la pertenezca la o el asambleísta, en asuntos sometidos votación en cualquiera de los órganos de la Asamblea Nacional, salvo en casos de objeción de conciencia o cuando la o el legislador se separe voluntariamente de la bancada legislativa”. En caso de incumplimiento, la sanción acarrearía “suspensión, sin remuneración, de noventa días”.
No obstante, las élites políticas y los dueños de los partidos descartaron la necesidad de incluir en las Reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la pérdida de la curul como sanción a los “camisetazos”, seguramente bajo la premisa de que, en la próxima Asamblea Nacional, sus bancadas puedan beneficiarse de lo que hoy las perjudica. Desde esta perspectiva, la única manera de estimular la lealtad partidaria de los asambleístas es a través de una necesaria enmienda al artículo 119 de la Constitución de la República, a fin de que la probidad notoria sea el requisito eje para ser candidato a cualquier dignidad. Enmienda que, a su vez, abriría la puerta a una nueva reforma electoral para mejorar la calidad de la representación, estimular la militancia comprobada con un mínimo tiempo de afiliación para ser candidato o candidata, contar con un padrón de afiliados, y realizar verdaderos procesos de democracia interna y elecciones primarias. En definitiva, una reforma que permita sincerar la política.
Sin embargo, frente a los discursos de tarima propios de estas elecciones, con un presidente/candidato que pugna por permanecer en Carondelet y una empresa electoral que capta a legisladores y políticos promiscuos para sumar voluntades en la Asamblea Nacional, todo aquello que tenga que ver con mejorar la calidad de la representación y fortalecer a los partidos pasará a un plano secundario, porque —desde la lógica de Noboa— a los adversarios (enemigos políticos) hay que eliminarlos de la competencia (electoral).
Consecuentemente, las probabilidades de que el Presidente Daniel Noboa vete total o parcialmente estas reformas son altas. Y, con ello, los “camisetazos” legislativos se convertirían en una nueva “feria de la alegría” para hacer y deshacer pactos de todo tipo.