Después de la fallida venta, en el cantón La Libertad, de terrenos comunales —no municipales— a la hija de la cocinera de la madre de la ex vicepresidenta de la república, Cynthia Gellibert, hermana, a su vez, de uno de los concejales de la municipalidad implicada en dicho negocio, hemos sido testigos de acontecimientos que ponen en entredicho el papel del Estado como garante de la seguridad, la vida y el ejercicio de las libertades de sus ciudadanos.
Que un consejo cantonal apruebe la venta, a un precio irrisorio, de una propiedad ajena, que esa venta se haga a favor de alguien que no tiene los recursos para adquirirla, que las personas que censuraron públicamente este hecho estén ahora muertas, que una activista social que ha exigido transparencia y celeridad en la investigación del asesinato de la activista polaca Monika Silva, haya sido sentenciada de manera ultrarrápida a treinta días de cárcel por injuria calumniosa, siendo que la tal injuria no era más que la respuesta a una ofensa previa, son señales inequívocas de que las instituciones públicas en Ecuador son cualquier cosa, menos organismos para proteger a los ciudadanos. Es más, los ciudadanos tienen que protegerse de ellas, porque quien, como sujeto de derechos, intenta hacerlos valer es visto como una amenaza y a quien se percibe de esta manera todo el aparato institucional se le viene encima.
Si el Estado no protege a sus miembros del abuso y la violencia y los abusivos y violentos se saben impunes y si esa impunidad les viene de sus conexiones con el poder político y judicial, poderes que se han convertido en instrumentos para disuadir a los ciudadanos de protestar, exigir y denunciar; si todo esto ocurre, los ciudadanos caen en la indefensión y el momento en el que la indefensión se generaliza, el Estado, aunque conserve la fachada institucional de siempre, se ha convertido en otro tipo de organización.
¿Cuál? Una empresa de dominación. Es decir, una empresa que al sostenerse en la fuerza destruye la civilidad o, si se quiere, el civismo, y al destruirlo anula la política como búsqueda del bien común. Una sociedad sin política, obviamente, no puede llamarse Estado, pero sí muchedumbre, cárcel, jungla. Y quienes controlan y viven de las instituciones públicas ya no deben llamarse autoridades ni burócratas, sino bandoleros o mafiosos.
Si volvemos la vista a la venta fallida de terrenos comunales en La Libertad y a ciertos hechos derivados de ella, nos encontramos con los siguientes actores: políticos, burócratas, fiscales, jueces, activistas, testaferros, comunicadores, asesinos. La lista es inquietante, pero lo que más inquieta es que los políticos, burócratas, jueces, fiscales, testaferros y asesinos están del mismo lado, y que los activistas sociales, comunicadores y ciudadanos comunes están en la orilla opuesta: la de las víctimas.
No solo ahora, pero ahora quizá con mayor fuerza, la ley y la formalidad legal y procedimental se vienen usando para facilitar y legitimar el delito y para sostener una estructura delictiva particular, en la que el ápice de la pirámide la ocupan autoridades y funcionarios y en la que el delito adopta la forma de acto público.
La fusión del poder criminal con el poder público da como resultado la conformación de estructuras delictivas más fuertes que las bandas criminales y que la sola asociación para delinquir de autoridades y burócratas. Estas estructuras configuran un archipiélago, cuyas islas pueden tener los mismos límites de un cantón, una parroquia o una provincia. Y ser, por tanto, alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales o ministerios, si su jurisdicción se extiende a todo el país.
El crimen desde el Estado y con el apoyo del Estado hace de la persecución del delito un simple simulacro o una estrategia para debilitar otras estructuras criminales, pero además, y gracias a una singular inversión de papeles, vuelve a la crítica social un crimen que debe perseguirse con los instrumentos que se encuentran establecidos en el orden jurídico de un país para salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos.
La capacidad para dotar de una apariencia de legalidad a sus actos y decisiones es, quizá, el recurso más importante con el que cuentan los bloques público-criminales para controlar a quienes se les oponen. Y la manera menos costosa de controlarlos es hacerlo a la vista de todo el mundo. Hacer visible la potencia y revestirla de legalidad tiene un alto impacto disuasorio.
Stalin convirtió a la Unión Soviética en un archipiélago de campos de concentración; los políticos y funcionarios, junto a las bandas delictivas, han convertido a Ecuador en un archipiélago de enclaves criminales, en los que reinan la injusticia, la violencia y la impunidad y en los que, como consecuencia, las personas caen en la impotencia y la indefensión y, finalmente, en la desorientación vital y la desesperación.
Como si todos hubiéramos sido “escopolaminados”, así andamos. Y el “escopolaminado” hace lo que sus captores le ordenan y va, dócil, a donde ellos lo llevan. Los autoritarismos florecen en circunstancias como esta y, también, los narcoestados y los individuos violentos. Esos individuos de pésima ortografía que viven de apalear a personas incapaces de defenderse, y a los que, so pena de acabar en la morgue o el hospital, nadie se atreve a enfrentar o denunciar ante las autoridades, pues, tal como van las cosas, ¿para qué lo harían?, ¿para qué?