Fernando Savater, en su libro Política para Amador discurre sobre la frase el fin justifica los medios. En política se aplica esta máxima, lo que implica una difícil relación entre ética y política. En los años sesenta del siglo pasado para los jóvenes imbuidos de fervor revolucionario el buen fin político justificaba los medios, “por inmorales que pudieran parecer a los aprensivos”. La advertencia de Albert Camus de que los medios debían estar a la altura de los fines suponía poner en riesgo la causa revolucionaria. Este debate se ha reabierto a propósito de ciertas prácticas políticas del presidente Noboa y de la curiosa reconciliación de la izquierda con el correismo.
La virtual cancelación de sus ministros para postularles como precandidatos a las alcaldías y prefecturas en las elecciones seccionales anticipadas pudo haber disimulado su despido. Niels Olsen dejó la presidencia de la Asamblea y todavía tenía un año más en el cargo. Renunciar a esa posición para aceptar una candidatura a la alcaldía de Guayaquil ya lucía una falta de criterio. Estar al frente del primer poder del Estado, al que llegó por votación popular, y retirarse por una candidatura a un gobierno seccional era incongruente. Más todavía si se le sacaba de esa postulación y se le colocaba como candidato a la alcaldía de Samborondón.
Al no ser ADN un partido político sino un movimiento coyuntural, Noboa optó por ex integrantes del gabinete ministerial y de la Asamblea para las elecciones seccionales. De ellas dependerá que el Gobierno pueda contar con el apoyo de los gobiernos locales para el reforzamiento de su plan de seguridad. En esa perspectiva se ubica la acción de la Fiscalía para aprehender a autoridades seccionales por infracciones en el manejo de los recursos del Estado. La sospecha de que el gobierno ejerció influencia sobre esta acción, de ser cierta, mostraría una transgresión de la división de funciones y justificaría la calificación del gobierno como cripto dictadura.
En las elecciones de Colombia, Noboa se alineó con candidatos opuestos a Gustavo Petro. Cuando triunfó Abelardo de la Espriella en la primera vuelta, Noboa lo felicitó. Hoy que de la Espriella ganó, Noboa asistió a su posesión y las relaciones con Colombia pueden mejorar en temas sustanciales como la seguridad y la economía. Algo parecido se propone Noboa en las elecciones seccionales ecuatorianas.
La Alianza Ciudadana, acuerdo político entre Revolución Ciudadana, Unidad Popular y Partido Socialista, podría ser enfrentado desde el oficialismo con Jorge Yunda en Quito. De ahí que se especule que Yunda sea el candidato al que Noboa pensaría apoyar. De Yunda ganar las elecciones, el gobierno lograría arrebatar el poder municipal al correismo y armar un frente gubernamental que terminaría favoreciendo a Quito. Algo parecido podría ocurrir con Cynthia Viteri si gana la alcaldía en las elecciones para la alcaldía de Guayaquil. Noboa conformaría un bloque de gobierno central con esos dos municipios para llevar adelante acciones conjuntas en el marco de su plan de seguridad. Para Noboa, permitir que el correismo vuelva a captar esas alcaldías equivaldría a condescender con una agrupación política inmersa en arreglos con el crimen organizado, como se desprende de las investigaciones sobre el asesinato de Fernando Villavicencio.
Llama, por tanto, la atención que grupos de izquierda que fueron perseguidos por el gobierno de Correa se pongan al servicio de una fuerza con caudal electoral en nombre de una tercera vía —ni Correa ni Noboa— que se apoya en el antinoboismo y se acerca al correismo. Privilegiar la oposición al gobierno como soporte de esa tercera vía, antes que sostener una posición consecuente con el país, cerrando el paso al regreso del correismo al poder, es una irresponsabilidad histórica.
Exigir al gobierno respeto a las reglas y procedimientos legales y constitucionales es un deber democrático y ello implica apartarse de la cripto dictadura. Noboa no puede incurrir en las mismas prácticas del correismo. Tampoco cabe que se parapete en la no transparencia, en el silencio cómplice sin explicar decisiones y actos reñidos con la moral y la ley. El Gobierno debe dar muestras de estar contra la corrupción que en el caso Progen es evidente y separar a los funcionarios que socapan actos de esta naturaleza y que cuentan con la venia de la Asamblea. No puede atropellar la libertad de información y perseguir a periodistas que se atreven a descubrir y denunciar a los autores y cómplices de esos atentados contra el Estado y la moral pública. El gobierno no puede ampararse en el plan de seguridad para cometer abusos en el ejercicio del poder. Este plan no logra resultados tangibles, y aun si lo lograra no puede ser excusa para caer en el autoritarismo.
Que el fin justifica los medios, como se ve, tiene límites. No es lo mismo apoyar candidaturas menos hostiles al gobierno para afianzar un plan de seguridad que deje fuera a una mafia política con vínculos con el crimen organizado, que amnistiar al correismo por cálculos electorales, como si lo ocurrido en el gobierno correista habría que sepultarlo en el olvido.
Para que los medios estén a la altura del fin, como reclamaba Camus, se necesitan sociedades bien organizadas y Estados afincados en sólidas instituciones, en prácticas democráticas y en la memoria histórica del pasado reciente. Lamentablemente, ese no es el caso del Ecuador en estos momentos. Para acercarnos a esa meta es necesario reconstituir el tejido social y desterrar la corrupción que se ha alojado en el Estado y de la que no puede ser cómplice el gobierno.