Mayo del 2025 culminó como el más violento desde que el país tiene registro, con 915 asesinatos, el récord mensual más alto desde que hay estadísticas oficiales (2011), y el mayor desde octubre del 2023, cuando hubo 831 homicidios. Eso deja en claro que las estrategias gubernamentales están fallando en su concepción militar de barridos en las zonas “priorizadas de conflicto”. Falla de igual manera en mantener un modelo de policía comunitaria caduco, que solo genera el desgaste de recursos, pero que sobre todo ha llevado al agotamiento extremo a los servidores policiales.
La cifra de mayo, por sí sola, genera una profunda preocupación sobre cómo se desarrollan las actividades cotidianas en el Ecuador. Este aterrador número se traduce en un promedio de 30 homicidios diarios. Sólo el 11 de mayo –Día de la Madre–, fueron asesinadas 49 personas.
En Ecuador, los números ya no son solo cifras frías que se esconden entre informes y gráficos oficiales: son huellas de una violencia cada vez más cotidiana, más cercana. Entre enero y mayo de 2025, se han registrado 3 939 homicidios en el país, una estadística que en otro momento parecería un error, pero hoy es apenas una etapa en una escalada que no da tregua.
Ecuador despierta cada mañana con escenas que ya no sorprenden. Soldados con máscaras de calaveras, chalecos antibalas y fusiles de asalto recorren las calles convertidas en las nuevas zonas de guerra urbana. Su sola presencia, con esa estética de combate y muerte, parece diseñada no solo para enfrentar al crimen, sino también para enviar un mensaje brutal: el Estado ha militarizado la vida diaria.
Ver a policías armados hasta los dientes, irrumpiendo a mazazos en casas humildes, ya no es una imagen excepcional que conmociona en redes sociales: es rutina. Lo que antes era propio de series de ficción, hoy ocurre a plena luz del día en barrios populares, ante la mirada impasible —o resignada— de los vecinos. La excepción se ha convertido en norma, y el miedo no solo viene del hampa, sino también del rugido de los motores blindados, del estruendo de las puertas caídas, del rostro sin rostro de un Estado que actúa como si estuviera en guerra permanente. Porque lo está.
Ver a policías armados hasta los dientes, irrumpiendo a mazazos en casas humildes, ya no es una imagen excepcional que conmociona en redes sociales: es rutina.
El primer trimestre del año dejó ya una marca histórica. Con 2 458 asesinatos entre enero y marzo, se superó el total combinado de homicidios ocurridos entre 2018 y 2021. No se trata de una guerra convencional ni de una simple pugna territorial: el fenómeno que azota al país se despliega bajo nuevas lógicas criminales, con una violencia fragmentada pero sistemática. Las siglas como GDO (Grupos de Delincuencia Organizada) o GIA (Grupos Irregulares Armados) se han vuelto parte del léxico mediático, al punto de normalizar el horror detrás de cada sigla, cada balacera, cada cuerpo.
En ciudades como Quito, la violencia ha dejado de ser una amenaza lejana. En barrios como Solanda, los homicidios superan los 94 casos en apenas cinco meses, un 32 % más que en 2024. Esto no es solo una estadística al alza, es un síntoma: la expansión territorial del crimen ya no distingue entre zonas tradicionalmente conflictivas y sectores urbanos con otra historia social.
Más allá del número frío, lo que proyectan estos datos es una tendencia desoladora: 2025 podría convertirse en el año más violento de la historia reciente del país. Si las tasas se mantienen, se superará con creces el récord de 46 homicidios por cada 100.000 habitantes que se alcanzó en 2023.
La pregunta ya no es cuándo se perdió el control, sino si queda posibilidad real de recuperarlo. Y mientras tanto, los cuerpos siguen cayendo, los barrios se reconfiguran bajo el miedo, y las cifras, esas que parecen impersonales, siguen acumulándose sin pausa ni justicia.
Contexto histórico y crisis de seguridad
- Desde el 2020, Ecuador desencadenó una crisis de seguridad en cárceles, donde bandas como Los Choneros y Los Lobos tomaron el control, impulsando motines y asesinatos (503 internos en 2021)
- En enero de 2024, tras la fuga de Macías alias “Fito”, el presidente Noboa declaró estado de excepción y luego conflicto armado interno.
- En mayo de 2025 ocurrió la masacre en la cárcel de Santo Domingo: 44 reos asesinados y 220 fugados.
- El 9 de mayo de 2025, 11 militares fueron emboscados y asesinados por disidencias de las FARC en Alto Punino, Orellana En respuesta, el Gobierno desplegó a 1 700 militares, y con ello se logró las destrucción de más de una veintena de estaciones de minería llegada alineada con las economías criminales de las macroestructuras del narco crimen en el Ecuador del 2025.
Estas señales describen un país en guerra interna, con narcotráfico y violencia descontrolada penetrando en los entornos más vulnerables. Ecuador ha sido comparado con países como Haití en desplazamientos internos. A este escenarios que debe ser evaluado críticamente desde diferentes aristas, entre ellas la jurídica y social, hay que sumar, el lanzamiento del golazo del millonario, al fijar recompensas o dar de baja a los prófugos de alto valor como Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de Los Choneros. O el fugado Rolando Federico Gómez Quinde, más conocido como alias Fede. Según ha confirmado el propio presidente Daniel Noboa, Fede escapó el 20 de junio de 2025 de la Penitenciaría del Litoral vestido con un uniforme militar, cuya planificación incluyó apagar las cámaras y alterar de registros, lo que evidenció una complicidad interna.
Ante este hecho, el mandatario calificó la fuga como una traición y ordenó la detención inmediata de todo el personal encargado de la custodia, incluyendo guardias del SNAI y militares. En total se detuvo a 19 militares, dos civiles del SNAI y otros efectivos bajo sospecha, lo que deja en claro, una vez más, esa peligrosa infiltración delincuencial en las filas de las instituciones de seguridad.
La pregunta ya no es cuándo se perdió el control, sino si queda posibilidad de recuperarlo. Mientras tanto, los cuerpos siguen cayendo, los barrios se reconfiguran bajo el miedo, y las cifras siguen acumulándose sin pausa ni justicia.
Este operativo subraya la gravedad de la crisis en el sistema penitenciario ecuatoriano y el giro político del gobierno hacia una estrategia de seguridad aún más agresiva. Pero en medio ello, se han publicado varias leyes: la primera, la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, aprobada entre el 7 y 8 de junio de 2025 con 84 votos a favor (de 141 presentes). Esta norma busca atacar las economías criminales vinculadas al narcotráfico y a la violencia, y fortalecer el accionar del Estado. La segunda y no menos polémica fue la Ley Orgánica de Inteligencia, aprobada el 11 de junio del 2025, la cual determina la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia con siete subsistemas (militar, policial, financiero, aduanero, penitenciario, entre otros), todos bajo control directo del presidente, sin filtro judicial o parlamentario.
En este contexto de infiltraciones delincuenciales, que buscan corromper a militares y policías por las jugosas ofertas económicas de la delincuencia organizada, se mantienen en la sombra los procesos de depuración de sus filas, procesos hasta ahora fallidos o frustrados, empezando por los mandos medios y cúpulas militares y policiales. En este contexto se entrega, sin más limitaciones, a estos mismos organismos de seguridad la facultad para interceptar comunicaciones y recolectar metadatos sin orden judicial, incluyendo acceso a datos de telecomunicaciones.
La apertura a un cuestionado asesoramiento externo, con la posible llegada de Erik Prince (de Blackwater) para implementar tácticas de seguridad encubiertas y sin control legal ha motivado que los críticos de estas acciones se exacerbaran como la directora regional de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, que señalan que esta ley consolida vigilancia masiva y erosiona el Estado de derecho.
Un premio por matar
¿El resultado de la oferta del millón de dólares? Un show con helicópteros lanzando flyers, chorros de tinta de recompensa y un mensaje claro: el Estado paga por muertes, no por justicia. Ridículo en esencia, pero eficiente para distraer.
Con ello, se ocultan fallas estructurales: no se invirtió suficiente en seguridad penitenciaria ni en inteligencia policial.
Se estigmatizan a las Fuerzas Armadas y policiales, incentivándolas a actuar por ganancia, no por vocación o legalidad.
Y el riesgo de un premio por matar puede empujar hacia violaciones de derechos humanos: desaparecidos, ejecuciones encubiertas, falsos positivos.
En síntesis, el Ecuador atraviesa una crisis de legitimidad: el aparato judicial está permeado por el crimen organizado y la corrupción, según la Fiscalía y la Corte Constitucional . Declarar un conflicto armado interno no sólo es simbólico: traspasa las fronteras legales del derecho civil.
Esto contradice las advertencias de organismos internacionales y la jurisprudencia constitucional. La violencia costó al país USD 19 758 millones en 2023, equivalente al 10 % del PIB (USD 1 500 por persona) según el Instituto para la Economía y la Paz. Además, Ecuador figura con el peor deterioro de paz en 2024, en el ranking global (puesto 129/163)
“Señor Presidente es momento de revaluar a quienes conducen la política pública de seguridad, sus métodos y objetivos. Ello no significa doblar el brazo ante la delincuencia, sino saberlo hacer de manera técnica, especializada y estructurada”.
El millonario plan Fito amenaza con aumentar este costo: promueve ejecuciones, riesgos legales y desconfianza social por encima de soluciones profesionales y estructurales.
Es es el mensaje estatal en un país donde asesinan 30 personas al día, donde se desplazan decenas de miles, donde las cárceles son sedes de las jefaturas de las bandas criminales. Un Estado que, lejos de dar tranquilidad social y confianza en las instituciones del estado de derecho, ahora promueve colgar recompensas personales por vidas humanas, lo cual resume un hartazgo institucional y una rendición ante la violencia.
El mensaje debe ser muy claro: “Señor Presidente es momento de revaluar a quienes conducen la política pública de seguridad, sus métodos y objetivos. Ello no significa doblar el brazo ante la delincuencia, sino saberlo hacer de manera técnica, especializada y estructurada”.
Su decisión por defender la paz de los ecuatorianos es indudable, pero los métodos actuales contienen más errores que virtudes.